Estado bobo: el Casino pierde plata mientras que el concesionario duplica sus ganancias
Puede parecer un debate semántico, pero en realidad se trata de dinero constante y sonante. El Instituto de Juegos y Casinos anunció la semana pasada que había más recaudación. Y es verdad. Pero lo que no dijeron las autoridades es quién se queda con ese dinero.
Debido a la renegociación del contrato, la empresa Mendoza Central Entretenimientos, que tiene a su cargo la concesión de los tragamonedas del casino central, subió casi un 90 por ciento sus ganancias en los últimos meses, mientras que el Estado sólo aumentó un 1% los ingresos, sin tener en cuenta además la inflación. El Instituto corre por su cuenta, además, con todos los costos de mantenimiento, desde el personal, hasta los servicios. Pero la ecuación podría ser peor, pues esas cifras son provisorias y sin aplicar aún el canon total que el Gobierno acordó pagarle a la empresa: hoy pagan 40,09% de las ganancias y el acuerdo final es que se lleven el 47%.
El año pasado se firmó la renegociación del contrato de la concesión de los tragamonedas del Casino Centra, ubicado en San Martín y Brasil. El acuerdo generó un mucha polémica, porque sin mayores razones el Estado propuso esa renegociación y le duplicó el canon que se pasó del 23,23 al 47 por ciento, a cambio de aumentar la cantidad de máquinas tragamonedas y otras reformas.
El proceso fue avalado rápidamente por el Fiscal de Estado Joaquín De Rosas, cuestión que estuvo entre los argumentos de la denuncia que le hicieron ante el Jury.
Los trabajadores del Casino procesaron los datos de recaudación y distribución de las ganancias. Para tener un dato comparativo, entre enero y agosto del 2011, con 369 máquinas tragamonedas el Casino “ganó” 39,909.681 pesos. De esa cantidad, el Estado se quedó con 29.441.372 pesos y Mendoza Central Entretenimientos con 10.468.309 pesos. En el mismo período de este año, con el nuevo contrato en vigencia parcialmente y 550 máquinas, las ganancias generales de los tragamonedas fueron 49.003.607.
Efectivamente hay más “ganancias”, pero tienen otros destinatarios. La empresa se llevó 19.244.632 pesos, aumentando en un 84% sus ganancias respecto al año anterior. Y, en cambio, el Estado se llevó 29.758.975 pesos, apenas el 1% más que el año anterior. En la proyección que hacen los trabajadores, si se aplicara el 47% del canon, directamente se pasaría a perder plata. De hecho las condiciones ya están dadas para que se aplique el canon total.
Otro detalle del Contrato firmado por el ex director Daniel Pereyra, es que el Estado le entregó la potestad de la prórroga a la empresa. En el acuerdo inicial, firmado en 2004, el Estado era quien podía prorrogar o no. En este caso el contrato se firmó por 3 años, con una prórroga de 5 más (8 en total). Pero es MCE la que tiene que informar si sigue o no con el contrato.
Negociación polémica y un directorio en crisis
El proceso de renegociación se hizo casi en secreto para la opinión pública y fuero los trabajadores del Instituto los que revelaron la información. Allí, desde distintos sectores alertaron sobre la posibilidad de que haya un perjuicio para el Estado y un “beneficio excesivo” para la empresa privada.
Esos tragamonedas fueron concesionados a la empresa Casino Buenos Aires, perteneciente a la española Cirsa, en 2003 y la empresa se hizo cargo del servicio en enero del 2004. La concesionaria cambió de nombre y formó la sociedad Central de Entretenimientos SA, formada la española CIRSA SA y Gestión de Juego Integral SA. Fuera de esos papeles, Cirsa se asoció con Casino Club, del empresario Cristóbal López. Sin embargo internamente cuentan otra historia paralela, y dan por sentado que detrás del negocio está el grupo Vila, a pesar de que en los papeles no hay nada que los ligue.
Los cuestionamientos a ese contrato siguieron, mientras el Casino también atraviesa una situación institucional particular. Luego de conflictos de todo tipo, el Directorio está casi desmembrado: Héctor Caputto director y funcionario de máxima confianza del gobernador Francisco Pérez, está con un pie afuera, pues fue propuesto para emigrar al Tribunal de Cuentas. Y Miguel Bondino, director que llegó como enviado del radicalismo está prácticamente ausente: no participa de las decisiones y ni siquiera firma las resoluciones del directorio. Por eso los gerentes y la presidenta Nidia Martini manejan todo.
Más cuestionamientos
La empresa MCE incumplió con los plazos de inversión establecidos en el contrato y, según una resolución del Directorio, había motivos suficientes para rescindir el contrato o platear otro tipo de sanciones. Sin embargo eso no pasó y el Estado siguió adelante con la concesión. Incluso con un plus: autorizó llevar el canon a 40,09% aún sabiendo de los incumplimientos. “Así el Estado financió las obras, porque le permitió a la empresa ganar más por las obras que no había hecho”, explican.
Mientra tanto, en otros poderes del Estado siguieron los cuestionamientos. La Comisión de Derechos y Garantías de Diputados inició una investigación. Pero en el Senado siguieron su propio camino para pedir explicaciones. Ahora, ante la falta de respuestas, evalúan qué medidas tomas para exigir al Gobierno a que revise el contrato antes de que el daño sea mayor. “Todavía no conocemos los números finos, pero se ve claramente que es un contrato que puede ser perjudicial para el Estado. Por eso nosotros incluimos el tema en la denuncia contra el Fiscal de Estado. Podemos llegar a pedir que el Ejecutivo haga una revisión de ese contrato”, dijo el senador Gustavo Valls.
Para la radical Milagros Suárez hay muchas dudas sobre cómo se está gestionando el juego en Mendoza. Por eso, hizo varios pedidos de informes, que hasta ahora no fueron respondidos. “No sé qué hacer para que respondan lo que se consulta, no han respondido ningún pedido de informes. Estamos evaluando qué camino seguir. Noto que no hay una política de juego, si quieren evitar o no los problemas que genera el juego. Además son muy desprolijos”, dijo la senadora.