El acuerdo que se quedó "sin fichas"

Que sí, que no… Que pagamos el canon, que mejor lo vea el fiscal… que hagamos un acuerdo… que lo revise la Corte… El “presente griego” que el ex gobernador Celso Jaque y el ex titular de Juegos y Casinos Daniel Pereyra le dejaron a Francisco Pérez con el ya famoso contrato de las tragamonedas, sigue proyectando su sombra y afectando la administración actual, que acaba de recibir un sonoro cachetazo por parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, aunque el golpe fue más espectacular que efectivo.

La Corte no quiso homologar el acuerdo que enterraba las diferencias cruzadas entre el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento; es decir, la división juegos del grupo Vila Manzano. Tras esta decisión de los supremos y con el antecedente de un dictamen del Tribunal de Cuentas durísimo en los conceptos y observaciones pero extrañamente liviano en el reparto de las responsabilidades, el gobierno y el Instituto se quedaron sin “paraguas” para mantener la prórroga de este contrato que en su momento firmaron Pereyra y el directorio anterior, favoreciendo a la empresa de Vila con más canon, más dinero, y más tiempo de explotación sin licitación, y con una ecuación económica que nadie vio; ni siquiera el Tribunal de Cuentas o la Corte; aunque quienes han hecho denuncias –como algunos dirigentes de la oposición y el gremio ATE- han calculado las pérdidas del casino con este contrato que Pereyra dejó de “regalo”.

Esta visión optimista del fallo de la Corte chocó de frente con quienes conocen de técnica legal, y que dijeron que el contrato “está liquidado” y que debía retrocederse el reloj al 13 de mayo, cuando la Fiscalía de Estado anunció que la cláusula del “contrato Jaque-Pereyra” que le daba a MCE la facultad de “autoprorrogarse” perjudicaba de los intereses de la provincia y por lo tanto el Instituto de Juegos debía iniciar una acción de lesividad para derogarlo. Esta interpretación también es optimista en favor del Estado. La verdad es que la Fiscalía de Estado aceptó más tarde que reemplazar aquella “autoprórroga” por un acuerdo en el que el Instituto daba su consentimiento, subsanaba aquel vicio formal de no haber licitado. Ni la Fiscalía ni el Tribunal de Cuentas objetaron la homologación. El gobierno, por su parte, exhibió tranquilidad hacia afuera, pero “por dentro” envió a hacer todo tipo de consultas jurídicas a abogados amigos, a otros de organismos estatales, y también a letrados radicales cuyos nombres no trascendieron.

En verdad, en una jornada de silencios propios de un serrallo, hubo tantas interpretaciones de estos fallos como fuentes consultadas. Pero hay un par de hechos incontrastables que deben tenerse en cuenta: el contrato debía ser homologado judicialmente y esto no sucedió; y el Tribunal de Cuentas señaló vicios muy fuertes que incluyeron cambio de objeto, falta de un análisis económico que justificase el aumento de canon, prórroga sin licitación, falta de control real de las sumas en juego, y varios puntos más.

Hay dos conclusiones posibles de este contrato. Una es política, y es que así como está, no hay “espacio” para seguir, ni paraguas protector. Ante cualquier denuncia o presentación judicial; “la justicia debería amparar y estudiar todo de nuevo” admitió una fuente del Instituto de Juegos. Desde este punto de vista, el contrato que llevó el juego de las tragamonedas a que el Instituto pague más y gane cada vez menos, y pase el canon desde el 23 % al 47 % primero y al acuerdo por el 43,85 % después pero por más tiempo; es absolutamente débil. A las autoridades del Instituto les sería muy difícil defenderse si alguien les preguntase “¿Por qué van a seguir este contrato que la Suprema Corte no homologó”? Políticamente es intragable, sobre todo teniendo en cuenta que los empresarios del contrato son fuertes actores económicos y políticos también, toda vez que influyen con fuerza en casi todos los gobiernos. Pero también sería difícil para el directorio cortar el contrato y afrontar juicios, porque ya han firmado otra cosa, y porque en definitiva ni la Corte ni el Tribunal de Cuentas les han pedido que se inmolen.

La conclusión jurídica y administrativa tiene menos vueltas: La Corte no homologó el contrato, lo criticó con dureza, pero dijo que no era su competencia y aludió a procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas, que también fue muy duro con los funcionarios pero tampoco del todo concluyente. No obstante, y de acuerdo a la resolución 666 del propio Instituto de Juegos, el acuerdo debía ser homologado. Y si no es así, no existe. La situación debería regresar al momento en que ingresó en litigio, es decir, cuando el Casino decidió a través de sendas resoluciones firmadas por la ex titular del Instituto Nidia Martini y por el ex director Héctor Caputo, no pagar el canon pleno del 47 % y MCE accionó contra el Estado.

Convine un repaso esquemático para comprender globalmente este complejo asunto que es jurídico, político, y también social. Seguramente hay en Mendoza decenas de entidades a las que les gustaría recibir el canon que hoy el Instituto comparte con privados. Desenrollemos el ovillo desde la punta.

LA CORTE DIJO “NO”. La Suprema Corte decidió no homologar el acuerdo con el que el Instituto de Juegos y los empresarios intentaron superar las objeciones al “contrato Pereyra”. Los jueces aludieron a posibles irregularidades en la renegociación, a que si fallaban ahora estarían impedidos de hacerlo más tarde en caso de litigio derivado de un informe del Tribunal de Cuentas, y a que en la decisión podrían estar involucrados fondos de “rentas públicas”. Por estas y otras razones, no homologaron. Abajo, se puede ver completa la decisión de la Corte.