Caso Odebrecht: 1 de Junio, solo el primer paso

Para el gobierno, y también para Odebrecht, la fecha del primero de junio es flexible. Y lejos de ser terminal para las negociaciones que se iniciaron el martes 23 de mayo; esa fecha sólo agrega algo de presión para encontrar un acuerdo entre las partes (el macrismo y la empresa brasileña), o dar las conversaciones por terminadas y redirigir todo el capítulo argentino de las coimas brasileñas hacia la siempre cuestionada justicia argentina.

Según la convención, el próximo jueves comenzará operar la transferencia desde la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil, de la información sobre los hechos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht a través de una red de directivos, valijeros y funcionarios públicos de todo nivel durante los últimos 15 años. 

Los datos involucran a unos 10 países, incluidos, obviamente, Brasil como también Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, México, Portugal y Ecuador. Y, como no podría ser de otra manera, también la Argentina; y en un apartado especial, donde hay confesiones (y datos concretos) sobre el pago de coimas (propinas en portugués) por unos U$S 35 millones. 

¿Por qué el primero de junio? Porque la PGR negoció directamente con Odebrecht mantener el "sigilo interno" (frase judicial brasileña), hasta el 31 de mayo; fecha en la cual los datos protegidos pasarán a tener autorización para ser compartidos con otros países donde el grupo confesó haber pagado coimas.

Sin embargo, la eventual transferencia de esa información, probada, chequeada y confesada; estará lejos de llegar al público en general (incluyendo al argentino) de manera automática. El levantamiento del secreto sólo es un aval para la PGR y la liberación de su compromiso con Odebrecht, pero no un jubileo para que el público de todo el mundo ingrese en un banco de datos para soslayarse o deprimirse por lo que sucedió en sus países.

Lo que se habilitará es la posibilidad que la PGR comience a trabajar con las autoridades políticas y judiciales de los 10 países, para que comience una colaboración bilateral de intercambio de datos que le permitan a Brasil continuar con su propia investigación. 

En otras palabras, la apertura de los documentos dependerá de la marcha de las investigaciones en los países involucrados, y de lo que estos estados tengan también para ofrecerle a los brasileños. 

Dificilmente se trate de una apertura unilateral e inmediata; y, más bien, se espera que sea una cuestión de tiempo y de negociaciones entre los funcionarios de los dos países; en donde influirá también la confianza o desconfianza que se generen entre las partes. Dicho de otro modo, habrá que convencer a los brasileños que de este lado de la frontera también hay información para aportar y que los datos que lleguen de las confesiones de Odebrecht serán tratados en el país para confirmar y reconfirmar lo que se confesó en el país vecino y no para hacer política o tapar y proteger a los involucrados. O aún peor. Para contradecir o desmentir lo que ya se probó en Brasil con el objetivo de bloquear a los involucrados locales.

Se abrirá así desde el jueves una larga ronda de negociaciones entre los funcionarios locales y los brasileños; en donde el partido local lo llevarán a adelante dos funcionarios de los cuales solo se desprende una confirmación: no se llevan bien y es difícil que trabajen juntos; y, mucho menos, que puedan presentar ante Brasil una posición común. Se trata del ministro de Justicia Germán Garavano y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó. No está de más recordar, que una de las misiones del primero es echar de su trabajo a la segunda; y que esta tiene entre sus metas bombardear el gobierno del jefe de Garavano; Mauricio Macri.

Del otro lado del río espera la llegada de los requerimientos, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, el procurador General de la República, que a su vez tiene que consultar antes de entregar los datos a la Corte Suprema de su país, que es la que evaluará la conveniencia o no de compartir la información. Este trámite del estado vecino suena cansino y burocrático; pero los hechos demuestran que si el requerimiento del otro país involucrado es serio, la transferencia de la información puede ser rápida y demorara, como máximo, un mes. O aún menos.

Hasta ahora la Corte brasileña sólo avaló compartir la información con tres países: Perú, República Dominicana y Colombia. Los dos primeros firmaron acuerdos de intercambio de información con Brasil y les aportaron datos que ayudaron a la investigación primaria antes de la confesión de Odebrecht, con lo que ya tienen asegurada la llegada encriptada de la información para el próximo jueves. Colombia hizo su propia investigación, llegando a encontrar sus propios funcionarios corrompidos, lo que fue avalado por la justicia brasileña. En este caso, se trataría de un acuerdo entre investigaciones similares. También Colombia recibirá la información completa el jueves. En los tres casos hubo además un compromiso para preservar las garantías de los directivos de Odebrecht y manejar la información con absoluto secreto, profesionalismo y sólo con la premisa que serían utilizados con motivos judiciales.

Nada de todo esto ofrece hoy la Argentina. Para empezar, en el país no hay ninguna investigación seria iniciada sobre el pago de "propinas" de Odebrecht en el mercado local. Tampoco hay garantías sobre que la haya. Tal como se comentó el sábado en estas columnas en este medio, hasta ahora el único interesado en recibir los datos es el gobierno nacional, y con un Mauricio Macri ante la disyuntiva más difícil de su vida política y, quizá, personal. Uno de los socios locales de Odebrecht es IECSA, propiedad en el momento del otorgamiento del soterramiento del Sarmiento de su primo Angelo Calcaterra. Deberá convencer el Ejecutivo a la PGR que en serio se quiere investigar y hasta las últimas consecuencias. Caiga quién caiga, para utilizar un conveniente lugar común del periodismo criollo.

Tampoco ayuda la pelea política entre Garavano y la procuradora Gils Carbó, de la que, obviamente, toma nota la justicia brasileña. Habrá que convencer a los eficaces investigadores brasileños (de hecho fueron los que descubrieron la red de corrupción en el país y lograron la confesión de los pagos en la Argentina), que la causa marcha en serio en la Argentina; y no forma parte de un capítulo más de la pelea entre el kirchnerismo y el macrismo ante un año electoral. O aún peor, que hay una intención de adormecer todo en Buenos Aires ante la existencia de personajes involucrados que molestan a ambos bandos políticos argentinos.

Lo cierto es que habrá que bajarle los decibeles de ansiedad a lo que pueda pasar el primero de junio con el caso Odebrecht y el capítulo nacional. Más bien será una nueva ronda de negociaciones la que se abrirá, y que puede demorar más de un mes hasta que lleguen resultados concretos. Mientras tanto, será más que suficiente ese tiempo para que continúen las negociaciones entre el Ejecutivo y la compañía brasileña, para llegar a un acuerdo que eventualmente, luego, deberá ser avalado por Gils CarBó y por el juez que lleva la causa en el país, Sebastián Cassanello. Todas partes sobre las que es muy difícil que hoy por hoy produzcan algo parecido a encontrar un culpable de corrupción en el país durante el kirchnerismo y con socios empresarios cercanos, muy cercanos, al macrismo.