El pedido de quiebra y la Ley Antiterrorista
Walter Ton es abogado especialista en quiebras, y hoy, en declaraciones a MDZ Radio, dudó de la posibilidad de que la quiebra de la filial local de Donnelley pueda tipificarse como para que le sea aplicada la denominada Ley Antiterrorista.
En diálogo con Marcelo Sisso, Ton detalló que la la quiebra es una defensa de las empresas en caso de insolvencia y que no ve posible que la Ley Antiterrorita se pueda aplicar en los casos que están previstos típicamente en la ley económica, y que correspondería al fuero penal si se tratase de una quiebra fraudulenta por la que hubiera un vaciamiento previó, y que este no pareciera ser el caso.
De hecho, Ton explicó que el pedido de quiebra, en el caso de esta empresa, es un riesgo, puesto que, al ser subsidiaria de capitales extranjeros, existe el peligro de que las consecuencias se extendieran hasta las casas matrices fuera del país o a los fondos de invesión que la sustentan. “Sería una mala herramienta presentar la quiebra”, aseguró.
Por último, el abogado indicó que el pedido de quiebra les da una ventaja a los empleados, puesto que los bienes de la firma deben liquidarse en un plazo de cuatro meses, además de que por la Ley de Quiebras los empleados pueden reflotarla al hacerse cargo de ella, en tanto que con el despido de toda la planta los perjuicios para los empleados son mayores. “Para la empresa es malo pedir la quiebra”, concluyó.
Escuchá la entrevista completa a continuación.
Desmentida de Donnelley
La sede en Argentina de Donnelley desmintió la acusación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre una supuesta motivación política detrás de la solicitud de quiebra que le fue concedida esta semana. La empresa emitió un comunicado un día después de que la mandataria denunciara que se hizo de manera fraudulenta y anunciara que se buscará aplicar la Ley Antiterrorista por "atemorizar a la población" con esa medida, informó el portal Infobae.
La firma sostiene que su titular, Thomas J. Quinlan, tomó la "difícil decisión" de presentar su pedido de quiebra tras 22 años en Argentina "luego de mucha discusión, análisis y evaluación de diferentes alternativas para mantener la operación". Y afirmó que "ajusta todas sus decisiones de negocios a las leyes aplicables vigentes de Argentina".
Al respecto, el comunicado argumentó que la empresa "no es rentable", que la industria gráfica "hace tiempo ha dejado de ser un negocio rentable" y que "la perspectiva de ventas futuras no es positiva".
Remarcó, además, que en 2013 obtuvo un Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que la comisión interna se negó a firmarlo, "evitando que la empresa pudiera tomar decisiones que permitieran torcer el rumbo y empeorando aún más la situación económica y financiera".
También destacó que "mantuvo múltiples reuniones con los sindicatos nacionales y provinciales en busca de consenso para un Plan Preventivo de Crisis para evitar la solicitud de la quiebra" y presentó sendos pedidos al Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia en los que proponía la reducción de personal en la planta, opción que fue rechazada.
"Como consecuencia Donnelley se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra", concluye el comunicado.