Suspendieron la ley que limita las excarcelaciones en Buenos Aires
En un hecho que puede convertirse en un antecedente para otras jurisdicciones, la ley de la provincia de Buenos Aires que limita las excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Así lo dispuso en una acordada el máximo tribunal de la justicia de esa provincia, en el marco de una demanda de inconstitucionalidad presentada por diversos organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), luego de que el Poder Ejecutivo la promulgara a principio de mes.
La Suprema Corte consideró que las disposiciones de esta normativa "resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional".
Como medida cautelar, la Corte provincial resolvió suspender los efectos de la ley 14.434 (modificatoria del artículo 171 del Código Procesal Penal) indicando que se prohíbe la excarcelación para ciertos condenados, hasta que se dicte una sentencia definitiva, según indicó La Nación.
La decisión, aprobada por todos los magistrados presentes, se basa en el fallo del caso Verbitsky y en la Constitución provincial, que en su artículo 21 consagra que "podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente".
La polémica ley fue sancionada por el Senado bonaerense el pasado 13 de diciembre. La norma, impulsada por el gobernador Daniel Scioli, contó con el apoyo del Frente para la Victoria, el Pro Peronismo y la Unión Cívica Radical; y se opusieron el Frente Amplio Progresista, el GEN y la Coalición Cívica.
El texto establece que se deniega el beneficio de la excarcelación a los imputados que hayan sido detenidos portando ilegalmente armas de fuego, hayan mostrado resistencia a la autoridad pública, tengan antecedentes por comisión de delitos con armas o estén gozando ya de una excarcelación.
Ahora, con la decisión de la Suprema Corte, la ley quedará suspendida hasta que se dicte sentencia definitiva sobre el planteo de inconstitucionalidad interpuesto.