La meta humilde en seguridad: mejorar las comisarías

Venier intentará que la fuerza vuelva a tener presencia en las comisarías, que serán mejoradas y dotadas de personal para dejar atrás las dependencias fantasma que se ven en algunos barrios.

Para Venier, es más importante para el ciudadano que haya policías en las comisarías que a bordo de vehículos que patrullan las calles.

En realidad, hoy no se ve una cosa ni la otra. Pero el ministro de Seguridad señala que "un móvil que pasa patrullando con las luces altas sin que los policías que van arriba miren ni siquiera por la ventanilla no tiene sentido".

A su vez, Venier ha observado en algunos lugares conflictivos del Gran Mendoza el mal estado de las comisarías, donde algunas, incluso, están colgadas del servicio eléctrico.

El cambio que busca está en buena medida empujado por el estado de las cosas. Esta semana el Poder Ejecutivo dio a conocer un informe sobre la herencia de Francisco Pérez en el que resaltó el alto porcentaje de movilidades policiales que están fuera de servicio o que han quedado inservibles por falta de mantenimiento: 900 de algo más de 2200 en total.

Mendoza además ha tenido problemas serios para comprar vehículos nuevos: los últimos fueron adquiridos por obra y gracia del Gobierno Nacional.

Sin embargo, Venier señala que existe una buena relación entre móviles y efectivos (1 vehículo cada 10 uniformados) y por otra parte está su idea de que hay que volcar los recursos en las comisarías. 

Su lógica rompe con los sistemas que se vienen aplicando en los últimos años, que ponían el énfasis en los patrullajes, desde la vieja "cuadrícula" de la época de Leopoldo Orquín hasta las unidades especiales de patrullaje (UEP) que se crearon a partir de la gestión de Carlos Ciurca.

No hay plan

No hay todavía un plan de seguridad, como se dijo, aunque Venier sugiere que a fines de enero habrán anuncios en ese sentido.

Es que la cartera de Seguridad no escapa a las generales del gobierno de Cornejo, que eligió arrancar en todas las áreas con un relevamiento amplio de las deudas que dejó Pérez y con propuestas modestas de eficientización del Estado, a partir de la reducción del gasto. Sin “slogans”, como adelantó el propio Cornejo.

La brusca reducción del personal político en el ministerio ha sido una señal en ese sentido: de 41 funcionarios, hoy Seguridad tiene solamente cuatro, aunque habrá algunos nombramientos más.

Esas cuatro personas "políticas" son el ministro, su único subsecretario (de Relaciones Institucionales), Néstor Majul, el jefe de gabinete Hugo Sánchez y el director de Administración Diego Lázaro. En ellos descansa la conducción política ya que los otros jefes del ministerio son el director de Policías, Roberto Munives; y el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

El ministro y los funcionarios tienen una independencia muy acotada, porque no hay una delegación del poder: todos reportan a Cornejo, quien es el dueño de las decisiones.

La cúpula policial y el Instituto de Seguridad, en la mira

No ha habido hasta aquí ninguna medida más contundente que el "pase a disponibilidad" de ocho jefes policiales, entre ellos todos los del Gran Mendoza, medida que tuvo un tufillo a descabezamiento de jefes policiales que respondían a Ciurca en la anterior etapa.

Nadie ha desmentido que esa haya sido la intención en una buena cantidad de casos. Ni descarta que se vaya a seguir tomando este tipo de medidas, a pesar de que ello implique mandar a la casa por un tiempo muy largo (hasta dos años pueden estar en esa condición) a jefes policiales que tienen los sueldos más altos de la carrera policial.

A contramano de lo que pedía Cornejo, Pérez firmó un decreto antes de dejar el poder que estableció unos 1.400 ascensos. Mejoró los sueldos y el status de numerosos comisarios, una categoría que sobra en la Policía, según el nuevo gobierno.

La reacción fue el pase a disponibilidad de unos cuantos beneficiarios. Cornejo marcó la cancha de esa manera.

Además, en el futuro cercano es muy probable que haya un replanteo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), que se ha convertido en un gigante con independencia del ministerio y una estructura importante: 60 cargos de planta y la participación de alrededor de 300 docentes.

Para Venier no tiene sentido que el director del IUSP dure 5 años en el cargo, más tiempo que el ministro del área si le va bien. El director peronista del IUSP, Carlos Aranda, anunció esta semana que va a dar un paso al costado, pero se están ideando sistemas alternativos para la capacitación del policía, aunque eso todavía está en proceso.

Deja ver el ministro además varias inquietudes diversas, como el funcionamiento del CEO y el manejo de la información que aportan las cámaras de seguridad. Se cuestiona que, en caso de las cámaras, no haya un manejo exclusivo del Estado y se señala que la empresa Arlink tiene posibilidad de acceder a las imágenes. "No puede ser que el Estado tenga solamente una clave de usuario", plantean en el ministerio.

Se advierten además carencias tecnológicas, como el hecho de no poder localizar desde el CEO el sitio concreto donde se encuentra un móvil de la Policía.

Pero las soluciones para estos problemas todavía no están claramente a la vista, porque hay otras prioridades, que son las que marcó Cornejo al arrancar su gobierno: ahorrar para poder afrontar el rojo económico, que en el caso del Ministerio de Seguridad ronda los 300 millones de pesos, de los cuales dos tercios son deudas con proveedores.