Denuncian "desviación de poder" en la Champagnat
Mientras la Dirección de Persona Jurídica sigue sin expedirse respecto al pedido de intervención de la Universidad Champagnat, esta semana ingresó una ampliación de la denuncia contra las actuales autoridades. La misma no solo suma argumentos a los antes esgrimidos por la denunciante Susana Monzó, sino que lleva la firma de Monzó, el ex funcionario de Fiscalía de Estado Pedro García Espetxe y el presidente del Partido Demócrata Carlos Balter. En concreto, afirman que existe una desviación de poder tendiente a favorecer a personas identificadas con un determinado sector político y piden que se declaren "lesivos" y posteriormente nulos los actos administrativos que permitieron que esto ocurriera.
La tormenta se desató en la casa de estudios luego de que Monzó advirtiera acerca de la incompatibilidad de que las autoridades de la Fundación tengan a su vez cargos jerárquicos con sueldos elevados en el Consejo directivo de la Universidad. Según la letrada, esa situación viola el espíritu de la Ley de Fundaciones 19.836, incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde los artículos 193 a 224.
Sin embargo, para García Espetxe y el resto de los denunciantes, la situación es aún más grave. En el escrito presentado a la DPJ no sólo hablan de incompatibilidad, sino de arbitrariedad, discrecionalidad y desviación de poder por parte de los ex funcionarios gubernamentales que intervinieron y reestructuraron la Fundación Santa María en el año 2011.
Entre los argumentos que esgrimen para sostener estas acusaciones, destacan que en el artículo primero de la Constitución mendocina -el cual consagra la forma republicana de gobierno- se establece que los principales pilares de la república es garantizar la idoneidad, la periodicidad en las funciones, y el rechazo a cualquier favoritismo o privilegio. Pese a ello, en 2011 el por entonces director de Persona Jurídica, Andrés Nicosia "le entregó a un grupo de personas una fundación para siempre".
En concreto, se refieren a Abel Albarracín,Nicolás Pizzuto, Facundo Alsogaray, Marcela Sabatini y Jorge Alberto Giaquinta, actuales miembros del Consejo Directivo de la fundación que dirige la Universidad. Todos ellos estuvieron directa o indirectamente vinculados con el gobierno de Celso Jaque o con el propio Nicosia. Por ejemplo, Alsogaray era socio personal de este último y Sabatini estaba casada con el ex secretario de Gobierno de jaque, Alejandro Cazabán.
Según advierten los denunciantes, "esta desviación de poder cierra el círculo, a través de los años con la incorporación del mismo Andrés Nicosia por parte de los consejeros que él eligió, como vicerrector financiero de la Universidad Champagnat", No conforme con ello, suman también los casos de la Contadora Norma Valinoti (ex funcionaria de la D.P.J en la época de la intervención) Raúl Mercau (ex ministro de Jaque y actual rector de la universidad) y María Eugenia de la Rosa como Vicerrectora, (esposa de Sergio Bosagues, Jefe de Abogados de la Dirección General de Escuelas). "Todos de afiliación o participación activa en el gobierno oficialista de ese momento, que están: o en el Consejo de Administración de la Fundación como vitalicios, o en cargos de relevancia en la Universidad Champagnat, nombrándose hasta los mismos consejeros, en cargos rentados", aseveran.
Por todo ello, piden que se solicite al Poder Ejecutivo la intervención administrativa de la Fundación Santa María, como se solicitó en la denuncia de la cual esta presentación es ampliación.
Al mismo tiempo, reclaman declarar lesivos los actos señalados y que se inicien acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia" a los efectos de declarar la nulidad de los actos administrativos tratados en esta ampliación de denuncia, teniendo presente el vencimiento del plazo de prescripción para la interposición de la misma".