El Gobierno avanzará con la reforma de 2001
Pese a las críticas políticas que sobrevendrán y de las resistencias que pueden surgir de los sectores sociales el Gobierno dio señales claras ayer de querer concretar la reforma de la Constitución de Mendoza a través del plebiscito votado en 2001 cuando gobernaba el radical Roberto Iglesias.
La reacción oficialista fue en silencio pero a favor de esta idea luego de que el Senado aprobara el martes una resolución del peronista federal Gustavo Valls que insta al gobernador Paco Pérez a que llame a elecciones de convencionales constituyentes.
El senador sciolista presentó esta iniciativa en base al referéndum de hace 12 años de acuerdo a la interpretación jurídica: "La Constitución lo obliga al gobernador a llamar a constituyentes".
La argumentación legal de Valls está avalada por un dictamen del Colegio de Abogados de Mendoza que señala la expresión imperativa del texto de la Carta Magna local que impone al Ejecutivo que luego de producirse la consulta popular y en el resultado ganó el "sí" por más de la mitad de los electores (tal como establece el artículo 221 de la CP) entonces se debe llamar a elecciones de convencionales constituyentes. Esto sería en el caso de una reforma integral, pero también se debería aplicar el mismo criterio en el caso de una enmienda constitucional como debería ocurrir con el artículo 198 con el referéndum de 2009 y que Valls también pide la promulgación. La reforma del 198 establecía la limitación de la reelección indefinida de los intendentes a una sola reelección consecutiva.
El gran escollo es jurídico y también político ya que los resultados de estos plebiscitos no arrojaron la suficiente cantidad de positivos de acuerdo al criterio que la Suprema Corte de Justicia aplicó para definir un recurso de inconstitucional contra el referéndum votado en las elecciones de 1987. El Alto Tribunal determinó que la mayoría aceptable para que una consulta popular fuera válida debía contar con la cantidad de los votos positivos que llegara, por lo menos, el equivalente de la mitad más uno de los empadronados y no de los votos emitidos como se entendía hasta ese momento.
Aquella interpretación del artículo 221 de la Constitución que impuso con su opinión la entonces jueza de Corte Aída Kemelmajer de Carlucci fue duramente cuestionada por los juristas que señalan que ese criterio convierte a la Constitución en impenetrable para ser reformada integralmente porque en la práctica el "sí" debería ganar por más del 70 por ciento para alcanzar la mayoría exigida por la Corte.
La reforma del artículo 221 también fue planteada en la votación de 2011 y obtuvo el 60 por ciento de los votos positivos en base a los sufragios emitidos. En esa oportunidad se intentó establecer justamente este criterio de mayoría que contradice al fallo de la Corte. Curiosamente ni el gobernador, ni ningún gobernador impulsó la promulgación de este referéndum.
Los mismos críticos creen que aplicar este criterio para otros plebiscitos de manera tácita es un error ya que el fallo de la Corte es por un caso en particular y no fue una votación en plenario sino que fue dividida y donde, por ejemplo, el dictamen del entonces Procurador de la Corte, Carlos Aguilar fue en sentido contrario al de Kemelmajer.
En aquel caso para Aguilar el término "elector" tal como dice el artículo 221 es quien ejerce el voto y no quien esté nominado para hacerlo.
Ahora voceros oficialistas aseguraron que en Casa de Gobierno están decididos en avanzar en el llamado a convencionales constituyentes pero esperará los dictámenes jurídicos de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado. Presumen los mismos informantes que el Ejecutivo provincial está convencido que legalmente no habrá cuestionamientos y a la vez está dispuesto a discutir políticamente esta idea.
El Partido Demócrata ya advirtió que impugnará cualquier intento de este tipo con un recurso de inconstitucionalidad como ocurrió hace 25 años. Desde el Gobierno lo saben y entienden que si se produce el cuestionamiento constitucional entonces también será beneficioso porque la Corte local estará obligada a volver a expedirse sobre el asunto.