La Nación apoya cambios en la Justicia local
El Gobierno nacional ratificó su apoyo a la Justicia de Mendoza para intentar bajar los índices de criminalidad y agilizar los procesos, según lo dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, en MDZ Radio.
La Casa Rosada impulsa el programa de renovación Justicia 2020, el cual busca aplicar mejoras en todas las jurisdicciones del país. "En el caso de Mendoza se está cambiando el viejo sistema de certificados de buena conducta por el de la nación de Reincidencia que es información ágil, fidedigna y confiable", graficó a modo de ejemplo el funcionario en el programa "Moros en la costa" (lunes a viernes de 16 a 19 desde Pinamar).
Además aseguró que están trabajando de manera integral sobre el sistema judicial "para hacerlo más ágil".
"Con la (Suprema) Corte y el nuevo Procurador (Alejandro Gullé) estamos avanzando para mejorar la justicia penal, que es una fuerte demanda del pueblo mendocino. En estos días la ley de Flagrancia permitió que se avance en pocas horas de la comisión del hecho con personas detenidas, y esta nueva ley se lleva adelante en el marco del plan Justicia 2020", explicó.
También destacó la decisión de la Nación de ceder a la Provincia la construcción de la cárcel federal, lo cual permitirá agilizar la obra y descomprimir los penales provinciales, en los cuales están alojados presos federales de todo Cuyo.
Debate sobre la edad de imputabilidad
Garavano explicó además los alcances del debate iniciado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores, para llevarlo a los 14 años.
El funcionario recordó que en la actualidad está vigente una ley de la última dictadura militar sobre el tema, por lo que es una norma que requiere de una modificación. Al mismo tiempo admitió: "Tenemos un régimen que no permite resocializar ni trabajar realmente con los jóvenes para que la realidad sea otra".
Si bien el funcionario se ha expresado a favor de bajar la imputabilidad, rechazó que el plan sea "encarcelar" a los menores delincuentes. "Los institutos de menores deben ser solo una solución excepcional", opinó.
Al mismo tiempo reconoció que en la actualidad "ni los jueces, ni los ministerios de Desarrollo Social ni los Consejos de Minoridad tienen herramientas legales para tratar a niños que están en conflicto con la ley".
Por eso consideró que la prioridad es "dictar reglas claras". "Desde esta ley (del régimen penal juvenil) vamos a fijar pautas que requieren los organismos internacionales para que hagan las inversiones y nos ofrecemos a colaborar con las jurisdicciones para hacer la reconversión del sistema que no ha dado soluciones en nuestro país".