Pérez tratará de "adecuarse" a la Ley de Defensa al Consumidor
El Gobierno provincial tiene una nueva preocupación y es la aplicación en Mendoza de la ley para defender a los consumidores. Pero el problema es el mismo de siempre: falta de infraestructura y recursos para replicar en la provincia una normativa nacional cuyo fin será acelerar y solucionar conflictos entre empresas y clientes.
La norma, que está en discusión en el Congreso a la par de la ley de Abastecimiento, crea un fuero especial que establecerá una instancia de conciliación donde se tratarán reclamos de consumidores de hasta 242 mil pesos (el equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles).
También habrá un auditor administrativo al cual se podrá recurrir si no hay acuerdo, pero en este caso la competencia será menor: reclamos de hasta 15 salarios mínimos, o sea, unos 55 mil pesos.
En cuanto a la vía judicial, para las causas que queden abiertas, este nuevo fuero fijará la creación para Capital Federal de 8 tribunales de primera instancia y una cámara nacional de apelaciones, donde habrá un juicio abreviado, oral y gratuito.
Estos cambios tienen el aval de los organismos de defensa del consumidor, pero ayer, Héctor Polino, de Consumidores Libres, dejó en claro en el aire de MDZ Radio que para los consumidores del interior la solución no será tan fácil, o al menos no estará tan a mano.
"Los consumidores del interior tendrán dos opciones: una, que las legisturas provinciales dicten una ley de adhesión a la ley nacional; y la otra, que dicten elementos procedimentales y procesales que se adapten a esta ley", expresó Polino.
Adecuación complicada
Algunos funcionarios provinciales están pensando cómo se aplicará aquí la normativa nacional y desde ya advierten problemas.
El director de Defensa al Consumidor, Sergio Rocamora, afirmó que "la ley no requiere adhesión porque es de aplicación obligatoria, pero sí requiere adecuación. La estructura puede ser distinta pero hay que garantizar los estándares de derechos que la ley crea".
Las soluciones todavía no están definidas, pero al menos sí hay conciencia de que no se puede eludir la responsabilidad. "Hay que consagrar el derecho de litigar gratuitamente", expresó Rocamora, y en ese sentido sugirió que la Procuración "deberá absorber más cargos de defensores oficiales" y la Dirección que conduce "poner abogados para que asesoren y patrocinen" a los consumidores.
Esos abogados para atender gratuitamente a los consumidores la Dirección no los tiene hoy, y tampoco la Justicia. "La infraestructura requerida es muy importante y va a depender de los recursos", aclaró Rocamora.
Pequeñas causas
Según el funcionario, este proyecto nacional, cuando se convierta en ley, determinará que la Legislatura entre en juego y sancione el modo de adecuarse, además de los cambios administrativos que deberá resolver el gobernador.
Pero apenas hay algunas ideas hay respecto del proyecto provincial. Rocamora habla de crear un "fuero de pequeñas causas" para los consumidores, con una cámara y jueces de primera instancia, y estructuras equivalentes a los juzgados de tránsito departamentales.
Los cambios de la ley nacional son elogiados en la Dirección del Consumidor porque el cliente "va a tener derecho de resolver el daño y deberá ser la empresa, no el consumidor, la que deberá ir a juicio si está en desacuerdo con el monto", según señaló Rocamora.
El problema es cómo poner estos procesos en práctica, con un detalle que excede a los tiempos políticos y la falta de recursos: "Con la sanción de la ley, las personas que hagan este tipo de reclamos en Mendoza van a poder reclamar patrocinio gratuito de abogados y eso no podrá ser eludido en los juzgados civiles", advirtió el funcionario.