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El proyecto de Cornejo que podría detonar una enmienda de la Constitución

El Gobierno quiere evitar que las órdenes de registro sean autorizadas por un juez y darle esa potestad a los fiscales. Pero para ello podrían necesitar modificar un artículo de la Constitución. La estrategia par evitar el trámite de autorización.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

En el paquete de reformas del sistema de seguridad y justicia el Gobierno busca dar un paso más allá, aprovechando su momento de mayor poder: Cornejo quiere que los fiscales tengan la potestad de autorizar y ejecutar allanamientos en domicilios sin autorización previa de un juez. Para ello desde hace tiempo el equipo legal del Gobierno, que incluye a varios jueces en ejercicio, analiza la viabilidad del proyecto que podría implicar un movimiento fuerte: pedir una enmienda del artículo 14 de la Constitución Provincial, es decir detonar el proceso de reforma.

Sin embargo Cornejo quiere buscar a toda costa ejecutar el cambio sin necesidad de reformar la Constitución, pues si encara ese camino el proceso no duraría menos de dos años y será su "heredero" quien pueda ejecutar la herramienta.

El artículo 14 de la Constitución de Mendoza habla de la inviolabilidad del domicilio y, de manera general, especifica que nadie puede allanar un domicilio salvo que medie la autorización de un juez. "El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de salubridad pública. La ley determinará los casos y forma de practicarse el allanamiento. La orden deberá ser motivada y determinada, haciéndose responsable en caso contrario, tanto al que la expida, como al que la ejecute", dice la Carta Magna.

Para buscar la reforma a través de una ley simple, en el Gobierno interpretan el artículo según el contexto en el que fue sancionado: hace 100 años exactos. "La Constitución habla de 'jueces' porque es una figura general. Allí pueden entrar todos los magistrados: jueces, camaristas, fiscales…", explican los defensores del proyecto. Pero, saben ellos mismos, si no "blindan" legalmente la decisión, podría ser fácilmente cuestionable cada uno de los allanamientos que ejecuten los fiscales. "Estamos consultando legalmente porque la intención es hacerlo sin necesidad de reformar la Constitución. Si no, se buscaría una enmienda", aseguran. Allí el tema pasaría a otro plano, pues incluso hay quienes piensan que si se encara una enmienda, sería mejor aprovechar para una reforma más profunda de la Constitución.

La propuesta sería una de las bases del nuevo rol del Procurador y de los fiscales que el Gobierno buscará implementar en paralelo con la designación del reemplazante de Rodolfo González.

Tampoco se trata de una iniciativa nueva. Cornejo ya buscó cambios en eses sentido cuando fue ministro durante la gestión de Julio Cobos. De hecho en 2007 se aprobó la ley 7781 que buscaba acelerar los procesos para autorizar los allanamientos.

La otra novedad de la reforma judicial que busca profundizar el Gobierno tiene que ver con los la idea de que los juzgados funcionen de manera corporativa. Esto es: que algunas causas dejen de ser exclusividad del juez que entiende y que, en cambio, sean subrrogados automáticamente para que cualquier colega de turno decida medidas. El modelo funcionaría para los juzgados de garantías, cuyas causas tendrían la intervención de varios jueces como "bloque".