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Campagnoli estaba marcado antes de investigar a Báez

El fiscal de Saavedra había avanzado en una investigación a pedido de la propia Gils Carbó. Cuando detectó operaciones de la Secretaría de Inteligencia, el gobierno lo puso en la mira.

Clarisa Ercolano

Foto: Télam
Foto: Télam

El kirchnerismo parece decidido a disciplinar a la Justicia, pese a que uno de sus emblemas en plena campaña, allá por el 2003 haya sido justamente renovar la famosa “corte adicta” ideada por el menemismo. El mejor ejemplo es el caso del fiscal Campagnoli, puesto en el ojo de la tormenta por investigar al empresario más cercano a la familia Kirchner: Lázaro Báez.

Pero el kirchnerismo ya tenía en la mira a Campagnoli y lo de Báez no fue otra cosa más que la gota que rebalsó el vaso. Fue cuando el fiscal estuvo demasiado cerca de esclarecer el secuestro de Amado Severo, ex empleado ferroviario abordado a punta de pistola antes de declarar en el juicio por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, donde era testigo clave.


Campagnoli había logrado detectar dos teléfonos asignados a la Secretaría de Inteligencia (ex Side) en la zona donde Severo fue abordado. Los aparatos se correspondían con dos agentes encubiertos apodados Perico y Raitano. La pista del fiscal era correcta, pero lo que no sabía Campagnoli es que Perico y Raitano eran el chofer y el secretario de Fernando Pocino, respectivamente.


Fernando Pocino era y sigue siendo el director de Reunión Interior de la Secretaría de Inteligencia y uno de los tres hombres fuertes del organismo. Quienes trabajaron en su repartición no dudan en señalarlo como uno de “los intocables”. A pesar de las sospechas de Campagnoli, los camaristas decidieron que el caso vaya a un juzgado de garantías de Lomas de Zamora, departamento judicial donde ocurrió el secuestro y donde la causa quedó cajoneada.

Cuando los mismos agentes y ex agentes que seguían en contacto con la fuerza hicieron trascender el dato, luego confirmado por quien escribe, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien le había pedido de modo personal al fiscal esclarecer el caso, montó en cólera. Le reprochó al fiscal de Saavedra no haberla cuidado y unos meses más tarde fue ella misma la encargada de impulsar el Jury.

En ese momento, la balanza había empezado a  torcerse en contra del fiscal.

Ahora, todas las miradas están puestas en la suplencia de la camarista con licencia. El doctor Leonardo David Miño, un abogado kirchnerista vinculado justamente a la procuradora general Alejandra Gils Carbó  y firmante de las solicitadas difundidas por la agrupación de magistrados cercanos al oficialismo “Justicia Legítima” podría ser quien con su voto termine de echar la suerte del hombre que investigó demasiado.

Clarisa Ercolano

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