Será difícil revertir el fallo que frenó el tope salarial
El gobierno de Francisco Pérez y la Fiscalía de Estado tienen muy pocas chances de revertir en la Justicia el fallo de la Suprema Corte que impidió la aplicación del tope salarial a un grupo de empleados de tribunales que cobran más que el gobernador. En algunos casos, mucho más que él.
La medida cautelar de los ministros Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, de la Sala Primera de la Corte, dada a conocer ayer por MDZ, ordenó no aplicar recortes a unos 70 funcionarios judiciales que tienen sus sueldos equiparados a los magistrados. A ellos, según la ley 8727, les cabía recibir sólo el 30 por ciento del último aumento salarial otorgado a los empleados públicos.
La ley 8727 fue sancionada para restablecer la pirámide salarial y lograr una convergencia a futuro entre el sueldo del gobernador y los de aquellos que reciben mensualmente más dinero que él.
Para tener en claro cuál es la situación que dio origen a esa ley, hay que decir que Pérez cobraba hasta abril 55 mil pesos en bruto, según se indicó desde el Ministerio de Gobierno. En cambio, el bono de sueldo al que tuvo acceso este diario revela que la secretaria de la Corte María Angélica Correa recibe en bruto 94.476,76 pesos. Con descuentos, cobra alrededor del doble del gobernador: 80.798,08 pesos, según la última liquidación.
El nombre de Correa aparece en la carátula de la acción judicial contra el tope salarial, que fue resuelta por los ministros para quienes la funcionaria trabaja a diario en el Poder Judicial.
En ese bono de sueldo aparece un descuento de 5.033,10 pesos en virtud de la aplicación de la ley 8727.
A la Corte Nacional
Si bien la intención política es apelar, las vías para hacerlo son poco alentadoras. Desde la Fiscalía de Estado se indicó que esto no podrá ocurrir hasta que exista un fallo de fondo sobre la causa. En ese caso, se puede presentar un recurso de reposición ante la propia Corte provincial que en ese organismo, de antemano, consideran que no dará frutos.
Queda entonces como único camino realizar un recurso de queja ante la Corte Nacional, medida que de entrada dilatará los tiempos de la causa. Pero ese recurso extraordinario no podrá ser elevado a la Corte Nacional mientras no haya "definitividad" en la causa.
El mismo cuadro pintaron a los funcionarios del Ministerio de Gobierno en la Asesoría de Gobierno: con la cautelar de Nanclares y Pérez Hualde, los funcionarios del Poder Judicial parecen tener la batalla ganada de antemano.
Resta ver cuál será el efecto final del fallo. En principio, la Fiscalía de Estado cree que el de los empleados judiciales es un caso muy específico que no se extenderá a otros agentes estatales con sueldos de privilegio. Aunque hay que tener en cuenta que varios gremios (ATE, Sitea y Ampros) también han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Corte por la ley 8727.
También hay molestia por las características de la decisión. En el Gobierno consideran que por lo menos habría aportado transparencia que los ministros de la Corte se excusaran, aunque no hay confianza en que un fallo de conjueces hubiera resultado distinto.
Hay que decir de todas maneras que los ministros de la Corte, en lugar de excusarse, favorecieron con su decisión a un grupo de personas que trabajan con ellos.
De acuerdo con la ley 8727, los únicos funcionarios excluidos del tope salarial son los magistrados, el Fiscal de Estado y el Asesor de Gobierno, el presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas, el Tesorero de la provincia y el Superintendente y los consejeros del Departamento General de Irrigación.
Se calcula que unas 800 personas, la mayoría de ellas del Ministerio de Salud pero con unos cuantos ubicados en la estructura del Poder Judicial, cobran un salario muy superior al del gobernador. La ley dice que ellos gradualmente se tienen que ir acomodando al sueldo del primer mandatario, aunque no parece que esto vaya a ser fácil en muchos casos.