Enredos en la detención de Rojas: "soplones" y allanamientos demorados

La detención de Nélida Rojas, la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, generó fuertes repercusiones sociales y políticas. Pero además se desprenden otras causas vinculadas que también tendrán consecuencias en arco político y judicial. Filtración de información, allanamientos demorados, chicanas judiciales y acusaciones cruzadas que generan un entramado que puede complicar la investigación llana de las denuncias. 

La investigación comenzó en 2015, incluso antes de que la líder de la Tupac, Milagro Sala, fuera detenida en Jujuy. Pero tomó más fuerza el año pasado, con la aparición de decena de denuncias de personas que estaban inscritas para recibir una casa, pero no se las dieron. 

El lunes pasado comenzaron a analizarse las medidas judiciales a tomar. Fue ese día cuando la fiscal Gabriela Chaves pidió a la justicia de garantías una orden de allanamiento al domicilio de Rojas y a los de sus hijos, entre otros lugares que hacían a la vida de la Tupac. Sin embargo la principal sospechada de la causa se enteró antes de que le llegara la orden de detención y de allanamiento y se adelantó a los hechos: fue hasta la oficina de las fiscal y se presentó "espontáneamente". Quedó detenida, pero sin que antes se hayan podido realizar los allanamientos que se habían pautado. 

La filtración de la información generó sospechas en todo el Poder Judicial y la propia fiscal libró una compulsa penal para que se investigue quiénes advirtieron sobre los pasos que tomaría la causa. Todos los ojos quedaron puestos en el Sexto Juzgado de Garantías, que es conducido por David Mangiafico, adherente al kirchnerismo y ex funcionario. Mangiafico está de licencia y lo subrrogó la abogada Érica Sánchez. La fiscal Celcilia Bignert, de Capital, investiga ahora la fuga de información y apuntan al juzgado, la fiscalía y a la policía como posibles albergues de los "soplones" que ayudaron a informar a la acusada.

En medio de la polémica, aseguran que la fiscal recibió reclamos "extrajudiciales" : aseguran que el titular de Justicia Legítima, Horacio Báez, estuvo en el despacho de Chaves y le pidió "explicaciones" por la detención de Rojas. Báez, quien fue juez de la provincia, es uno de los principales referentes de esa agrupación, ligada al kirchnerismo, y participó de la conferencia de prensa realizada ayer en la que repudiaron la detención de la líder de la Tupac en Mendoza.

Rojas está imputada y detenida en el marco de 24 causas en la que es investigada bajo diversas calificaciones. Las principales acusaciones son ser "integrante de una asociación ilícita en calidad de jefa", extorsión, estafa, usurpación en modalidad de despojo y coacción agravada. Su marido, Ramón Martínez, también está acusado de ser jefe de la "asociación ilícita", mientras que las hijas del matrimonio tienen causas abiertas por extorsión y estafas, además de ser integrantes de la citada asociación.

Allanamientos demorados

Pero la trenza judicial alrededor de la causa sigue. Los allanamientos fueron pedidos nuevamente a la jueza de garantías que estaba de turno, Alejandra Mauricio. Pero una disputa interna volvió a frenarlos. Hubo un duro cruce de correos electrónicos y mensajes entre la jueza Mauricio y la fiscal de la causa. Y los allanamientos no se hicieron, a pesar de que Sala, su marido y dos de sus hijas ya estaban detenidas. 

Quienes conocen la causa de cerca aseguran que las pruebas para enjuiciar a Nélida Rojas y a su familia abundan. Hay contratos improvisados, testimonios y registros de manejos de recursos que exceden lo habitual. El año pasado la fiscal había anticipado a MDZ que por la acumulación de causas y denuncias la detención de Rojas era una posibilidad cierta. Por eso en el Poder Judicial intentan hacer una diferenciación con o que ocurrió con la líder nacional de la Tupac Amaru, cuya detención fue cuestionada internacionalmente por no haber respetado garantías de defensa.

Los defensores de Nélida Rojas repudiaron la detención y para hacerlo apuntaron directamente a lo político y en particular a la relación entre el gobernador Alfredo Cornejo, a quien señalan como "beneficiario" de la detención de Rojas, y el procurador Alejandro Gullé. El jefe de los fiscales está en Estados Unidos y, aseguran, no siguió de cerca la detención de Rojas, pero sí se enteró de las repercusiones y de las irregularidades que hubo en la tramitación interna del expediente. 

En la Corte también hubo movimientos desde el viernes. Más por la trascendencia política del caso y lo que, creen, se viene. Incluso hay quienes creen que la causa podría migrar al a Justicia Federal; o hacen fuerza para que ello ocurra. Es que algunos de los delitos que se investigan tienen que ver con esa competencia y, de hecho, hay una investigación en curso en los tribunales de calle España. Ese fue uno de los motivos de pelea interna que frenó los allanamientos.