Tras el revuelo, el Gobierno apura la ley de ética pública

Después de una semana agitada por las críticas al viaje de legisladores y funcionarios a Macedonia esponsoreado por una minera y el informe que muestra el crecimiento patrimonial de senadores y diputados nacionales por Mendoza, el Gobierno provincial apura la sanción de la ley provincial de Ética Pública.

En la Legislatura vienen acumulándose proyectos de todos los colores políticos desde hace más de diez años, pero ahora el bloque oficialista de Diputados dice estar decidido a motorizar el proyecto que presentó el gobernador Francisco Pérez el año pasado.

El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en la Cámara Baja, Alejandro Viadana (FpV) adelantó a MDZ que esta semana firmarán el despacho de mayoría, pese a que otras propuestas de la oposición todavía están en danza.

Todas las propuestas en boga alcanzan a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel provincial y municipal por lo que todo agente público con cierto poder deberá hacer pública su declaración jurada de bienes.  

El meollo de la asunto, coinciden propios y ajenos en la Casa de las Leyes, es la “decisión política” para avanzar hacia la transparencia en el ámbito público.

Para Viadana esta voluntad está justificada en que antes del viernes rubricarán la propuesta de Paco para llevarla lo antes posible al recinto

Ahora bien, la pregunta sería entonces por qué la voluntad del oficialismo se motoriza casi un año después de ingresado el proyecto de Pérez.

El diputado radical Tadeo García Zalazar, autor de un proyecto alternativo (y anterior) de ética pública, cree que esta demora es, por el contrario, una muestra de la “falta de voluntad política” del Gobierno en lo que hace a la transparencia del Estado.

El propio Pérez se sumó hoy al debate sobre el tema al culpar a la oposición de “cajonear” su iniciativa y García Zalazar salió a responderle: “Nos resulta llamativo lo que dice el Gobernador (sobre el cajoneo) porque el oficialismo tiene mayoría en la comisión de LAC, entonces no se explica por qué no firmó el despacho antes”.

Viadana: "Hay que sacar una ley para empezar con algo"

Viadana admitió que “hay intereses cruzados” entre oficialismo y oposición y que hay otros proyectos más completos pero que “hay que sacar una ley para empezar con algo”.

El control divide las aguas

Si bien hay varias diferencias entre los bloques en cuanto a la letra chica, el punto principal de discordia es quién y cómo controla las declaraciones juradas y las sanciones en caso de incumplimientos o irregularidades.

El proyecto de Pérez prevé que la información y los castigos se centralicen en la Escribanía General de Gobierno. Según Viadana, este es “más práctico y más sencillo” que el de García Zalazar, que prevé la creación de una oficina especial de control.

Según el diputado justicialista la creación de una nueva repartición derivaría en burocracia y potenciales críticas por engrosar el gasto público. “Nos vienen acusando de que llenamos el Estado de empleados, que lo inflamos, ¿y ahora vamos a crear una nueva oficina con directores, miembros y demás? Hay que ser coherentes”, opinó Viadana.

Sin embargo para el radical esto no es más que una chicana, “una excusa para no ser controlado. “Le han sacado recursos a la Fiscalía de Estado y ninguneado a otros órganos de control y ahora no quieren crear una oficina a la altura de la importancia de esta ley”, cuestionó García Zalazar.