En Mendoza nadie explica su patrimonio
No fue ningún organismo de control, ni tampoco un dirigente de la oposición. Quienes pusieron el tema en agenda fueron un actor, Ricardo Darín, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reclamó que todos los funcionarios políticos rindan cuentas y hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes. El problema es que Cristina puso incómodos a más de uno de sus aliados políticos, entre ellos el gobernador de Mendoza Francisco Pérez.
Es que en Mendoza, como en la mayoría de las provincias, no existen leyes que alienten la transparencia. Los funcionarios del Poder Ejecutivo presentan su declaración jurada cuando asumen, pero lo hacen ante Escribanía General de Gobierno y esa información es secreta. Sólo puede ser desarchivada a pedido de la justicia en caso de que haya alguna sospecha de enriquecimiento ilícito. Mendoza tampoco adhiere a la ley nacional de ética pública, que incluye una serie de exigencias, como declarar los regalos que reciben los mandatarios.
“Sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las Declaraciones Juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados, ministros de la corte, estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Cristina Fernández en la carta de respuesta a Ricardo Darín, llamando la atención además a todos los funcionarios del país.
En Mendoza Cristina no tuvo eco
El objetivo de hacer públicas las declaraciones juradas es que los funcionarios agreguen transparencia a sus actos. De esa manera se puede realizar un control público sobre el avance patrimonial de personas que durante un período de tiempo están en el poder y tienen acceso al manejo de fondos públicos y toman decisiones que pueden beneficiar a distintos sectores. Un dato al que se le busca prestar atención es si algún funcionario político tuvo algún cambio repentino de estilo de vida luego de pasar por la función pública.
Ante la falta de normas que lo exijan, en la provincia el acceso a ese tipo de información ha dependido de la voluntad política. Y hasta ahora esas voluntades han ido en retroceso. Durante la gestión de Julio Cobos se hicieron públicas las declaraciones juradas de los ministros y del propio Cobos, pero sin que mediara alguna ley o Decreto exigiéndolo. Celso Jaque no continuó con esa política e incluso fue más allá: dejó de dar explicaciones sobre los gastos en viáticos que realizaba, algo que se mantiene.
Mucho más atrás en el tiempo, en épocas de Arturo Lafalla, el primer intento de agregar control fue la creación de la Inspección General de Gobierno, que estuvo a cargo de Alejandro Cazabán y el programa de Información Ciudadana. Esas políticas fueron abortadas con el gobierno del radical Roberto Iglesias y a pesar de varias promesas de retomar las estrategias anticorrupción, todo quedó en la nada. Incluso los informes elaborados por la Oficina Anticorrupción advertían sobre la vulnerabilidad de Mendoza y la necesidad de crear instrumentos de control fueron obviados.
A nivel nacional es fácil acceder a cierto tipo de información básica como las declaraciones juradas de bienes; pero no por voluntad del Gobierno, sino porque la ley lo exige. Es la Oficina Anticorrupción el organismo que archiva las declaraciones juradas de los funcionarios nacionales y que las hace públicas a pedido de los interesados. Esa reglamentación está vigente desde 1999. “Nunca en toda la historia política de la Argentina se ha podido acceder a las Declaraciones Juradas de un funcionario público con mayor facilidad, frecuencia y publicidad que a las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner…Lo desafío a que intente encontrar lo mismo de algún funcionario público opositor ma non troppo, juez, gobernador, legislador o intendente”, repitió la presidenta en la misiva dirigida a Darín.
El primero en reaccionar ante el pedido de Cristina fue el vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto, quien adelantó que presentará un proyecto de ley de transparencia para su provincia. En Mendoza aún no hay eco de esa medida. El Gobernador de Mendoza sí dijo oralmente cuáles eran sus bienes cuando era candidato. Vive en una casa en el barrio Jardín Miraflores de Carrodilla y su auto particular era una Chevrolet Meriva. MDZ consultó a los voceros del Gobierno acerca de cuál iba a ser la respuesta a la solicitud de la presidenta, pero hasta ayer no hubo respuesta oficial.