Gremios atacan al PJ y la UCR

Las leyes que sancionó la Legislatura para limitar los aumentos salariales de quienes ganan más que el gobernador y para determinar servicios mínimos durante una huelga tensaron la relación con los gremios estatales. 

Los sindicatos acusaron al Gobierno y al radicalismo de protagonizar un "avance de derecha contra las manifestaciones populares y sociales" y confirmaron que irán a la Justicia para impedir que las leyes sancionadas se apliquen. 

Advirtieron además que la semana que viene podrían definir un paro, no solo por las normas cuestionadas, sino por el rechazo oficial a conceder un aumento salarial del 20 por ciento antes de que termine el año. 

La reacción se originó en una maniobra rápida de los legisladores. En sólo dos días, el Senado y la Cámara de Diputados cumplieron con la promesa de dictar un tope salarial para la administración pública que en el futuro impedirá que los que ganan más que el gobernador reciban la totalidad de las subas acordadas en paritarias. Así, dentro de un tiempo, habrá una convergencia entre los salarios más altos y el del mandatario, salvo en los casos de los jueces y los funcionarios con rango constitucional, que gozan de la "intangibilidad" salarial.

Pero además, en las sesiones se coló una vieja iniciativa del Poder Ejecutivo que modifica el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo con el objetivo de condicionar el impacto de las huelgas. La norma en cuestión propone una serie de requisitos previos al paro y establece la creación de una "Comisión de Garantías" cuya misión será fijar antes de un paro "los servicios mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio, cantidad de trabajadores que se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de funciones y equipos". 

Las partes involucradas tendrán que cumplir con el mandato de esta comisión, ya que de no hacerlo, "la autoridad administrativa procederá a aplicar las sanciones legales correspondientes".

Reacción

Los gremios estatales mendocinos en su conjunto ya advirtieron tiempo atrás que el tope salarial no corre debido a que, según su criterio, no se puede condicionar la negociación de las paritarias. Y en cuanto a la ley para limitar las huelgas, consideraron ayer que también es "ilegal e inaplicable". 

Roberto Macho, de ATE, aseguró que la actividad sindical se rige por la ley nacional 23551 de asociaciones sindicales, que no puede ser suplantada por una ley provincial; y especificó que ninguna comisión de Garantías (también existe una a nivel nacional) puede tomar medidas vinculantes en medio de un conflicto salarial. 

"Esto es un avance nunca visto del PJ y la UCR, que están buscando evitar que la gente se manifieste por la crisis. Es un acto de desesperación pero las leyes sancionadas sin ilegales e inconstitucionales", agregó Macho, para quien las normativas son el "hazme reir" de los abogados laboralistas, ya que no se podrán cumplir. 

El sindicalista agregó que la única oposición es hoy la del Frente de Izquierda (FIT), pero lamentó que esta fuerza tenga pocos legisladores. El FIT no apoyó las leyes cuestionadas y, en lo político, está fuertemente vinculada a los sindicalistas de ATE. 

Tras otro aumento 

No sólo la ley contra las protestas y el tope salarial tienen a los gremios en guardia. La presión sindical para recibir otro aumento antes de que termine el año ya arrancó, y de mala manera: el Gobierno faltó esta semana a una reunión en la Subsecretaría de Trabajo con los empleados de la Administración Central donde se iba a discutir este tema. 

Entre otros pedidos, los estatales quieren recibir un incremento del 20 por ciento por el impacto de la inflación en los bolsillos, el cual se sumaría al 30,5 por ciento que ya otorgó el Poder Ejecutivo este año. Pero el gobernador Francisco Pérez ha descartado rotundamente dar una suba extra en lo que queda de 2014. 

Como consecuencia, los gremialistas han comenzado a realizar asambleas y advierten que la semana próxima podrían definir medidas de fuerza "si no hay respuestas". 

Por lo pronto, tanto ATE como Ampros iniciarán acciones legales por "incomparecencia" del Ejecutivo en la paritaria y por "práctica desleal". A través de un comunicado, la titular del gremio de los profesionales de la salud,señaló que “los gremios rechazamos la intensión de que no haya discusión salarial" y agregó: "Presentamos diferentes informes respecto a los graves problemas que tenemos los trabajadores con la inflación que trepa día a día y Cazabán (Andrés, jefe del equipo paritario del Gobierno) presentó los vergonzosos números del Indec como única respuesta”.