Según el Gobierno, la inseguridad está bajando
El dato quema: hablar en Mendoza de una mejora en la seguridad no es negocio para la política.
La diferencia, hoy, tal vez sea que hay un respaldo estadístico, no una promesa o una sensación. El Ministerio de Seguridad afirma que, desde agosto del año pasado, se viene registrando una baja en casi todos los delitos.
La reducción es "sostenida", según la opinión oficial, en el tipo de delito que más preocupa: el robo agravado. Los funcionarios dicen que todas las políticas actuales están orientadas a atacar este problema. Se trata del robo violento, con uso de armas, que en muchos casos genera muertes.
La fuente no es del mundo de la política, sino que la aporta la Justicia. Es este poder (más específicamente, el Ministerio Público Fiscal) el que recaba las denuncias que alimentan las estadísticas del Gobierno. Se trata de los datos de las primera y tercera circunscripciones judiciales, sectores donde se produce el 90 por ciento de los delitos.
Esos registros judiciales hacen festejar (con suavidad) a la gente de Seguridad, porque marcan que en febrero de este año hubo 300 denuncias de robos agravados menos que en el mismo mes de 2016.
La reducción es del 40 por ciento respecto de febrero del año pasado, según señalaron las fuentes consultadas. Es el primer dato de 2017, después de que se conocieran estadísticas oficiales de 2016 que también reflejaban una mejora respecto de 2015.
Pero en el Gobierno también tienen sus propios "indicios" de una mejora en la seguridad. Se trata de los llamados al 911 (teléfono de urgencias de la Policía), que también bajaron, en forma similar a lo que pasó con las denuncias judiciales. Aunque el dato, en este caso, es menos certero, debido a las denuncias falsas que se producen.
La baja que se viene registrando incluso es "contracíclica": el delito no creció en la estación veraniega, como normalmente pasa. Mes a mes, se denuncian menos hechos, desde hace seis meses por lo menos, dicen en el Gobierno.
Respecto de las razones, los funcionarios ponen de relieve la política de endurecimiento de la prisión preventiva. También hablan de un mejor trabajo de control policial, con un aporte tecnológico que todavía no alcanza su mayor dimensión, pero que ya está produciendo efectos.
Terror a las tapas
Es una realidad política diferente a la de cualquier área del Gobierno la de seguridad. Para sus actores, es un mérito "no aparecer en las tapas de los diarios", lo que, en cambio, es el anhelo de cualquiera de sus colegas en los otros ministerios.
No querer salir es porque casi nunca las noticias sobre la seguridad son buenas. Además, en el ministerio que conduce Gianni Venier dicen que no alcanza con las estadísticas. "La gente tiene que decir que ha bajado la inseguridad", afirman, para rechazar el reclamo periodístico de datos más completos.
De todos modos, hacia adentro de la cartera, los soldados de Cornejo no tienen dudas de que lo están logrando. Ese optimismo anula, por ejemplo, un hecho poco alentador, como la impunidad y la violencia crecientes en las cárceles.
Ese no es el eje. Tampoco, por ejemplo, los hurtos o robos menores. Toda la energía está puesta, en cambio, en los robos con armas. En encerrar a los potenciales autores de nuevos hechos y quitarles el fierro: "Todos los días la Policía secuestra armas a lo tonto", aseguran.
Nadie se preocupa, por ahora, en conseguir laureles, pero dicen que la mejora en la seguridad incluso ha generado atención en el Gobierno Nacional.
Inseguridad real
Los datos alentadores de las estadísticas oficiales carecen por ahora, además, de un dato clave. El Gobierno viene prometiendo desde el comienzo de la gestión de Cornejo una "encuesta de victimización". Dicho trabajo no está listo todavía.
La encuesta de victimización es un elemento que puede ser más importante que el registro de denuncias de la Justicia, porque revela cifras "negras" u ocultas. El objetivo es detectar incluso aquellos casos en los que la gente no acude a las autoridades ante casos de inseguridad.
Es mucho más profunda, ya que busca develar sus efectos: por ejemplo, cuánto gasta un mendocino en medidas para protegerse del delito.
En Mendoza, la última encuesta de victimización se hizo en 2011. Pero fue privada: ahora el relevamiento lo hizo el propio Gobierno.
El estudio fue encargado a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que es conducida por Facundo Biffi.
Según Biffi, un equipo de encuestadores visitó a 1510 mendocinos y los sometió a un cuestionario que, en su totalidad, tuvo unas 150 preguntas. Esta parte del trabajo quedó terminada en diciembre.
Los datos obtenidos todavía están "en análisis", afirman ahora en la DEIE. Los informes respectivos estarán listos en 20 días, agregan en el organismo, aunque será el Ministerio de Seguridad el que finalmente resolverá cómo usarlos y difundirlos.