La justicia allanó productora publicitaria por sobreprecios de publicidad oficial
Un allanamiento en las oficinas de la productora Sur Talent del empresario Gustavo Matar sacudió el centro de la ciudad de San Rafael esta tarde. El fiscal especial Santiago Garay estuvo al frente del procedimiento en el local de calle Mitre en la capital del departamento sureño.
De ese lugar el fiscal se llevó varias computadoras para revisar la información que le permita sostener la pista de la causa por sobreprecios en la venta de publicidad oficial, especialmente producida durante la campaña electoral de 2011.
El magistrado está tras los pasos del empresario que de acuerdo a las estimaciones judiciales actuó monopólicamente. La actuación de Matar es evaluada como partícipe, pero además la investigación apunta a quien desde el gobierno autorizó la contratación del publicista.
En ese cuadro de análisis la fiscalía señala, según la documentación, a un funcionario de Celso Jaque y que actualmente forma parte del staff de la comunicación oficial. Desde la misma fiscalía se reservaron el nombre hasta que se produzca la imputación.
Las huellas que sigue Garay provienen de la denuncia de un grupo de legisladores de la oposición quienes apuntaban a que el gobierno destinaba dinero público para contratar publicidad electoral para el kirchnerismo. Aquella presentación apuntaba directamente a Matar. Los legisladores lo señalaron como el beneficiario de cobrar 12 millones de pesos en concepto de publicidad oficial.
En el ámbito judicial, los conocedores de la causa que colaboran con garay graficaron la denuncia de los parlamentarios como la advertencia de un “ruido” pero que en realidad en el fondo lo que había investigar es por qué se facturó precios exorbitantes con respecto al mercado publicitario.
Por ejemplo se autorizaron pagos de 1,5 millones de pesos por publicidad que en la cotización normal debería haber costado no más 400 mil pesos.
Por lo cual Garay también apuntará hacia el control del gasto público en este caso en particular, lo que significa que el fiscal apuntará hacia la calidad del gasto aunque las operaciones hayan sido legalmente realizadas.