La UCIM "contraataca" por la Ley de Abastecimiento

"El objetivo no es fundir a los empresarios"; la defensa que, oportunamente, hizo la presidenta Cristina Fernández a la reforma de la Ley de Abastecimiento parece no convencer a ciertos empresarios mendocinos que insisten con remarcar el carácter "intervencionista" de la norma.

A cinco días de quedar promulgada la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (o de Abastecimiento), Mendoza está expectante en lo que respecta a su puesta en marcha.

Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) planean elevar un documento remarcando los "contras" de la normativa (mañana habrá un encuentro); mientras que desde el Gobierno resaltan que la norma ya tiene vigencia y que su aplicación dependerá del Estado Federal.

En Mendoza los organismos competentes para la puesta en marcha de esta norma son la Dirección de Industria y Comercio (Ministerio de Agroindustria) y la Dirección de Defensa del Consumidor (Ministerio de Gobierno).

MDZ consultó con el primero de los entes mencionados en donde se dijo "no es competencia nuestra"; en tanto, en conversación con Sergio Rocamora, titular de Defensa del Consumidor, se resaltó que "es una ley Federal que la aplica el Estado Federal y no la provincia".

De acuerdo con lo que detalló el funcionario "frente a los problemas de abastecimiento siempre interviene la Justicia Federal. En casos muy graves puede intervenir el Gobernador para tomar alguna medida".

E insistió: "Ni siquiera está indicado cuál es el organismo provincial por parte del Ejecutivo provincial que podría llegar a aplicar la ley" y pese a ello, enfatizó: "La ley está vigente y promulgada pero es el Gobierno Federal el que establece cómo se va a implementar".

Desde La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, ha sido una de las diputadas nacionales por Mendoza, que más ha defendido esta norma y, en conversación con MDZ, explicó: "La ley establece que exclusivamente será el Ejecutivo Nacional el que designe el organismo que la ejecute es, como dice Rocamora, de la autoridad Federal".

Dejó entrever que "debería ser la Secretaría de Comercio de la Nación el órgano encargado de ejecutarla" y continuó: "La ley tiende a ser una herramienta para el Gobierno nacional y le da algunas prerrogativas a los ejecutivos provinciales para intervenir en situaciones monopólicas en donde esté en juego las necesidades básicas de la población".

Sobre la norma, sostuvo: "Es una adecuación y modernización de una ley que data de 10974 y que fue aplicada en el caso de los medicamentos recientemente".

Para explicar su funcionamiento, resaltó como caso paradigmático lo que ocurrió con los medicamentos. 

"Con los medicamentos se registró un excesivo aumento de precios sin ningún tipo de lógica por lo que la Secretaría de Comercio aplicó la Ley de Abastecimiento y tuvieron que retrotraer los precios y sentarse a conversar. Fue un caso en donde se cumplieron todas las condiciones para intervenir: hubo monopolio, cartelización, distorsión del mercado y necesidades básicas de población en peligro".

Pese a estas valoraciones, Daniel Ariosto, presidente de la UCIM, insistió en que se trata de una norma que, entre otros factores, amenaza con poner en jaque el libre mercado.

"La ley aún no está reglamentada, estamos aguardando. Sin embargo, estamos en plena coincidencia con lo que viene expresando la Cámara Argentina de Comercio; no estamos de acuerdo con una ley intervencionista que regula todo, que se mete en la libertad de comercio, creemos en la libertad de comercio y esta no es la mejor forma de intervenir", subrayó.

Es que según fundamentó Ariosto, con esta ley el Estado tendrá poder para "pedir el costo, el precio, la rentabilidad, para fijar una posición, para fijar un precio en base a no sé qué punto de orden, a qué punto comercial y bajo qué punto matemático porque en un proceso inflacionario es muy difícil establecer estos criterios". 

Para Ariosto, el Estado podría, incluso, "quedarse con la mercadería, clausurar temporal o totalmente el negocio" y, por ello, definió la normativa como "un avance del Estado hacia el sector de comercio".

Y si bien se expresó a favor de los controles antimonopólicos, sugirió que "si el Gobierno entiende que hay un mercado concentrador nos parece perfecto que se controle o si existen oligopolios que están abusando de las pymes nos parece perfecto que controlen; pero, lo que sucede es que de las pequeñas empresas nadie se acuerda en la medida en que no tenemos acceso al crédito, no tenemos acceso a un régimen de facilitación y no existe una política 'pronegocio'".

Por último, comentó que elevarán una propuesta en contra de la Ley de Abastecimiento y que será analizada mañana (martes) a las 19.30 en la propia UCIM con la presencia de Alberto Dragotto, secretario de la Cámara Argentina de Comercio, y el economista José Siaba Serrate.  

"Consideramos, en suma, que esta Ley de Abastecimiento se mete en el comercio y yo no sé realmente si van a respetar los parámetros de las Pymes. Nos nos satisface un estado intervencionista; más bien tendrían que controlar los mismos aparatos del estado que son altamente deficientes y que pagamos millones de pesos por día porque son deficitarios".

Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza, se mostró menos crítico con la norma en tanto resaltó que, gracias a la gestión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se logró que las Pymes no quedarán alcanzadas por la norma. 

"Lo único importante para nosotros es que las pequeñas y medianas empresas han quedado afuera" y resaltó: "Nadie sabe cómo se va aplicar esta norma en Mendoza porque aún no hay información sobre su reglamentación". 

Para leer la normativa completa, hacé clic aquí.