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Los #MendozaPapers y las instituciones mañosas

En el mundo y en Mendoza la prensa saca a la luz lo que no están haciendo los organismos de control que deberían hacerlo. Este debate global no debería terminar tan solo en un rol de voyeur de escándalos, sino en un cambio político y social que nos permita la convivencia sin sospechar de quienes nos gobiernan. Los casos de Mendoza.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

 Un grupo de 370 periodistas del mundo ha analizado y está difundiendo, paso a paso, la información que revelan más de 11 millones de documentos filtrados desde una consultora panameña dedicada desde hace décadas a ayudar a colocar dinero en fondos externos a personas de todo el mundo. Al hacerlo, deja en superficie que mucha gente, entre ellos líderes políticos, empresarios y referentes sociales oriundos del deporte y las artes, necesitan tener cuentas lejos de los países en donde viven o en donde trabajan, al resguardo, muy posiblemente, de los controles fiscales.

Si alguien no hubiera filtrado esa información y otros no estuviesen trabajando en su clasificación, jamás nos hubiésemos enterado de estos hechos. Lo importante es que se trata de “papeles” de una sola empresa, entre millones del mundo, y afecta a más de 220 mil personas que movieron fondos por el mundo.

Una primera impresión del hecho deja en claro que, en mundo, más o menos de acuerdo al país del que se trate, los controles que realizan los Estados sobre los fondos a veces se vuelve demasiado mecánico y formal. Tanto, que resulta fácil para compañías e inclusive personas identificar –a vuelo de pájaro- las grietas que les permiten evadir su mirada y avanzar hacia una ilegalidad que convive casi como una realidad paralela, gigantesca, en todo el planeta.

Mendoza, la de las instituciones mañosas y el gatopardismo

A escala local, en nuestro pequeño lugar en el mundo, que es Mendoza, ¿alguien cree que no ocurre algo similar? 

Si es que hay centros comerciales que no figuran en padrones de patentes municipales, hospitales privados enteros registrados como “farmacia” o formas de recaudación paralela a las oficiales y auditables que han permitido generar cadenas de favores oscuros, lo que es necesario aquí, como en cualquier otro lugar del mundo, es un periodismo despierto, atento, capaz de indagar hasta el final, como sucedió con los “Panamá Papers” y el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Icij) coordinado –dicho sea de paso- por una mendocina como Marina Walker. A eso, obviamente, hay que agregarle la necesidad de que existan empresas de comunicación capaces de publicar lo que esos periodistas hallen, sin condicionamientos.

Frente a eso, en la redacción de MDZ –en donde nos falta mucho por hacer, pero no dejamos de valorar lo hecho- nos preguntamos si hoy estarían rindiendo examen ante la Justicia los funcionarios provinciales que lo están haciendo, si no se difundía información crucial en su momento que animó a los magistrados a moverse. Si no se insistiera a diario con la necesidad de investigar, las instituciones de control, los poderes enfrentados a tal fin, ¿se moverían por sí solos con la pulsión permanente de la búsqueda de la verdad y la exigencia de legalidad? No resulta fácil responder que “sí”, aunque sería petulante de nuestra parte adjudicarnos un rol tan trascendental.

- Recientemente advertimos, por ejemplo, que un ex multifuncionario como Mario Granado pasaba de estar al frente del manejo de los fondos en una comuna de realidad reciente compleja como Luján de Cuyo, –sin que sonara ninguna alarma institucional previa- a controlar su propia gestión en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Antes, había sucedido lo mismo ya no solo sin luces amarillas desde el Estado, sino hasta con su complicidad: quien llegaba de participar como vocal en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Héctor Caputto, se hacía cargo de un rol superior y con mucho poder en el mismo Tribunal de Cuentas, con el aval de legisladores y la vista distraída de los sistemas que deberían haber alertado, al menos, sobre la posibilidad de su potencial injerencia perniciosa en el control de su propia gestión.

- Así, la política fue llenando casilleros a mansalva y fue la prensa la que tuvo que salir, al menos, a hacer ruido para alertar a la población sobre lo que se estaba haciendo y el riesgo de avanzar hacia la instalación a perpetuidad de prácticas “gatopardistas” en instituciones clave: cambiar algo para que nada cambie. Demostramos desde MDZ que la postulante del gobierno de Francisco Pérez para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Gallardo, no tenía antecedentes suficientes para el cargo. Fuimos al estudio jurídico declarado y no la conocían. Le pedimos nada menos que un currículum –algo tan básico que es condición hasta para ingresar a vender hamburguesas a un Mac Donalds- que no tenía ni había registros de alguno en Internet: no tenía antecedentes laborales como abogada quien quería ser autoridad en el Poder Judicial, decidiendo sobre nuestra libertad y nuestros bienes. No cayó su postulación por el señalamiento que nadie pudo desmentir de parte de la prensa, sino porque una legisladora –amiga suya, para más datos- se equivocó a la hora de votar. 


- Allí señalamos otras dos cosas: que se seguía votando con bolillas negras y blancas en un secretismo perverso y que hay legisladores que llegan a ejercer tan relevante cargo sin estar preparados siquiera para votar.

- En esa circunstancia, el mismo día, la legislatura “dejó pasar” a otros propuestos por el gobierno de entonces en su etapa final para puestos de control, todos oriundos de cargos partidarios con fuertes entrecruzamientos familiares en los tres poderes del Estado. Subrayamos, entonces, que Ricardo Pettignano, elegido legalmente para ocupar un puesto en el Tribunal de Cuentas, no tenía la experiencia suficiente ni acreditaba dimensión en su expertise para el cargo, pero representaba la cuota política que Pérez le otorgó en la interna peronista al sector de los hermanos Félix, de San Rafael.

- Ni hablar del caso de Santa Rosa, en donde todo sucedió, casi, sobre un escenario iluminado y pocos se daban cuenta de lo que estaba pasando tras bambalinas. Fue cuando los periodistas señalamos que el intendente Sergio Salgado era poco menos que un “patrón de estancia” en una Macondo tornada real. La justicia actuó sobre él, pero MDZ dio a conocer que el encargado de revisar las cuentas de los municipios desde el Tribunal de Cuentas, Eduardo Sebastián, es el cuñado del ex gobernador Francisco Pérez, casado con su hermana. 

- Pérez fue el gran soporte político de Salgado. Salgado hoy está en prisión. El ministro de Hacienda del actual gobierno, Martín Kerchner, le dijo a MDZ Radio el sábado que no creía que Salgado hubiese querido buscar hacerse rico, sino que directamente manejó mal los fondos de su comuna y no saltaron a tiempo las luces amarillas del control lógico. Quienes debían controlar siguen en sus puestos.

- Resta revisar –ya que el propio Estado no lo está haciendo- cuántos ex funcionarios políticos del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, tras cumplir con su rol en uno de esos lugares pasó a ser parte de instituciones de control. Y cuántos piensan “volver” a sus puestos designados en esos lugares de los que hoy en día cumplen funciones que luego deberán autorevisar, en una tensión constante entre la burla social, el realismo mágico y la complicidad descarada a escalas desconocidas.

- Cuando los funcionarios de la anterior gestión gubernativa presentaron sus declaraciones juradas pasaron muchas cosas: incoherencias, contradicciones, patrimonios injustificables, presentaciones irrisorias e incompletas o en blanco. Y también, dudas de otros sectores del Estado en torno a si debían adherir o no a mecanismos de transparencia. El Poder Judicial se debate justamente ahora si quieren hacer públicos sus bienes o quieren hacerlo en forma semipública, ante escribanos que se rinden ante su poder, es decir, fuera del alcance directo del ciudadano de a pie y de la prensa.

- En esa buena decisión normativa de Pérez, desde MDZ descubrimos que al ex gobernador Pérez y a muchos de sus funcionarios les fue muy bien justo en 2014, casualmente el mismo año en que el mandatario decidió congelar los salarios de toda la administración pública. Hallamos allí que mientras ejercía el gobierno sumó a sus bienes un lujoso departamento construido por una empresa contratista del Estado durante su gobierno. Hoy la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, además de otras cosas por causas del gobierno anterior, de Celso Jaque.

- Mostramos que un ministro como Marcelo Costa podía construirse una casa de alto costo en la "zona VIP" del barrio Dalvian sin tener la necesidad, para financiarlo, de vender su anterior vivienda en el barrio Arizu de Godoy Cruz. Fue elegido concejal por ese departamento aunque vive en la Ciudad de Mendoza. Ningún fiscal creyó conveniente revisar los recursos con los que contó para acrecentar su patrimonio tras ejercer cargos públicos durante ocho años en cargos en la OSEP el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agroindustria.


- Hay que preguntarse en un párrafo aparte en este breve resumen de tareas necesario desde nuestro punto de vista, que si MDZ no mostraba las filtraciones de nombramientos masivos de amigos, familiares y militantes realizado por el anterior gobierno en todas las áreas del Estado, ¿nadie lo hubiera hecho? ¿Hubieran reaccionado los entes de control, porque muchos de ellos se nutrieron de esos mismos nombramientos?

- En su “etapa tobogán”, el gobierno de Pérez distribuyó cargos en la planta permanente del Estado para todos lados y trató de conciliarlo con los tres poderes, una de las formas operacionales de la omertá. Así, le “ofreció” a la Corte personal que consideró crucial y ultra capacitado para refugiarlo justo en el centro del Poder Judicial de cualquier investigación futura. Recomendó a quienes colaboraron con él en forma directa e íntima en su accionar. 

- Mostramos una filtración de datos del Gobierno que dejaba en claro un modus operandi: nombrar personal político o familiares en la Penitenciaría Provincial para cobrar sus adicionales especiales y, por lo tanto, los salarios más altos de la administración, y luego adscribirlos a otros poderes en donde resulta difícil corroborar su asistencia y eficiencia. Inclusive, un agente penitenciario comandó un equipo de tuiteros dedicados a hacerle propaganda al gobernador Pérez y a su esposa, Celina Sánchez. 

- Sobre esta mujer también planteamos algo que la Fiscalía de Estado aun no cree que tenga que investigar: ¿no comprometió fondos del Estado el hecho de que haya ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin serlo, tomando decisiones, manejando teléfonos pagados por el erario público, choferes, vehículos, personal?

- Entre otras cosas, a los responsables de haber comprometido financieramente a Mendoza otorgando incrementos salariales ilógicos a sindicatos que no midieron el impacto social, económico, financiero y político de lo que estaban decidiendo entre cuatro paredes. Mostramos el "contubernio" entre funcionarios del gobierno que, mientras hacían un simulacro de discusión y enfrentamiento con sindicatos estatales, acordaban a espaldas de los intereses de la Provincia, evidentemente. 

- A eso hay que agregarle que recientemente, MDZ dio a conocer que el mismo día en que un fiscal imputaba al exgobernador, la Corte recibía al exsecretario privado de Francisco Pérez como nuevo colaborador en su seno.


Esa situación crítica que vive Mendoza en sus cuentas y que se extenderá por al menos tres años más tiene responsables y hemos tratado de ir dejando al descubierto.

Hemos tratado de dar a conocer muchos “Papeles de Mendoza” o “Mendoza papers”, parafraseando a la exitosa difusión global de datos filtrados que hoy conmueve al poder. En adelante avanzaremos con más datos porque hay más para decir, hay más para cambiar en instituciones que se muestran amañadas e incapaces de funcionar como deberían, terriblemente emparentadas por líneas de sangre entre sí en función de nombramiento de parentela en forma cruzada.

Y nada indica que esto se haya frenado con el cambio de gobierno. Las prácticas subterráneas siguen siéndolo. Solo hay acuerdos vigentes para una simulación de transparencia con aburridas e inocuas “audiencias públicas”, acotadas y reguladas en forma “leguleya”, cuando las hay para determinados cargos, como los de magistrados, en donde encontraremos –a poco de andar- hijos e hijas, yernos y nueras y –si fuésemos otro tipo de medio- amantes y “amigos con derecho” en el seno del poder.

No son los mejores y más capacitados quienes llegan a cargos públicos, sino los que encuentran un atajo: vamos a revelar la enorme oportunidad de ingresar, para siempre, a un cargo en el Estado de cientos de parientes de la nueva gestión, en una operación sin límites ni control a la vista que se realiza desde abajo hacia arriba, justo cuando desde el máximo cargo ejecutivo se reclama reducción de cargos, racionalidad administrativa y, sencillamente, que los servicios del Gobierno funcionen.

Hay “Papeles de Mendoza” y no festejamos que tenga que ser la prensa quien reaccione antes que los entes de control, sino que reclamamos de ellos que ejerzan su rol, sin esperar ser aplaudidos o ascendidos en la consideración pública por cumplir con su tarea. Mientras tanto, sí celebramos que haya un periodismo de pie, en el mundo, aquí y en todas partes.