Delitos Complejos allanó oficinas del Iscamen
A raíz de las denuncias presentadas por una ex empleada ante Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía, la Fiscalía de Delitos Complejos dispuso un allanamiento en las oficinas del Iscamen. El operativo, ordenado por el fiscal Juan Manuel Bancalari, coincidió con la apertura de sobres de una polémica licitación para alquilar 25 vehículos.
El escándalo desatado por MDZ ha dejado al descubierto maniobras irregulares en la contratación de vehículos, acomodos de familiares en planta permanente y posibles estafas por parte de un productor de seguros. A los requerimientos realizados por Fiscalía de Estado al presidente Raúl Millán, se suma una auditoría desarrollada por el Ministerio de Economía y ahora la investigación judicial en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos.
El operativo judicial fue confirmado por personal del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, desde donde señalaron que responde a una denuncia presentada por la ex coordinadora de la Asesoría Legal, Estela Fabiana Duperut.
A eso se sumó una acción interpuesta por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ante la Unidad Fiscal Nº6 en la que pedían investigar la situación de Pablo Carelli, hermano del responsable de Recursos Humanos del Iscamen. Según consta en esa denuncia, Carelli es productor de seguros y realizó operaciones con el Iscamen, pero omitió realizar los pagos a la empresa aseguradora, apropiándose del dinero recibido.
Por si esto fuera poco, el Iscamen también se entrecruza en la investigación de otro de los fiscales de Delitos Complejos de la provincia: Santiago Garay. En concreto, el investigador está tras la pista de 1.5 millones de pesos que el instituto le entregó a la Municipalidad de Santa Rosa para edificar corrales de un programa de destete. Si bien el préstamo se hizo en 2011, el ex intendente Sergio Salgado no cumplió con las obras.
Por todos estos motivos, en Casa de Gobierno analizan la posible intervención del órgano fitosanitario.
En el medio, la licitación
Mientras personal de Delitos Complejos realizaba un procedimiento judicial, en un salón del ISCAMEN se llevó a cabo una licitación para alquilar 25 vehículos por un lapso de entre 6 y 8 meses.
Justamente, el tema del alquiler de rodados es uno de los que están bajo la lupa de la Justicia. Específicamente, han surgido sospechas acerca de la cantidad de contratos que existen entre el Iscamen y Raúl Brantiz, empresario de Tunuyán que provee la mayoría de los rodados. Según las denuncias que ingresaron al Ministerio de Economía, existen más de 140 contratos de alquiler de rodados bajo ese apellido.
El llamado a licitación tenía detalles curiosos como los modelos de los rodados solicitados. Específicamente pide: cuatro autos sedan modelo 2012 en adelante; dos utilitarios 2012 en adelante; dos camionetas doble cabina 4x4; dos camionetas cabina simple 4x2; cinco camionetas doble cabina 4x2 modelo 2010 en adelante; tres camionetas doble cabina 4x2 modelo 2007; cinco autos sedan 4 puertas 2012; un sedan cuatro puertas gama media alta 2015; y un vehículo utilitario modelo 2015. "Son llamados hechos a medida de la flota de una empresa", advirtió un proveedor en diálogo con MDZ.
Si bien en muchas oportunidades los alquileres se hicieron por compra directa, en esta oportunidad se convocó a licitación pública por un monto de 3,8 millones de pesos. Esto no es casual, sino que en parte responde a exigencias el Tribunal de Cuentas, órgano de control que también advirtió al Iscamen por los mecanismos de contratación que utilizaban para alquilar vehículos.
Así consta en el punto 14 del fallo 16.527, en el cual habla de "deficiencias en el alquiler de vehículos con chofer y sin chofer. Allí, habla de 15 contrataciones de vehículos por contratación directa, cuando deberían haberse licitado. El monto: 788.772 pesos.