¿El negocio sanguíneo o la "imbecilidad" humana?

La falta de una política de Estado en materia de Salud pública se evidencia cada vez con mayor fuerza. La vista cortoplacista de más de un dirigente hace que no pueda discriminarse entre lo urgente y lo importante. 

La Ley de Sangre de la provincia sancionada en diciembre de 2013 es uno de esos temas pendientes que, aunque sumamente sustanciales, fueron olvidados. El fundamento principal de esta norma es regular la sangre, sus componentes y derivados, promoviendo medidas para el abastecimiento y la seguridad transfusional. 

Para algunos, el hecho de que hayan pasado años sin que se reglamente y aplique esta norma se vincula al negocio de los privados pero, sobre todo, a la inercia de las distintas dirigencias que, por no enfrentar al privado muchas veces enquistado en el Estado, contribuyeron al des-control sanguíneo. 

Esto ha llevado a naturalizar la búsqueda masiva de dadores frente a un enfermo en estado de urgencia o el hecho de que un paciente quede expuesto a contraer algún virus, por ser transfundido con donantes aislados y no habituales. 

Incluso, esto puede traer inconvenientes de abastecimiento en el caso de contingencias, como podría ser un terremoto o accidentes viales de importante magnitud.

Por el momento, el ministro de Salud de Alfredo Cornejo, Rubén Giacchi, ha prometido no "sacarle el cuerpo al tema". En efecto, estas semanas hubo reuniones con los jefes de los servicios de hemoterapia de los hospitales públicos que, como el Central-Lagomaggiore-Perrupato-Paroissien, han evitado colaborar en los últimos años. 

En tanto, un exfuncionario del gobierno de Celso Jaque, Ricardo Landete, reapareció para dejar entrever que, más allá del interés privado, ha habido un problema de "imbecilidad humana". Landete fue subsecretario de Planificación de Salud durante aquel gobierno peronista y, aunque fue muy cuestionado, trabajó en esta Ley y aquí da una serie de pistas sobre quiénes son los "vampiros" sanguíneos:

-¿Cómo surgió la necesidad de contar con una Ley de Sangre?

-Había un cuadro de dispersión normativa muy importante. Cuando asumí como subsecretario de Planificación de Salud junto con el entonces ministro de Salud, Sergio Saracco, en el gobierno de Celso Jaque sólo había un proyecto edilicio heredado del gobierno de (Julio) Cobos... entonces, vimos la necesidad de poner un orden. 

-Sin embargo, tras la sanción de la Ley 8.631 en diciembre de 2013 aún continúa sin reglamentarse... ¿por qué?

-La provincia tiene hemoductos por todos lados. Hubo un manejo de la sangre bastante discrecional y conexiones entre el sector público y privado para el tráfico de sangre. 

-¿Esto es nuevo o siempre ha sido así?

-Siempre ha sido así. Pasa que se mezclan cosas que tienen que ver con el comercio y lo altruista del tema. Tiene que ver con cuestiones políticas pero también económicas, alguna protección de ciertos mercados. Una provincia que no cree en las políticas de Estado. Frente a contingencias de cualquier tipo, como lo fue el accidente de la ruta 7 del micro o puede ser un terremoto, la sangre es un recurso estratégico, no sólo para la provincia sino para la región. 

-¿Cuál es el objetivo principal de esta ley?

-Se trata de regular la circulación pero también la donación de la sangre. Lo que tratábamos de cambiar con la Ley es el concepto de donante como cualquier persona que se presenta cada diez años confrontándolo con un donante habitual que se conozca su historia y que haya sido sometido a exámenes regulares. 

-Aplicarla, ¿es cara... para el Estado o para los privados?

-Es caro para los intereses privados. 

-¿Ahí está la puja?

-Sí. 

-Durante el Gobierno de Pérez, el exministro Roby dijo que hizo todo lo posible para que esta norma se aplicara y que la falla estuvo en el Centro Regional de Transfusión a cargo de Sergio Baigorria y del propio exgobernador... 

-No sé qué es lo que pasó en ese momento. Sí creo que, básicamente, esto responde a una falta de decisión política porque en el caso nuestro, Celso, se puso a la cabeza y creo que lo mismo debió haber hecho Pérez. 

-¿Qué hace falta para la reglamentación?

-Nada. Que sólo se sienten cinco técnicos del Ministerio a trabajar en ella y que la Legislatura apruebe un presupuesto para llevarla a la práctica. 

-¿Quiénes serían los "vampiros" de la sangre en Mendoza?

-Muchas veces la resistencia al cambio viene de los centros de hemoterapia que están en los hospitales públicos. Ahí es donde está la resistencia. No sólo tenés una empresa detrás sino el robo hormiga en el Estado; son intereses corporativos e individuales del mismo profesional.

-¿Perjuicios de no contar con esta Ley?

-Centros de hemoterapia sin sangre; la imposibilidad de contar con sangre apta y segura; encarecimiento de los hemoderivados. 

  -¿Cómo está funcionado el Centro Regional de Hemoterapia?

-Hace cuatro años está parado. Hay un edificio moderno pensado para esto y parado. Esto es responsabilidad del gobernador pero también de los legisladores que votaron la Ley. 

-¿Tanto dinero puede manejar el negocio de la sangre?

-No creo que sea una cuestión de negocio... no creo que sea tanto... me parece que es un tema de imbecilidad humana. 

*Ricardo Landete es médico tropicalista especializado en Bélgica. Trabajó con Médicos sin fronteras en África. Tiene una especialidad en Salud Pública y Economía de la Salud. Trabajó en el centro de salud del Campo Pappa de Godoy Cruz. 

Fue Subsecretario de Planificación de Salud en el gobierno de su cuñado Celso Jaque y su asesor en la Cámara de Senadores. Además, se desempeñó como asesor de Carlos Ciurca.

Quedó bajo la mira judicial cuando a mediados de 2009 cayó una denuncia en contra de la finca de su padre, Finca Landete ubicada en San Rafael. La misma había distribuido tomate triturado con etiquetas en las que aparecía el RNE y el RNPA de la firma Exin SRL. Al consultarlo por esto, minimizó el hecho indicando que se trató de un problema de etiquetas y que el caso se elevó a juicio ganándolo su padre. 

Más tarde, quedó enredado en un tironeo por el manejo de los residuos patológicos. Hoy, el exfuncionario, que trabaja en Anses, recuerda el caso como un armado mediático.