Ahora ¿quién investigará la corrupción?
La profunda reforma del Ministerio Público que anunció el gobierno de Alfredo Cornejo tras la asunción del procurador Alejandro Gullé dejó un cabo suelto.
La disolución de las fiscalías especiales que se concretará en las próximas semanas podría dejar desamparadas las causas de corrupción que se ventilan en la Justicia y que involucran a funcionarios de las últimas administraciones justicialistas a nivel municipal y provincial.
Este viernes, durante buena parte de la tarde, Gullé juntó a todos los fiscales de la provincia y ratificó que los cambios se comenzarán a aplicar a partir del 12 de septiembre próximo.
Sin embargo, las pautas fueron un tanto difusas por el momento acerca de cómo continuarán las investigaciones que, entre otros, mantiene preso al exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado e imputados al exjefe comunal de Guaymallén, Luis Lobos y al exgobernador Francisco Pérez.
En ese encuentro Gullé trazó una idea ante el casi medio centenar de fiscales que lo escuchó: las causas que ya están en curso, seguirán en manos de los fiscales que dejarán de ser "especiales" para pasar a ser "especializados", según el nuevo organigrama.
Las nuevas denuncias que surjan de ahora en más, quedarán bajo la órbita del fiscal que tendrá a su cargo una posible unidad de investigación penal económica que se creará. Aunque esto no quedó ratificado en la reunión del viernes.
Gullé sí ya definió un organigrama para los tres fiscales especiales que, entre otros delitos, se encargan en la actualidad de las causas de corrupción.
Desde el 12, Santiago Garay y Claudia Ríos quedarán provisoriamente a cargo de las unidades especiales de homicidios y Juan Manuel Bancalari se ocupará de los delitos vinculados al robo de automotores.
Hay un esquema diseñado en la mente de las nuevas autoridades que, sin embargo, todavía no pasa de la etapa de borrador.
La creación de una unidad de delitos económicos se dará, aunque sin fecha fija todavía. Allí podrían desembarcar tanto Bancalari como Garay (al que se le anexaría la unidad de ciber delito) y Susana Muscianici, exfiscal de Luján y ahora en Capital.
Pero para eso todavía falta. Hay opiniones a favor y en contra de este diseño.
Dentro de las fiscalías entienden que, para su creación, no hace falta más presupuesto. Pero hay quienes argumentan que, tal como está pensado, ese tipo de investigaciones colapsará: solo por estafas, los gitanos de Mendoza tienen alrededor de 500 denuncias por año. ¿Quién podrá desenmarañar la compleja trama de los casos de corrupción de los funcionarios públicos anteriores y actuales en ese contexto?
Las causas que se ventilan
Con distintos ritmos de avance, en su mayoría lento, y con una serie de chicanas judiciales de los abogadores defensores de los acusados, se ventilan en la Justicia por lo menos una docena de irregularidades de las últimas administraciones justicialistas.
La menos cargada de los tres futuros exfiscales especiales es Ríos. Ella ya imputó al exministro de Hacienda de Pérez, Marcelo Costa, por fraude a la administración púbica en una causa en la que se investiga una maniobra para reservarle un cargo en OSEP a un empleado que, después, ocupó un cargo en otra repartición oficial y con un jugoso plus salarial. Esa imputación ocurrió en abril de este año y desde allí no se avanzó mucho más.
Bancalari y Garay son quienes llevan adelante las pesquisas más complejas.
El primero acumula tres investigaciones sobre Luis Lobos que han tenido suerte dispar y de la que ya salió al menos una imputación para el exintendente.
Esta es la causa en la que está siendo investigado por fraude a la administración pública y administración fraudulenta por el alquiler de una planta de asfalto, Wanka SA, en la que pagó sobreprecios entre los años 2014 y 2015.
También se sustancian en esa fiscalía, contra Lobos, otras investigaciones por sustracción de combustible en donde todavía no está imputado. Aunque sí lo están varios de sus excolaboradores.
La causa más compleja que tiene en las manos Bancalari es contra Pérez. El exmandatario está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su participación en 2011 como ministro de Infraestructura de Celso Jaque, en la prórroga de las concesiones petroleras del área Chañares Herrados.
La imputación contra Paco se conoció en abril. Hasta agosto no se registraron demasiados movimientos en el expediente.
Bancalari investiga también a la ex titular de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo), Graciana Furlotti, por estafa y al ex ministro de Transporte de Pérez, Pablo Rousseau, por enriquecimiento ilítico.
Rousseau, junto al excandidato a vicegobernador del PJ, Diego Martínez Palau, fueron denunciados por el senador provincial de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, por la compra de una finca en El Cepillo (San Carlos).
Asimismo descansa allí desde hace casi un año una imputación, decidida por el antecesor de Bancalari, Daniel Carniello, sobre Juan Gantus.
El último ministro de Hacienda paquista está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública por haber decidido de puño y letra un pago millonario a un proveedor de la salud y sin seguir los procedimientos.
Garay es quien, con dispar velocidad, enfrenta más causas.
Quien a partir de la semana que viene se concentrará en la investigación de los homicidios, es el que mantiene detenido a Sergio Salgado desde marzo último por administración fraudulenta, peculado, emisión de cheques sin fondos y asociación ilícita cuando estuvo al frente de Santa Rosa.
Garay ya podría haberlo liberado a Salgado porque, entiende, tiene aseguradas las pruebas en su contra. Pero la decisión ahora está en manos de la Suprema Corte.
Por las chicanas judiciales, Garay heredó varias causas contra Lobos que sustanciaba Bancalari y en las que debió inhibirse.
La que más adelantada está es la de la "mucama ñoqui", en la que no solo está imputado él, sino que también su mujer, Claudia Sgró, su suegra, María Elea Fernández y hasta una sobrina.
Aquí, los Lobos, cobraban el sueldo de una empleada municipal sin que ella lo supiera según lo denunció a principios de 2016 Marcelino Iglesias, el actual intendente.
Pérez también está bajo la lupa de Garay. Es por supuesta falsedad en la presentación de su declaración jurada, aunque por ahora no le hayan detectado nada allí. Al menos, de lo que tiene declarado en blanco.
Esta semana hubo novedades con respecto a otra denuncia del gobierno actual. Garay imputó a la exdirectora de Cultura, Marizul Ibáñez, por contrataciones irregulares del personal.
La denuncia de Omar de Marchi sobre Carlos López Puelles también se amontona en este escritorio.
El exintendente de Luján está sospechado, entre otras irregularidades, de haber firmado más de 100 cheques por $90 millones que luego fueron rebotados y su causa podría tener un vuelco en el mediano plazo: la ex mujer de López Puelles se habría presentado en el juzgado de Garay para contar todo lo que sabe.