La pelea que viene: los poderes que "exceden" al Gobierno

 En el tablero de mando que tiene en su cabeza; Alfredo Cornejo parece tener todo controlado. Sin embargo tiene el mismo desafío que han vivido el resto de los gobernadores de Mendoza: cómo controlar a los "poderes que lo exceden". Se trata de los sectores económicos y políticos que construyeron su plataforma antes de su llegada al Gobierno y que se mantendrán cuando deje el cargo, tras cuatro años.

Contratos petroleros, servicios públicos concesionados, salas de juego,  obras públicas, emprendimientos inmobiliarios y la lista sigue. Cornejo tendrá entre sus manos algunas decisiones clave en esas áreas estratégicas y los abogados estatales ya tienen trabajo de sobra: se suman causas judiciales por reclamos cruzados entre el Estado y esas empresas y, en muchos casos, hay nombres que se repiten.

Cuatro años no es nada

El Gobernador dura cuatro años en su cargo; los negocios que rodean al Estado, en cambio, son de largo alcance y trascienden a cualquier gobierno. Lo saben quien ocupa el Sillón de San Martín y sobre todo quienes están atentos a esos negocios. Para tener una idea alcanza con mencionar un par de ejemplos: la concesión de los servicios públicos son por varias décadas, las áreas petroleras licitadas tienen contratos extendidos también por décadas y muchas de las obras públicas que Cornejo deberá pagar, fueron licitadas una o dos gestiones anteriores.

En el esquema hay un grupo empresario que tiene omnipresencia. El grupo Vila Manzano se repite debido a que tiene a su cargo una múltiple cartera de negocios, muchos de los cuales están en conflicto. En las últimas semanas el Fiscal de Estado y el Gobierno, por ejemplo, accionaron para reclamar las diferencias mal pagadas a Dalvian por la expropiación de los terrenos de Divisadero Largo. La presentación se hizo con cierto bajo perfil y con la intención de evitar que se venzan los plazos para esa demanda. Se trata de un caso que lleva décadas. El Gobierno le pagó precios exorbitantes a ese grupo empresario por los terrenos que tenía en el pedemonte y que fueron expropiados para crear la reserva natural. El contraste con los otros propietarios fue tal que todo derivó en un escándalo: la Suprema Corte denunció el caso y hasta fue destituido el fiscal de Estado Joaquín de Rosas.

Las tensiones con ese grupo empresario se extienden a otros rubros. El energético es uno de los más ásperos y el Gobierno se topó con una paradoja: hay abogados oficiales que deberían  oponerse a la demanda que presentaron sus actuales jefes. El año pasado, como oposición, presentaron una demanda para declarar inconstitucional el aumento de la tarifa eléctrica otorgado por Francisco Pérez a favor de Edemsa, que venía con un reconocimiento de un retraso en la actualización que implicaría pagos a la firma concesionaria por cerca de 1000 millones de pesos. La demanda está en la Corte y los acusadores ahora están en el Gobierno. La empresa del grupo Vila Manzano no se resigna, mientras que el Ejecutivo mantiene el reclamo, sin anular el decreto firmado por Pérez.

En el Ministerio de Energía se acumulan los expedientes petroleros y analizan los incumplimientos de las empresas ligadas a ese mismo grupo empresario. En 2008 Celso Jaque cambió las condiciones de la licitación para darle 7 de las áreas petroleras que se licitaron en ese momento. El concurso fue elaborado por Alejandro Rodríguez, un ex compañero de gabinete de Alfredo Cornejo y actual lobista de Cristóbal López. Pero las adjudicó Jaque. De las 7 áreas entregadas, ninguna fue explorada y menos explotada por las empresas concesionarias originales (Ketsal y Kilwer) y, en cambio, fueron negociadas cuando YPF aún era privada. Solo el área Chachahuen rindió gracias al aporte de la petrolera estatal. En el Ejecutivo analizan si corresponden sanciones, quitas u otro tipo de medidas.

Pero son varias las petroleras en conflicto. Medanito, Oil y otras más están en la cuerda floja con sus contratos en Mendoza por la falta de cumplimiento de los compromisos de inversión.

Señales

Uno de los datos de la semana fue la suspensión del casino Cóndor, del hotel Intercontinental. El Gobierno ha dado señales de querer  avanzar en el cierre definitivo, acusando a la empresa KLP de tener deudas por 100 millones de pesos con el Estado. 

El cierre del Casino tendrá como consecuencia inmediata que deje de funcionar el Hotel. La empresa desconoce que la deuda sea por ese monto y solo admite que debe 30 millones de pesos, deuda que está incluida en el concurso de acreedores. Cornejo y sus funcionarios aseguran que quieren dar una fuerte señal, aunque eso implique que el edificio del hotel se transforme en un lugar abandonado en pocas semanas.  A ese cierre podría sucederle otras intimaciones, pues son varias las salas de juego que tienen deuda. 

En lista de espera

Las empresas de la construcción también especulan y están sentados sobre una "caja de ahorro virtual". Los bonos con los que les pagaron tuvieron, según aseguran, un muy buen resultado. Pero el problema está en las obras no terminadas y en la redeterminación de precios que se negociará con cada empresa por las obras frenadas. Incluso se acumulan en tribunales las demandas por la falta de respuesta a los reclamos administrativos y, por ejemplo, hay empresas que cobrarán  multas (establecida por la justicia) por la demora en responder a sus reclamos. 

El transporte público de pasajeros por ahora el tema está en un plano secundario en la agenda del Ejecutivo, pero volverá a la superficie en pocos meses, sobre todo si no logran mantener la calidad del servicio. Es que las concesiones se vencieron y solo se hizo lugar a una prórroga. En la segunda mitad del año que recién comienza volverán las presiones por las tarifas en doble sentido: las empresas reclamarán por una actualización de lo que cobran por kilómetro recorrido y eso presionará sobre lo que pagan los usuarios. Hablando de "poderes que trascienden" un gobierno, en el caso del transporte son las mismas empresas desde hace décadas.