El debate: cómo usamos el agua en Mendoza

El agua es vida. En Mendoza el concepto está potenciado. Por eso tener acceso es garantizarse la posibilidad de desarrollo y no tenerlo todo lo contrario. El acceso más democrático al agua es una de las principales deudas que tiene la provincia en la administración de ese recurso, según opinan los especialistas y es uno de los temas más ásperos que vienen en el debate por la reforma de la ley de aguas.

El debate se reabrió cuando el gobernador anunció en Vendimia su proyecto de reformar la emblemática Ley de Aguas y a la par advertir que había decidido dar de baja a 20 pozos de agua dulce cuyos permisos otorgados de manera provisoria fueron autorizados por la administración anterior. Esta medida finalmente ayer se concretó con la resolución de Tribunal Administrativo de Irrigación.

Para la investigadora Elena Abraham, una de las más reconocidas especialistas del mundo en desertificación, hay que aprovechar la apertura de debate para hacer cambios de fondo. Para ella el principal es que haya equidad en la distribución y el acceso al agua. “Si se abre el debate es importante que se garantice equidad y que haya una apertura y un equilibrio en los usos. Por ejemplo, tener en cuenta el uso ganadero en algunas zonas”, explicó Abraham, que ha sido distinguida internacionalmente por sus trabajos sobre el impacto de la desertificación.

El desequilibrio

En Mendoza hay un gran desequilibrio territorial. Menos del 3 por ciento del territorio está bajo riego y el resto depende de "lo que sobra" de agua o de las precipitaciones. Para Abraham, el manejo del agua es fundamental. "El desequilibrio en el uso del agua genera desequilibrio territorial e inequidades", asegura. Un concepto que es fundamental es el de solidaridad.

"Es necesario que el agua llegue a sectores que históricamente no han tenido acceso. El problema es que el recurso hídrico es el mismo, entonces para eso hay que apostar al uso solidario del agua, a que los que tienen no la desperdicien, hagan un uso eficiente para que alcance para todos", asegura la especialista.

Por ley la Legislatura es quien tiene la potestad de otorgar concesiones de agua. Pero ese trámite no ocurre. Por eso hay concesiones provisorias que por décadas fueron discrecionales. Así, no cualquiera tiene acceso al agua y también las obras hídricas que direccionan el desarrollo responden al juego de las presiones. Eso ayudó a marginar a determinadas zonas. Además, provoca una enorme concentración de la pobliación: en ese 3% de territorio irrigado vive el 97% de la población de Mendoza.

Uno de los temas centrales del debate tiene que ver con un postulado clave: la inherencia del agua a la tierra. Eso significa que las concesiones de agua son para abastecer al terreno para el que fue concesionado el permiso y es intransferible. La intención de la reforma es agregar otros bloqueos a ese principio. "La inherencia no se toca", aseguran. Pero sí quieren que se endurezca, agregando el concepto de actividad; es decir que el agua concesionada esté atada para la actividad que se otorga y si hay un cambio, que se pierda el derecho. En ese sentido apuntan a que, por ejemplo, si se otorga un permiso para uso agrícola y el terreno luego cambia para usar el agua en un emprendimiento inmobiliario.

Desde Irrigación trabajan hace casi un año en la idea de reformar la Ley de Aguas, que es una norma previa a la Constitución. Ahora para la etapa final convocarán a un equipo de referentes en el tema.

Entre los que estarán el ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde (especialista en derecho civil),  Aldo Rodríguez Salas (es pecialista en derecho ambiental), el ex gobernador Arturo Lafalla, el especialista radical Miguel Mathus Escorihuela y el abogado Martín Liber.

Pero los regantes piden que haya representación de los usuarios en ese comité para democratizar la discusión. La presentación de la comisión se realizaría a finales de esta semana.