El nuevo Procurador será la persona más ocupada de Mendoza
Soledad Olivera desapareció el 18 de noviembre de 2011 en Lavalle. A pesar de las denuncias, no hubo avances para saber qué pasó hasta que, en el mismo lugar, ocurrió lo mismo Johana Chacón. Es más. No hubo casi investigación de ambos hechos hasta que comenzaron las movilizaciones sociales para reclamar. El resultado fue impunidad: el proceso en el que se juzgó al único sospechado quedó libre por falta de pruebas. Los jueces destacaron los problemas que hubo en el proceso de investigación que llevaron a la impunidad.
Esos dos casos, que conmocionaron a la provincia, sirven para graficar por qué es importante que las fiscalías funcionen. Lo mismo ocurre, en otra escala, los robos y hurtos que quedan impunes. El tema vuelve a relieve por la renuncia del procurador de la Corte Rodolfo González y la elección que ahora deberá hacer el gobernador Alfredo Cornejo. El Procurador es quien debe marcar las directrices a los fiscales que deben investigar y que son los primeros en actuar para evitar la impunidad.
Hoy el foco político está puesto en quién será el elegido para suceder a González y hay una lista de postulantes y "autopostulados" para el cargo. Pero fuera de las especulaciones hay otros datos importantes. El Procurador será una de las personas más ocupadas de la provincia: Mendoza es la segunda provincia con mayor cantidad de causas penales por año, solo detrás de Buenos Aires. En el 2015 se iniciaron 175.343 causas por delitos según el Sistema Nacional de Estadísticas Penales.
El detalle de esos datos indica que Mendoza tiene la tercera tasa más alta de homicidios dolosos: 7,5 muertes cada 100 mil habitantes; solo detrás de Santa Fe y Formosa y por encima de la media nacional. En los delitos menos graves, Mendoza también lidera: se denuncian 3.407 robos cada 100 mil habitantes; la tasa más alta del país. El año pasado hubo 64.239 robos denunciados. Justamente esos hechos son los menos esclarecidos y una de las claves de la sensación de impunidad.
El "equipo" que tiene Tribunales para hacerle frente a esos hechos no es muy grande. En total 66 magistrados son quienes deben hacerse cargo de resolver esas causas, desde la investigación hasta la sentencia. A ellos se les suman funcionarios y empleados de Tribunales.
El otro lado de la moneda lo comprenden los defensores, que también dependen de la procuraduría y que cada vez están más desvestidas.
Los especialistas aseguran que más allá del perfil que se elija para elegir al nuevo Procurador, es necesario reforzar el sistema con la policía judicial y otras herramientas para abordar las investigaciones. En el Gobierno analizan encarar ese camino: que el cambio de Procurador sirva para ejecutar reformas en la forma de abordaje y en la estructura de las fiscalías: quieren fiscales especializados por tipos de delitos.