Dudan de que se puede aplicar la ley de fertilización asistida
La inminente Ley de Fertilización Asistida que mañana espera aprobar finalmente el Senado de la Nación, luego de la media sanción obtenida en Diputados en la tarde del martes, no tendría plena aplicación en el territorio nacional por falta una falta de recursos que estaría minada por los altos costos de los tratamientos.
Así lo consideró el diputado radical Daniel Llaver, médico y ex director del Hospital Perrupato en el Este mendocino, quien alertó sobre la improbable cobertura para todas las parejas que sufren de tal problema.
“Yo creo que estamos muy cerca de la aprobación de la ley porque hace un año se está tratando, tuvo media sanción de Diputados, tuvo una modificación del Senado y volvió a la cámara Baja. Esta ley contempla el acceso a la fertilización asistida para todos los ciudadanos sin importar el costo de los tratamientos. Se obligará a las obras sociales y a las prepagas a cubrir esos tratamientos”, repasó Llaver.
Volviendo sobre la obligatoriedad de que se incluyan dichos tratamientos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), para quienes tengan obra social, y para quien no, por medio de los hospitales públicos, consideró que “creo que es una ley que viene a cubrir un bache y cuyo problema hoy es de un 15 por ciento de los matrimonios. Estamos de una de cada siete parejas que puedan tener el problema por lo cual es importante el asunto. Pero hay que ver si realmente el cumplimento se podrá efectivizar”.
Analizando los altos costos de los tratamientos, el médico y legislador local, resaltó que “cuestan unos 50 mil pesos y a veces hay que repetirlos varias veces. Pensando que muchos hospitales están desprovistos de medicamentos básicos e insumos. Por eso me pregunto que si a veces no cubrimos la atención primaria de la salud cómo podemos asegurar un tratamiento de este costo. El espíritu de la ley es bueno pero como vamos a un acceso para todas y todos no se cómo se implementará. Además la accesibilidad a los hospitales públicos es más difícil. Ni hablemos de un oftalmólogo en un público”, dijo.
También advirtió sobre un posible abuso de esos tratamientos “en beneficio de algunos sectores que puedan intentar lucrar con esto”.
Sobre la postura de la Iglesia por estas prácticas, el hombre admitió: “Yo no conozco la posición de la Iglesia pero sí la del padre Pombo quien participó en un plenario en las comisiones en la Cámara de Diputados. Él es un experto en asuntos relacionados a la bioética y su pensamiento es favorable para la aprobación de la ley”, manifestó.
Y añadió: “El padre planteó que no se puede sostener la vida ni en forma artificial ni eterna cuando no hay ninguna expectativa de curación del enfermo. Pero desconozco de la postura de la Iglesia”, contó.
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Mal llamada Ley de Muerte Digna
Del otro lado del charco, analizando el interesante debate que hace un tiempo atrás se viene sosteniendo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Llaver analizó que “en realidad la ley está mal llamada como de muerte digna. Es una ley nacional que se aprobó en 2012, modificatoria de otra ley de 2009 y que en verdad habla de los derechos de los pacientes. Es decir, la ley tiende a proteger al paciente a decidir sobre algunos aspectos de su salud. Y muy lejos está de lo que se ha tergiversado cuando se citan algunos conceptos eutanásicos”, explicó.
En su afán de aclarar lo expresado agregó que “lo que pasa tenía algunos aspectos que no estaban bien clarificados donde se podía dar lugar a excesos en la voluntad del paciente. Eso fue contemplado en un decreto reglamentario donde se aclararon asuntos conflictivos”.
Aportó al respecto que “se hablaba de una persona con una enfermedad crónica irreversible o terminal, según la ley, que podría terminar con su tratamiento. Si hablamos de enfermedades crónicas irreversibles hablamos inclusive de una diabetes o de una artritis reumatoidea, o de una hipertensión arterial y no son terminales”, detalló.
Sobre las correcciones que ha sufrido la norma añadió que “después en el decreto reglamentario se agregó una y. Y quedó para casos de enfermedades crónicas irreversibles y terminales, como puede ser un cáncer en un estadio terminal donde tanto el paciente como los familiares podían pedir no acceder a un encamisamiento terapéutico o lo que es lo mismo no prolongar la agonía sin ningún tipo de expectativa, por cualquier medio. A eso se refiere ese proyecto que se está debatiendo hace un poco más de un año en Diputados en Mendoza. Por eso es que han pasado distintos especialistas por la cámara”.
¿Eutanasia?
Puntualmente y considerando el temido término de eutanasia admitió “que yo tenga conocimiento no hay nadie que esté proponiendo este tipo de ley. Se que este tipo de ley está vigente en Holanda. Sí se que a la ley de la que estábamos hablando y que trata de proteger el paciente cuando se interna, por ejemplo, se vinculó en el pasado con términos eutanásicos”.
“En realidad de lo que se está hablando es de la ley que está vigente en toda la nación y sobre la necesidad de que desde el Gobierno de la provincia que se cumplan con muchos aspectos que son en beneficio del paciente. Por ejemplo que se existan los comités de bioética en todos los hospitales. Que se informe correctamente a los pacientes sobre todas las terapéuticas que se le van a practicar. Que se cumplan con todas las historias clínicas como corresponde y eso debería ser bien controlado por el Estado”, analizó.
Y agregó: “Hoy el paciente y los familiares tienen la opción para que no se hagan tratamientos exagerados. El paciente es el centro de todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista médico. Y si está sufriendo lo que hay que hacer es aliviar el dolor. Esos protocolos se tienen que cumplir”.