La increíble negociación para pagar más por los tragamonedas y el reimpulso del juego en Mendoza

Más que una negociación, se parece a una invitación. El resultado fue un contrato por el cual el Estado resigna una gran porción de ganancias y, al mismo tiempo, se sigue aumentando la promoción del juego en Mendoza. La renegociación del contrato con el operador de los tragamonedas del Casino de Mendoza tiene detalles curiosos. Uno de ellos es que fue el propio Gobierno el que le dio los argumentos a la empresa para pedir más plata.

La empresa Mendoza Central Entretenimientos consiguió casi duplicar su margen de ganancias de todos los tragamonedas del Casino Central  gracias a una serie de ayudas. El proceso no lo inició la empresa, sino el Estado, es decir el poder concedente. Para ello, desde el propio Casino generaron la necesidad de esa renegociación. En los argumentos, el responsables de los tragamonedas asegura que el casino provincial perdió plata por la aparición de nuevas salas de juego, pero en esos datos se trasluce que siempre la recaudación aumentó y lo que en realidad pasó con la apertura de nuevos casinos es que aumentó la cantidad de jugadores y montos de apuestas.

En el proceso también participó el Fiscal de Estado, quien avaló la renegociación en un trámite por la vía rápida: firmó el dictamen favorable el mismo día en que le enviaron el pedido y con pocas horas de diferencia, a pesar de que se trata de millones de pesos diarios en juego. Ese aval fue incluido como argumento en la denuncia por la cual se pide iniciar el jury de enjuiciamiento contra Joaquín De Rosas. 

Con ayuda

Los tragamonedas del Casino de Mendoza fueron concesionados a la empresa Casino Buenos Aires, perteneciente a la española Cirsa, en 2003 y la empresa se hizo cargo del servicio en enero del 2004. Ese fue el inicio del camino de multiplicación de salas de juegos que llevó a Mendoza a ser algo así como el Las Vegas argentino. El contrato establecía que Cirsa debía cobrar un 26,23% de las utilidades de los tragamonedas como canon.

La concesionaria cambió de nombre y formó una extraña sociedad: Central de Entretenimientos SA, que está formada la española CIRSA SA (concesionario original) y  Gestión de Juego Integral SA (GEJIRSA) una empresa registrada en 1998 en Buenos Aires y a cargo de José Manuel Dolader Poblador, otro español relacionado a la industria del juego. En ese camino, Cirsa se asoció en buena parte de sus negocios con Casino Club, del empresario kirchnerista Cristóbal López. En el Casino todos dan por sentado que detrás del negocio está el grupo Vila, a pesar de que en los papeles no hay nada que los ligue.

En 2010, bajo la gestión de Daniel Pereyra en el Instituto de Juegos, el gerente de tragamonedas del Casino, Ricardo Rodríguez, inició un informe en el que buscaba explicar que era necesario modernizar la sala de juego y por ende cambiar las condiciones con la empresa. Para ello analiza los ingresos que tiene la sala estatal en comparación con los competidores privados que fueron apareciendo desde el año 2004, con autorización del propio Instituto de Juegos. Rodríguez  explica con la aparición del casino Regency (del hotel Hyatt) el del estado pasó a tener una participación del 41 por ciento en el mercado del juego (antes tenía el 100%), mientras que al momento del informe, con dos competidores en el Gran Mendoza (aún no se sumaban Winlad y Arena Maipú) la participación había bajado el 23%.

Sin embargo, en ese proceso el casino siempre aumentó la facturación: en el 2001, sin competencia en el medio, los tragamonedas del Estado (sólo los del Casino Central) generaban 1 millón al mes. Cuando abrió el Regency (Hotel Hyatt), a pesar de la competencia las utilidades pasaron a 2,8 millones; mientras que en junio de 2010 facturaron 4,5 millones y en octubre del 2010 pasaron a 5,4 millones de pesos mensuales a pesar de la aparición de más casinos. Hasta allí llega el análisis del Instituto, pero el crecimiento siguió.

Según figura en la rendición de cuentas presentado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, por citar un ejemplo, los tragamonedas del Casino Central dejaron entre 18 y 22 millones de pesos por trimestre el año pasado, mientras que los 9 anexos juntos facturaron 50 millones por trimestre. Es decir no hubo pérdidas. En el medio lo que pasó es que cada vez que se habilitó una nueva sala,  aumentó la cantidad de gente que apuesta y también los montos.

En el análisis interno, se recomienda agregar tecnología en la sala de juego para aumentar la productividad de los tragamonedas. Así, se propone que las máquinas tengan el sistema “TITO”, que permite insertar directamente billetes y emitir ticket en vez de entregar monedas, y otros sistemas con los cuales se permitiría lograr una recaudación un 15 por ciento mayor en cada una de ellas.

El expediente circuló sin objeciones internamente y la empresa Central Entretenimientos (Cirsa) recién interviene en enero del 2011 y a pedido de las autoridades. Allí, explican que sus cuentas también están mal y que si no cambia la situación no tendrán otra alternativa que “abandonar la operación”.

Desde el Estado le advierten a la empresa que hay pérdidas.

La empresa responde gustosa, y pide más participación en ganancias

Los empresarios tomaron la recomendación y aprovechan para ir más allá: se comprometen a realizar los cambios tecnológicos (de los cuales también son beneficiarios), pero como extra solicitan tener un 50% de las ganancias de los tragamonedas y extender por 10 años la concesión. No les iría nada mal: consiguieron un 47% y 8 años. Como extra, consiguieron que les entregaran sin licitación la explotación del bar y restaurante. Allí hay otro dato curioso. Los casinos usan como señuelo para atraer apostadores entregar tragos de cortesía y otros obsequios. En este caso la empresa también saldrá ganando, pues el Estado pagará el 53 por ciento de los gastos que demanden esos tragos de cortesía.

La velocidad del fiscal

Asesoría letrada del Instituto de Juegos y Casinos, a cargo de Pablo Pappalardo, recomienda renegociar los contratos, pero sin asegurar que está de acuerdo con las condiciones propuestas de la empresa. Por eso el directorio pide por primera vez la intervención de Fiscalía de Estado, que le da el visto bueno para la renegociación. Pero no será la única participación de Joaquín De Rosas.

El 11 de mayo del año pasado a las 10.52 de la mañana ingresó a Fiscalía el acuerdo pautado con la empresa. De Rosas le dio el visto bueno en tiempo récord: el mismo 11 de mayo antes del cierre de la administración pública la negociación estaba aprobada: el Casino le otorgaba a MCE el 47% de las ganancias de los tragamonedas, la explotación del bar y un plazo de 8 años más de contrato.

Pereyra le pide opinión al Fiscal el 11 de mayo.

De Rosas da el OK el mismo día, sólo algunas horas después.

La mayoría de los gastos quedan, como hasta ahora, por parte del Estado (desde el personal hasta el pago de servicios) por lo que la ecuación económica se complica aún más. “Analizadas las actuaciones de la referencia esta Fiscalía de Estado, luego de realizar el control de legalidad, no tiene observaciones que formular a todo lo actuado”, dice De Rosas.

Fiscalía de Estado, como órgano extrapoder, tiene el deber de controlar los actos del Estado para evitar irregularidades y, sobre todo, que no haya perjuicio para las cuentas públicas. En el caso de la renegociación del contrato de los tragamonedas, los trámites firmados por De Rosas tardaron siempre mucho menos tiempo que los propios movimientos internos en el Instituto de Juegos.

La tercera intervención de Fiscalía en el expediente ocurrió cuando ya se acordaron los montos con la empresa y previo a la firma de la resolución final. Allí, De Rosas recibió el expediente el 30 de agosto, y el 2 de septiembre ya tenía su aval firmado. Daniel Pereyra y el resto del directorio, tardaron 18 días más para firmar la resolución por la cual finalmente aprueban y dar por cerrado el acuerdo de renegociación.

Todos los jugadores en la Meca

Luego de promocionar la apertura de salas de juego estatales (con los anexos) y privados a través de la ley 5775 (que habilita las salas en casinos 5 estrellas) ahora desde el propio Instituto de Juegos y Casinos se alertan por la cantidad de casinos que hay en la provincia., a pesar de que es el órgano encargado de habilitarlos.

El Gran Mendoza tiene cinco casinos en un área de 6 departamentos, con tres mil tragamonedas, tal como se describe en el informe armado para renegociar el contrato del Casino Central. En ese detalle especifican oficialmente que el Gran Mendoza tiene “un casino cada 160.000 habitantes aproximadamente. Mientras que en la CABA (Ciudad de Buenos Aires) con 5 veces más habitantes que el gran Mendoza tiene dos casinos”. “Fíjese por ejemplo que la meca del juego a nivel mundial, Las Vegas, tiene aproximadamente 120 casinos y una visita anual de 37 millones de personas.  Mendoza tendrá , una vez habilitados los casinos pendientes, 20 casas de juegos, casi el 20% de lo que tiene la principal ciudad lúdica del mundo”, detalla Rodríguez.

La descripción de la situación no apunta a alarmar sobre el problema del juego, sino a todo lo contrario: a armar una estrategia agresiva para captar más público en los casinos oficiales.
Además de los 9 anexos y los casinos privados ya habilitados, en el informe interno del Instituto de Juegos se desprenden otros datos: San Martín tendrá también su Casino privado en poco tiempo, de la mano de un hotel. En Malargüe ocurrirá lo mismo con la empresa Microtel, que tiene autorizada la instalación de una sala de juegos.

Uno por uno

- La empresa española Cirsa y sus socios (entre ellos Cristóbal López) es el gran ganador. Además del Casino Central, manejan los anexos de Rivadavia, Alvear y Malargüe. Esa empresa figuró primero como Casino Buenos Aires, pero luego mutó en otra sociedad: Central de Entretenimientos

- Cristóbal López también tiene presencia fuerte a través de su casino en San Rafael. La firma del empresario amigo de Casa Rosada se llama Casino Club.

-Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE bautizada como BINGOS, luego de ser parte de una fuerte controversia con la empresa IVISA.

- IVISA es otro actor importante. Es la empresa que tiene a su cargo el manejo de los juegos tradicionales del Instituto de Juegos y Casinos, como la quiniela. En la época del radical Miguel Alonso le extendieron los contratos y también le fue adjudicado el anexo del casino ubicado en Tunuyán.

- Un panorama singular ocurre con los propietarios de la empresa Betec. Es que al mismo tiempo son concesionarios de casinos oficiales y también tienen salas de juego privadas. Se trata de Daniel Angelici, que tiene a su cargo los anexos de Uspallata y Tupungato. Pero además, Angelici, que es dirigente de Boca Juniors, junto a y el empresario Daniel Darío Mautone, quien estuvo ligado a la productora de Marcelo Tinelli, son socios en el casino del Hotel Arena Maipú, a través de la firma Desarrollos Maipú SA.