Norberto Oyarbide: perfil del polémico juez

Norberto Oyarbide nació en Concepción del Uruguay el 1 de enero de 1941. Se hizo de abajo y fue escalando hasta componer el personaje grotesco que hizo de la ostentación un estilo de vida en los últimos 20 años.

Su padre era peluquero y su madre una empleada de una compañía telefónica. En varias entrevistas, Oyarbide contó su origen humilde que incluyó un trabajo barriendo pisos en una empresa de alarmas y hospedaje en pensiones de mala muerte mientras realizaba su carrera de abogado.

Este origen plagado de privaciones fue lo que lo llevaría a sobrecompensar más tarde en la vida, ostentando los placeres que se pudo permitir a partir de convertirse en juez federal. Su anillo de 250.000 dólares, su bronceado permanente -obtenido en camas solares o playas del Caribe- y sus carísimos trajes europeos eran marcas distintivas de la imagen que elegía dar al mundo.

Fue nombrado como juez federal por Carlos Menem, el 20 de abril de 1994 y se mantuvo en el cargo hasta hoy cuando decidió presentar su renuncia. Acorralado por el Concejo de la Magistratura prefirió retirarse por su cuenta antes de someterse a un juicio político que podía desembocar en su destitución.

Además de hacerlo para proteger su ego y no otorgarle esa victoria a sus enemigos, lo hizo por razones económicas, para conservar su polémico estilo de vida. En caso de ser destituido no podría percibir la jubilación de privilegio que sí va a obtener al presentar su renuncia. Seguirá cobrando un 95 % de su sueldo por lo cual no se lo verá empeñando su anillo para llegar a fin de mes en los próximos años.

Fuentes judiciales cuentan que su renuncia fue acordada con el Poder Ejecutivo. El próximo 15 de abril, el presidente Mauricio Macri se la aceptaría. Oyarbide quedaría sin fueros y se podría dar vía libre al avance de varias causas que lo involucran.

Siempre en el ojo de la tormenta

A lo largo de su carrera tuvo 43 pedidos de juicio político. Entre los escándalos más recordados está el que lo involucraba con el prostíbulo gay Spartacus, donde fue acusado de proteger una red de trata a cambio de 15.000 dólares mensuales y servicios sexuales.  En ese momento, Oyarbide fue acusado de irregularidades y fue suspendido por el Senado pero luego ratificado en su cargo con el voto favorable de los miembros peronistas de la Cámara Alta.

El modus operandi de Oyarbide consistía en hacer avanzar causas de corrupción para luego archivarlas a cambio de favores políticos. También fue muchas veces cuestionado por sus presuntas alianzas con proxenetas, policías, políticos y espías para amasar dinero, contactos y poder.

Se le pidió juicio político cuando decretó en tiempo récord que era legal el incremento del 158 % que había mostrado la declaración jurada de bienes de la presidenta Fernández y su esposo Néstor Kirchner.

Se le inició juicio político por negarse a colaborar con la investigación del juez Claudio Bonadío sobre la Obra Social de los Camioneros. Fue denunciado por subirse alcoholizado al escenario con el cantante cordobés Mona Jiménez, por su rol en la causa en la mafia de los medicamentos, por su papel en el escándalo Schoklender por los fondos de las Madres de Plaza de Mayo, por el sobreseimiento de Amado Boudou en la denuncia por refacciones en el Senado, por cajonear dos causas por irregularidades de fondos cuando Amado Boudou era titular de la Ansés y por el canje de bonos de la deuda en 2010 cuando se realizaron supuestas maniobras fraudulentas con el canje de títulos.

Además se le pidió juicio político por su actuación en una causa por presunto lavado de dinero en pases de jugadores de fútbol de la que fue apartado por la Cámara Federal por su tramitación irregular.

En 2008, el magistrado sobreseyó a un hombre acusado de explotar a bolivianos en un taller textil clandestino, motivo por el cual la oposición buscó iniciarle un juicio político, que nunca llegó a concretarse. Es que Oyarbide argumentó la explotación al afirmar que se trataba de "costumbres ancestrales".

En 2014 el juez fue imputado por la suspensión de un allanamiento a pedido de un funcionario del gobierno y por un supuesto pedido de coimas. Esta era la causa que el Concejo de la Magistratura estaba impulsando y que lo empujó a la renuncia.