Se cierra otro capítulo de la guerra del juego
El gobierno de Alfredo Cornejo empieza a cerrar otro capítulo importante de la guerra del juego. En las últimas horas, desde el Instituto de Juegos y Casinos anunciaron que han llegado a un acuerdo amistoso con una empresa a la que la gestión anterior le había concesionado el servicio de control on line de la recaudación de las máquinas tragamonedas.
Juegos y Casinos suprimió el año pasado el contrato con Sielcon, firma del empresario Daniel Galimberti. La razón: "No tiene sentido pagar por una información que se recibe en forma gratuita", dijo en su momento su titular, Josefina Canale. Pero desde entonces comenzó un tironeo judicial que las autoridades eligieron solucionar por otra vía.
El resultado de las negociaciones satisface por estas horas al Gobierno, que se ahorró un contrato muy oneroso: 327 millones de pesos iba a ganar Sielcon a lo largo de 10 años. La cifra equivale a 1.35 del "win", que es la recaudación general de las tragamonedas, previo descuento de lo que se paga en premios.
Sin embargo, los privados a cargo del servicio, entre los cuales Juegos y Casinos siempre incluyó al mendocino Freddy Vila, aunque no apareciera en los papeles, no se irán con las manos vacías. Recibirán algo más de 24 millones de pesos, cifra que equivale, según la versión oficial, al valor de los equipos informáticos instalados por la empresa.
La presencia de Vila era uno de los puntos más objetables. Precisamente Vila tiene una concesión de tragamonedas (las máquinas del Casino Central) y ahora iba a manejar información de sus competidores.
Otra herencia
Cuando Cornejo llegó el Gobierno, Sielcon había instalado el sistema de control on line. Incluso ya había emitido facturas por el servicio.
Pero la nueva gestión nunca quiso mantener esta relación contractual. Había incluso, presión sindical en contra de Sielcon, dado que los empleados del propio Instituto de Juegos y Casinos, nucleados en ATE, decían que no hacía falta el control externo de la recaudación e hicieron presentaciones en ese sentido.
Canale no pagó las facturas de Sielcon y, tras abortar el contrato, se inició la guerra fría. Desde el año pasado hay negociaciones con la empresa para encontrar una salida, a pesar de que la titular de Juegos y Casinos aduce que los privados habían cometido serias irregularidades y no tenian chances de reclamar.
La solución terminó siendo la compra de los servidores que había instalado el privado. Ayer, Canale defendió esa decisión: "La empresa manejaba información sensible y podían hacernos un daño enorme. Parte de esa información la chuparon. Además, necesitábamos los servidores", afirmó ayer Canale.
"Vamos a hacer un sistema de control online distinto", prometió Canale, y sostuvo que el equipamiento adquirido permitirá poner en práctica otras innovaciones, como el reconocimiento facial de quienes ingresan a las casas de juegos.
Lo que se paga
Por el convenio firmado, el Instituto de Juegos pagará a Sielcon 24.628.079 de pesos. Entregará 18.680.000 pesos en un plazo de 90 días y 36 cuotas de 10.000 dólares, dado que ese es el valor del leasing (en su mayoría de servidores) a lo largo de 3 años.
Las autoridades, además, detallaron los beneficios del acuerdo. Por un lado, el proveedor desiste del cobro de facturas presentadas por un importe superior a los 5.000.000 de pesos y se ejecuta una garantía de 2.000.000 de pesos que deberá pagar la empresa Sielcon.
Además, "el Instituto se queda con toda la tecnología necesaria para desarrollar su propio sistema de control on line, que va a dar reporte a los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas y AFIP".
Los bienes, según el Gobierno, son productos de primer nivel que se adquieren a precios mucho más baratos que los de mercado, debido a Sielcon es un "comprador habitual". Además, el personal del Instituto recibirá capacitación para administrar el nuevo sistema de control on line.
Para que el convenio sea válido, de todos modos, el IPJyC pedirá que den sus conformidades Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno.