La rosca política oscurece más a la IGS

 El caso del policía José Ontiveros, que mató a tiros a su suegra y a su sobrino por un conflicto con su ex esposa, desnudó una crisis profunda en el organismo encargado de controlar a la Policía de Mendoza. Una situación que se torna aún más oscura por las roscas de los partidos políticos que la integran. 

La Inspección General de Seguridad fue creada durante la reforma policial de 1998 y al principio se aseguró que sería uno de los pilares de la política de Estado, con una categoría similar a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura y con la misión de desempeñar nada menos que "el control integral de las acciones del sistema de policías de la provincia, del servicio penitenciario y de los recursos que lo integren", como dice la ley 6721. 

Pero con el paso del tiempo, quedó a la vista que su aporte en este sentido ha sido escaso. En cambio, se convirtió en un codiciado nicho para repartir cargos en el Estado entre los partidos y evitar que se queden sin presencia y/o sin sueldos los distintos actores de la política mendocina. 

Hoy, aunque los problemas del organismo están a la vista, esa rosca se encuentra en el centro de la escena y sigue. Con peleas por los puestos, incluso. 

Pujas por los cargos

Por ley hay un mínimo de tres cargos políticos en el organismo: la presidencia corresponde al PJ y la primera y segunda minorías legislativas se quedan con dos puestos de vocales. La abogada justicialista Mariana Herrero es la presidenta actual, mientras que el ex ministro de Seguridad Leopoldo Orquín es vocal por la UCR y el ex legislador Diego Arenas por el PD. 

La situación del PD es frágil, dado que se quedó con apenas dos legisladores después de las últimas elecciones y fue superada como segunda minoría por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que tiene cuatro. Sin embargo, como reflejo del rechazo a todos los "puestos de poder" que mantiene como política, el FIT le dio una mano al PD y desistió de integrarla. 

Por otro lado, Arenas logró consolidar sus atributos para permanecer en la IGS gracias a la alianza entre el PD y el PRO. Con esta alianza salvadora, el PD ya no tiene dos legisladores, sino que suma tres: el senador macrista Gustavo Cairo. 

Pero la ley 6721 concede la posibilidad de que haya un cuarto integrante en la IGS. El problema es que ese cuarto vocal, hoy, está "flojo de papeles". 

Se trata de Norberto Parma, representante del partido Unidad Popular. Sólo la amistad política de Amstutz con el gobernador Francisco Pérez justifica la continuidad de Parma en la IGS. Es que la ley dice que ese puesto es para aquel partido que tenga por lo menos dos legisladores, y resulta que el partido de Amstutz hoy tiene solamente una banca en la Legislatura (la del senador Néstor Márquez) debido a que el lasherino terminó su mandato en abril. 

"Es un miembro residual", reconocen algunos en el oficialismo. Pero esto no significa que no haya conflicto por ese puesto. El diputado Daniel Cassia, uno de los referentes locales del Frente Renovador de Sergio Massa, señaló a MDZ que su partido ha pedido el puesto de Parma. "Enviamos al vicegobernador Carlos Ciurca una nota porque ese cargo nos corresponde, es una cuestión legal", señaló Cassia. 

El FR, ciertamente, tiene tres bancas en la Legislatura provincial, y debería ocupar el cargo de vocal que mantiene el partido de Amstutz. 

Policías, encubrimientos y políticos que se reúnen poco 

El caso Ontiveros volvió la mirada sobre la IGS dado que la "oficina de asuntos internos" de la Policía tomó conocimiento de una amenaza de muerte del auxiliar a su ex mujer (también policía) Yamila Elizabeth Monje Fernández hace mucho tiempo, pero no hizo nada. La amenaza fue denunciada ante la Unidad Fiscal I en julio y entró a la IGS a comienzos de agosto, tal como informó MDZ.

Arenas, Parma y Orquín reconocieron esta situación, pero fue solo el vocal radical el que esbozó algún tipo de explicación. "Como Ontiveros estaba de licencia y desarmado, un empleado de la Inspección no comunicó esta situación. Es una irregularidad grave y se está haciendo un sumario, por lo cual habrá sanciones", expresó el ex ministro de Seguridad a MDZ Radio ayer. 

Pero eso no es todo. Orquín agregó que en el caso Ontiveros "hubo una prohibición de acercamiento que no fue notificada al directorio y también allí hay responsables". A pesar de estas revelaciones, el radical evitó sostener que en la IGS se esté encubriendo a policías en problemas o con mala conducta.

El miembro de la IGS sugirió que otros actores, ajenas al organismo que integra, deberían haber intervenido, como es el caso del jefe policial de Ontiveros en Notificaciones Judiciales, quien "debería haber notificado de la denuncia de amenazas a Sanidad Policial para que se evaluara si había que sacarle el arma". Se trata de la subcomisario Beatriz Moyano. 

Sin embargo, la responsabilidad de la IGS está a la vista y muchos se quejan de su funcionamiento, aunque nadie habla de hacer cambios. 

El reproche velado que se escucha en el propio oficialismo es que las condiciones de la IGS han mejorado en los últimos tiempos, pero no así su desempeño. El organismo consiguió convertirse en 2007, gracias a una ley impulsada por Cassia, la descentralización, que le concedió cierta independencia para controlar a la Policía. Aunque no se trata de una autarquía plena, ya que depende todavía del presupuesto que le asigne el Ministerio de Seguridad. 

Así y todo, de la mano de la descentralización, la IGS dejó de ser una precaria oficina ubicada en el patio trasero del propio ministerio a tener edificio propio (alquilado) en Montecaseros 1474, de Capital. 

La gestión de Ciurca como ministro de Seguridad le aportó, según los cercanos al vicegobernador, suficiente cantidad de personal y hasta movilidad para realizar su trabajo. También dicen los amigos de Ciurca que los policías que hacen los sumarios de sus pares no dependen más de los comisarios, como ocurría en el pasado. 

En la oposición, sin embargo, sostienen que la IGS sigue sin tener la autonomía necesaria para controlar a la Policía. "Los empleados de la Inspección son policías y penitenciarios y está claro que entre bomberos no se van a pisar la manguera", señaló Cassia, con una metáfora contundente. 

En el medio, el directorio de la IGS no da precisamente gestos de obsesión por el trabajo. Dos reuniones a la semana, que eventualmente se transforman en tres, constituyen el trabajo principal de sus miembros. Poca actividad, al menos en apariencia, para directores que (salvo en el caso de Orquín, que está jubilado) reciben entre 18 y 23 mil pesos por mes por su trabajo.