Qué recibirá Mendoza a cambio de renunciar a un juicio millonario

El punto más controvertido del pacto fiscal que firmó ayer el gobernador Alfredo Cornejo con la Nación es el de la renuncia a un juicio millonario por las retenciones de ANSES (15 por ciento) y AFIP (1,9 por ciento) sobre los fondos de coparticipación federal.

La Provincia aceptó el año pasado un acuerdo para la devolución del 15 por ciento de ANSES, al ritmo del 3 por ciento anual, gradualidad que terminará completando en 2020 la cifra que fue recortada en los 90.

Pero lo que quedó sin solucionar fue el retroactivo del recorte de coparticipación. Cornejo había iniciado un juicio por esos fondos. Sin embargo, por la lógica que obliga a todos a ceder un poco, ayer el gobernador se comprometió a levantar esa demanda.

No fue gratuito el gesto, de todos modos. El conjunto de los gobernadores forzó a la Nación a crear un fondo de compensación de juicios que acudirá, una vez más, al gradualismo. Cornejo precisó que el Gobierno Nacional destinará 5.000 millones a las provincias en 2018 y alrededor de 12 mil millones al año siguiente para compensar a las provincias que han hecho juicio y no han cobrado. 

La compensación se extenderá durante 11 años y, en un primer momento, se informó que para Mendoza sería de 250 millones de pesos el año que viene y de 500 millones durante los restantes 10 años. O sea, 5.250 millones de pesos en total.

Pero en horas de la noche, el Ministerio de Hacienda elevó ese cálculo. "Es bastante más, porque no participan Buenos Aires, San Luis y Santa Fe", corrigió su titular, Lisandro Nieri. Según el funcionario, Mendoza recibirá 300 millones de pesos el año que viene y 700 millones en 2019.

En defensa del arreglo, en el Gobierno provincial dijeron que "el juicio está iniciado, pero hay que ganarlo y lograr que nos paguen". En cambio, hay dos provincias con sentencia firme de la Justicia que aspiran a recibir más dinero de la Nación por esa vía. Se trata de San Luis y Santa Fe.

También se señaló en el Poder Ejecutivo que sólo se pueden reclamar "cinco años para atrás" desde 2016, año en que se inició la demanda de Mendoza. Y se indicó que, tal vez, el año adecuado para accionar judicialmente hubiera sido 2011. El año no fue elegido al azar: fue cuando el radicalismo intentó que se iniciara el juicio, pero el gobierno justicialista se opuso.

Las otras claves del acuerdo son las siguientes:

-Impuestos provinciales: Las provincias deberán iniciar un proceso de reducción de impuestos provinciales, en especial de Ingresos Brutos, tendiente a eliminarlos en 2022. "Veníamos haciéndolo por sectores, con bajas de 0.25 por ciento, y ahora será del 0.5 por ciento", explicó el ministro Nieri, sobre el esfuerzo que deberá hacer el Estado provincial el año que viene.

La mejora en la economía que provocaría esta reducción de la presión tributaria y la efectividad en la recaudación deberán cubrir el bache que dejará esta baja de impuestos en las arcas del Estado provincial. Es decir que, en este caso, no existirá una compensación de la Nación por la pérdida de recursos.

Ingresos Brutos representa el 25 por ciento de la recaudación total de 2018: unos 20.000 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno de Cornejo defiende la reducción impositiva, especialmente para evitar el llamado "efecto cascada". Esto ocurre cuando varios eslabones del proceso productivo deben pagar el tributo, que de esa manera, se multiplica.

En cumplimiento del pacto, Mendoza deberá adaptarse a un cuadro de alícuotas máximas que bajará Ingresos Brutos en actividades industriales, en la construcción y en el transporte. Sin embargo, Hacienda aclaró que algunas actividades, como la agroindustria, ya se encuentran por debajo del umbral.

-Otra compensación: La solución para el conflicto judicial con provincia de Buenos Aires por el atraso del Fondo del Conurbano no reducirá la copartipación que recibe el resto de las provincias. Esto se debe a que la Nación cubrirá el saldo negativo, que en el caso de Mendoza, en los cálculos, será de 1060 millones de pesos el año que viene. 

La Provincia recibirá más plata (300 millones de pesos) por el nuevo reparto del Impuesto a las Ganancias, pero es mucho más lo que perderá en concepto de Impuesto al Cheque, cuya recaudación será destinada totalmente a la ANSES. Esa es la diferencia que cubrirá el Gobierno Nacional.

-Jubilaciones: finalmente los gobernadores forzaron la promesa nacional de que el nuevo esquema para actualizar jubilaciones superará la inflación que se registre durante cada trimestre, aunque todavía no se ha establecido cuál será la fórmula que se usará. También se trabajará en eliminar jubilaciones de privilegio y "se pondrá en valor" con el 82 por ciento móvil a las jubilaciones mínimas, cuyos beneficiaros hayan cumplido los 30 años de aportes.

-Otros acuerdos: Las provincias, y en especial Mendoza, que ha sido su impulsora, apoyarán el nuevo régimen de Responsabilidad Fiscal, que impondrá medidas para contener el gasto público. Por su parte, la Nación se comprometió a coparticipar con las provincias los beneficios derivados de la aplicación de la ley de Revalúo Fiscal.