Duro dictamen contra el contrato entre Vila y el Casino
Lo hizo por unanimidad una comisión especial de la Legislatura. Piden que el Instituto de Juegos inicie una acción para renegociar el contrato.
Si hay una piedra en el zapato del gobierno, sin duda aquella es el contrato entre el Instituto de Juegos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento, del Grupo Vila-Manzano, por la explotación de las máquinas tragamonedas que engrosaron las salas de la casa central del casino provincial. Luego de los dictámenes negativos y advertencias de este año, la Comisión Bicameral Especial de Políticas de Juego emitió ayer un duro pronunciamiento, donde no sólo le piden al Casino que cumpla con la orden de la Fiscalía de Estado y anule una “prórroga automática” en favor de la empresa, sino que además indican bajar el canon que la firma percibe en caso de renegociar, o que directamente se de de baja el contrato entero. De postre, los legisladores han solicitado que se licite nuevamente el servicio de bar, confitería y restaurante, tal como indicó el Fiscal de Estado subrogante Javier Fernández en mayo de este año.
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El contrato entre el Casino y Mendoza Central Entretenimiento encierra relaciones de poder y negocios entre ex funcionarios del gobierno de Celso Jaque y de la actual administración; y los empresarios. Y ya fue tachado de nulidad en una de sus cláusulas importantes meses atrás, cuando la Fiscalía de Estado dictaminó que la prórroga automática a sola decisión de la empresa es ilegal y por lo tanto, nula. En ese momento, la Fiscalía le ordenó al casino que renegocie esa cláusula o que inicie una acción judicial para pedir la nulidad del contrato. Pero nada de eso pasó. Por el contrario, el Instituto ha intentado en por lo menos seis oportunidades, desde el mes de mayo, obtener en la Fiscalía de Estado un aval para continuar la relación con la empresa de Vila más allá del fin del contrato denunciado. Pero las formas no han conformado al organismo de control, que debió recordarle al directorio del Instituto presidido por el ex legislador peronista Carlos Bianchinelli que la prórroga -así como estaba planteada, automática- era ilegal.
Un detalle que no es menor: el contrato ya había pasado por la Fiscalía de Estado como por un tubo y en tiempo “exprés” cuando estaba a cargo Joaquín de Rosas, que fue suspendido y está a la espera del juicio político por favorecer al grupo Vila pero en otro caso, el de la expropiación de las tierras de Dalvian para hacer la reserva de Divisadero Largo. Un buen amigo de la casa, el fiscal de Rosas. Como sea, el dictamen que senadores y diputados de la comisión presidida por el peronista disidente Gustavo Valls firmaron de manera unánime representa un fuerte llamado de atención al directorio del Instituto, presidido por Carlos Bianchinelli e integrado por el peronista Federico Domínguez y el radical Miguel Bondino, tanto como al propio gobierno. Fue el gobernador Francisco Pérez quien designó a Bianchinelli y le pidió que resolviera el problema del contrato acorde a la ley tras el fracaso de Nidia Martini, designada al principio de la gestión con la idea de conducir este proceso. Martini naufragó entre las presiones y las internas del Instituto. Y Bianchinelli debutó reuniéndose con el propio Alfredo Vila en el “Club House” del Barrio Dalvian, todo un símbolo del poder. Pero el presidente del Instituto ha “rebotado” en todos sus intentos para que Vila ceda un centímetro en el contrato, hasta el momento.
Mientras todo gira alrededor de la prórroga ilegal y de los cuestionamientos que en su momento hiciera también el Tribunal de Cuentas, aún no se resuelve la cuestión de fondo: Mendoza pierde plata con el aumento abusivo del canon consagrado en este nuevo contrato, que vence el año que viene. El porcentaje de beneficios fue trepando desde el 26 % al 47 %. El Instituto frenó la suba en el 40 % y la empresa presenta doble facturación. El 40 por un lado y el 7 % restante por el otro, lo que a su entender acumula una deuda a su favor que ya es varias veces millonaria. En una de las primeras veces que se reunieron, Vila le dijo a Bianchinelli que la deuda por el 7 % ya superaba los 5 millones de pesos. Y de ello pasaron varios meses.
Es obvio que nada de todo esto va a terminar bien si las partes no se ponen de acuerdo en un instrumento razonable para la provincia y para los propios empresarios y que además –de ser posible, ya que estamos- sea legal. Como van las cosas, es factible que este contrato se caiga, se acabe o se renegocie antes que se aplique el 47 % de canon. La denuncia por las ganancias desmesuradas fue hecha en 2012 por los legisladores Patricia Gutiérrez (Unión Popular), Gustavo Cairo (PRO) y el propio Valls (Peronismo Federal), estos últimos autoridades de la comisión especial que sigue los asuntos del juego. Pero este dictamen final está pendiente del Tribunal de Cuentas, que aun no se ha pronunciado respecto de este reparto controversial del dinero.
El nuevo dictamen
La Comisión Bicameral que preside Valls, luego de reunirse con autoridades del Instituto, de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, le pidió ayer en el dictamen al Instituto que se ponga en orden y cumpla con las instrucciones de la Fiscalía de Estado. Luego de las consideraciones previas, la comisión exige –en resumidas cuentas- que el Instituto informe a la brevedad qué ha hecho para cumplir las órdenes del fiscal de Estado y haga nula la cláusula de prórroga automática, que llame a una nueva licitación del bar, el restaurante y confitería; que disponga inmediatamente acciones de “lesividad” si el contrato no se pudiese renegociar, y que se recupere para el Estado - es decir, el Instituto- la facultad de decidir una prórroga o no del instrumento que vence el año que viene. De la misma manera, los legisladores recomendaron que en caso de hacerse una renegociación –que debería ser aprobada por todo tipo de organismos de control y sindicaturas- se revisen tanto los plazos, como el canon que cobra la empresa. Los legisladores no lo dicen expresamente, pero de acuerdo a la resolución de la Bicameral, han entendido que tal como denuncian varios de sus pares, o incluso el gremio ATE, este contrato es lesivo para la provincia. El dictamen firmado por los legisladores y que fuese entregado ayer al propio Bianchinelli se puede bajar completo y consultar aquí.
Es obvio, luego de los dictámenes de la Fiscalía de Estado, de las observaciones del Tribunal de Cuentas, y ahora del nuevo pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Políticas del Juego, que ni el Instituto ni el gobierno tienen espacio político para seguir estirando el asunto. Los funcionarios se colocarían al alcance de nuevas denuncias en caso de no cumplir las instrucciones del Fiscal de Estado.
Este medio intentó obtener con numerosos llamados la respuesta de Carlos Bianchinelli respecto de por qué el Instituto insistió tantas veces con la prórroga del contrato a pesar de las instrucciones en contra, o cuándo se van a cumplir las órdenes de la Fiscalía de Estado. Pero no ha sido posible. Habrá que ver cómo sigue esta historia. Por ahora, es un asunto muy incómodo que sale a la luz en un momento inoportuno. A nadie le gusta estar dando explicaciones inconvenientes en plena campaña electoral. Se ve que es preferible el silencio.
Un detalle que no es menor: el contrato ya había pasado por la Fiscalía de Estado como por un tubo y en tiempo “exprés” cuando estaba a cargo Joaquín de Rosas, que fue suspendido y está a la espera del juicio político por favorecer al grupo Vila pero en otro caso, el de la expropiación de las tierras de Dalvian para hacer la reserva de Divisadero Largo. Un buen amigo de la casa, el fiscal de Rosas. Como sea, el dictamen que senadores y diputados de la comisión presidida por el peronista disidente Gustavo Valls firmaron de manera unánime representa un fuerte llamado de atención al directorio del Instituto, presidido por Carlos Bianchinelli e integrado por el peronista Federico Domínguez y el radical Miguel Bondino, tanto como al propio gobierno. Fue el gobernador Francisco Pérez quien designó a Bianchinelli y le pidió que resolviera el problema del contrato acorde a la ley tras el fracaso de Nidia Martini, designada al principio de la gestión con la idea de conducir este proceso. Martini naufragó entre las presiones y las internas del Instituto. Y Bianchinelli debutó reuniéndose con el propio Alfredo Vila en el “Club House” del Barrio Dalvian, todo un símbolo del poder. Pero el presidente del Instituto ha “rebotado” en todos sus intentos para que Vila ceda un centímetro en el contrato, hasta el momento.
El documento de la Comisión Bicameral.
La relación con Mendoza Central Entretenimiento fue un verdadero “regalito” que dejó el último presidente del Instituto en la época de Jaque, Daniel Pereyra. El ex presidente será uno de los investigados por Fiscalía de Estado a raíz de la prórroga automática a favor de la empresa, igual que todos los funcionarios que participaron del arreglo.Mientras todo gira alrededor de la prórroga ilegal y de los cuestionamientos que en su momento hiciera también el Tribunal de Cuentas, aún no se resuelve la cuestión de fondo: Mendoza pierde plata con el aumento abusivo del canon consagrado en este nuevo contrato, que vence el año que viene. El porcentaje de beneficios fue trepando desde el 26 % al 47 %. El Instituto frenó la suba en el 40 % y la empresa presenta doble facturación. El 40 por un lado y el 7 % restante por el otro, lo que a su entender acumula una deuda a su favor que ya es varias veces millonaria. En una de las primeras veces que se reunieron, Vila le dijo a Bianchinelli que la deuda por el 7 % ya superaba los 5 millones de pesos. Y de ello pasaron varios meses.
Es obvio que nada de todo esto va a terminar bien si las partes no se ponen de acuerdo en un instrumento razonable para la provincia y para los propios empresarios y que además –de ser posible, ya que estamos- sea legal. Como van las cosas, es factible que este contrato se caiga, se acabe o se renegocie antes que se aplique el 47 % de canon. La denuncia por las ganancias desmesuradas fue hecha en 2012 por los legisladores Patricia Gutiérrez (Unión Popular), Gustavo Cairo (PRO) y el propio Valls (Peronismo Federal), estos últimos autoridades de la comisión especial que sigue los asuntos del juego. Pero este dictamen final está pendiente del Tribunal de Cuentas, que aun no se ha pronunciado respecto de este reparto controversial del dinero.
El nuevo dictamen
La Comisión Bicameral que preside Valls, luego de reunirse con autoridades del Instituto, de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, le pidió ayer en el dictamen al Instituto que se ponga en orden y cumpla con las instrucciones de la Fiscalía de Estado. Luego de las consideraciones previas, la comisión exige –en resumidas cuentas- que el Instituto informe a la brevedad qué ha hecho para cumplir las órdenes del fiscal de Estado y haga nula la cláusula de prórroga automática, que llame a una nueva licitación del bar, el restaurante y confitería; que disponga inmediatamente acciones de “lesividad” si el contrato no se pudiese renegociar, y que se recupere para el Estado - es decir, el Instituto- la facultad de decidir una prórroga o no del instrumento que vence el año que viene. De la misma manera, los legisladores recomendaron que en caso de hacerse una renegociación –que debería ser aprobada por todo tipo de organismos de control y sindicaturas- se revisen tanto los plazos, como el canon que cobra la empresa. Los legisladores no lo dicen expresamente, pero de acuerdo a la resolución de la Bicameral, han entendido que tal como denuncian varios de sus pares, o incluso el gremio ATE, este contrato es lesivo para la provincia. El dictamen firmado por los legisladores y que fuese entregado ayer al propio Bianchinelli se puede bajar completo y consultar aquí.
Es obvio, luego de los dictámenes de la Fiscalía de Estado, de las observaciones del Tribunal de Cuentas, y ahora del nuevo pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Políticas del Juego, que ni el Instituto ni el gobierno tienen espacio político para seguir estirando el asunto. Los funcionarios se colocarían al alcance de nuevas denuncias en caso de no cumplir las instrucciones del Fiscal de Estado.
Este medio intentó obtener con numerosos llamados la respuesta de Carlos Bianchinelli respecto de por qué el Instituto insistió tantas veces con la prórroga del contrato a pesar de las instrucciones en contra, o cuándo se van a cumplir las órdenes de la Fiscalía de Estado. Pero no ha sido posible. Habrá que ver cómo sigue esta historia. Por ahora, es un asunto muy incómodo que sale a la luz en un momento inoportuno. A nadie le gusta estar dando explicaciones inconvenientes en plena campaña electoral. Se ve que es preferible el silencio.