Denuncian que el titular de Irrigación favoreció a su hermana

Luego de una extensa investigación, Fiscalía de Estado le dio lugar a una denuncia de ATE que deja en una situación incómoda al superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI), José Luis Álvarez. Desde el sindicato denuncian que su hermana, María Fabiana Álvarez, cobró de forma irregular un adicional del "Gobierno del Agua", siendo que era personal docente de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Si bien la acusación fue radicada en octubre del 2014, esta semana el órgano de control dio a conocer el resultado de su investigación y  recomendó que la Dirección General de Escuelas inicie un sumario para esclarecer la situación de Álvarez. Específicamente, con el objetivo de determinar si existió incompatibilidad horaria y si percibió adicionales que no le correspondían mientras estuvo adscripta a Irrigación.

Desde el gremio aseguran que siendo que no era empleada de planta en el organismo que dirige su hermano, cobraba ítems propios del personal de Irrigación. Eso además de otras presuntas irregularidades administrativas, como superposición horaria.

Según consta en el expediente, pasó de estar afectada a una Misión Especial en la subsecretaría de Educación, a cumplir funciones en en la Coordinación del Programa Educación en la Cultura del Agua. Desde ATE denuncian que luego fue nombrada como asesora "para salvar estas aparentes incompatibilidades", desplazando a otra agente que se desempeñaba en ese cargo.

Al respecto, desde el Departamento General de Irrigación aseguran que el tema fue aclarado ante el Tribunal de Cuentas y acercarán a Fiscalía de Estado información que así lo certifica.

Según adujo el secretario del Tribunal Administrativo y del Consejo de Apelaciones del DGI, Santiago Ruiz Freites. "Hicimos una presentación bastante extensa del supuesto cobro de adicionales de Fabiana Álvarez, a la cual el Honorable Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación", expresó el funcionario.

En este sentido, reconoció que la hermana del superintendente cobraba adicionales horarios, desarraigo y otro por la participación en el plan Agua 2020, pero sostuvo que así correspondía que lo hiciera. 

"No es incompatible el horario, porque lo que tiene establecido el Tribunal de Cuentas en materia de adicionales es que cuando tenés la figura de la adscripción, el organismo que recibe sea el que paga los adicionales", expresó el funcionario y aclaró que hay jurisprudencia al respecto. "Todos los empleados adscriptos hasta marzo de este año cobraban los adicionales de Irrigación por horas extras, porque esa es la recomendación del tribunal de Cuentas", argumentó.

Otro funcionario bajo la lupa

Sin embargo, esa no fue la única denuncia del sindicato estatal. Desde ATE también apuntaron contra otro empleado de Irrigación: Raúl Enrique Muzzio. Se trata de un funcionario que al mismo tiempo que  es integrante de una empresa privada que recibe los controles de la dirección que él mismo conduce.

Como director de Control de Calidad del Agua y Jefe de Departamento de Abastecimientos Poblacionales, es el encargado de controlar a las empresas vinculadas a la actividad. Sin embargo, aparece como socio de RaMas Ingeniería Societaria. 

"Se entiende que -respecto a las denuncias efectuadas contra los agentes Prof. María Fabiana Álvarez e Ingeniero Raúl Enrique Muzzio- que existen elementos suficientes para generar una duda razonable sobre la existencia de irregularidades administrativas susceptibles de ser investigadas por el organismo competente", establece el dictamen de Fiscalía de Estado.

Libres de culpa

Por otro lado, el órgano de control comandado por Fernando Simón decidió dejar de lado otras dos denuncias. Se trata de los casos de Jaime Luis Comadrán y Franco Andrés Settepani, quienes según el sindicato de trabajadores del Estado ocupan cargos con manejo de fondos, pese a estar inhibidos por el Banco Central.

Al respecto, Fiscalía de Estado constató que parte de lo argüido por ATE es cierto, pero no es motivo suficiente para investigar a estas personas.

Comadrán es subdelegado de Aguas del Río Mendoza y ATE afirmaba que estaba inhibido por emitir cheques sin fondo por 2.000.000 de pesos cuando trabajaba en la empresa Stornini. Sin embargo, se lo desligó de responsabilidad al respecto y desde el Departamento General de Irrigación explicaron que no se desempeña en un cargo con manejo de fondos.

Algo similar ocurre con Settepani, subdelegado del Río Tunuyán, quien también tiene una inhibición comercial pero sin que amerite un sumario administrativo en su contra. Al mismo tiempo, el organismo dirigido por José Luis Álvarez envió a fiscalía el listado de las personas autorizadas a firmar cheques en la subdelegación de aguas del Río Tunuyán, y Settepani no figura en la misma.

"No existe norma legal que así lo disponga, por más que pareciera ser una medida conveniente el solicitar este tipo de informes del Banco Central de la República Argentina al designar personal que pueda llegar a administrar fondos públicos, pues quien mal administra fondos propios difícilmente podrá tener una administración ordenada al administrar fondos ajenos", concluye el dictamen de Fiscalía de Estado respecto a estos casos.