Cinco claves sobre la nacionalización de YPF y cómo participará Mendoza
1- La provincia sigue siendo dueña de los recursos. El proyecto apunta a expropiar el 51% de las acciones de la empresa YPF que están en manos de la española Repsol. Por un lado, no se toca ningún accionista extra Repsol, como el grupo Petersen. Por el otro, la provincia sigue siendo la propietaria del subsuelo, por lo que aún tiene el poder de otorgar concesiones, quitarlas y renegociar. El proyecto de ley no deroga la llamada "ley corta" que le traspasó esos recursos a las provincias. Igualmente el nuevo escenario cambia las relaciones entre el Estado mendocino y la petrolera.
2- La provincia tendrá acciones de la empresa, pero la Nación tendrá el poder. El proyecto dispone que las 10 provincias productoras de hidrocarburos tendrán una parte de las acciones que se expropiarán. Se trata del 49% de las acciones expropiadas a Repsol que se distribuirán de manera proporcional. Mendoza es la cuarta productora de hidrocarburos y ocuparía ese lugar en importancia entre los accionistas provinciales. La pelea a futuro será por los lugares en el directorio.
Lo que cambia es la relación entre el Estado local y la petrolera. Es que al mismo tiempo será “poder concedente”, es decir quien otorga y controla las concesiones, y parte de la empresa beneficiaria de esos permisos. Hoy YPF tiene 24 áreas petroleras propias (le quitaron dos el mes pasado) más otras 7 que consiguió en un negocio con el grupo Vila Manzano. Igualmente el proyecto de ley le da más poder al gobierno nacional para decidir. Incluso, hasta tanto se organice el sistema, será el Ejecutivo nacional quien decidirá todo, hasta tanto se repartan las acciones.
3- Todo el proceso. La declaración de interés público no abarca sólo la extracción de petróleo, sino todo el proceso. Así, la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos se pone bajo la órbita del comando del Gobierno nacional y eso abarca a todas las empresas y cada eslabón de la cadena de los hidrocarburos. La intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo también apunta a analizar la situación porque resulta "imperioso asegurar el abastecimiento de combustibles, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades del país, siendo para ello necesario disponer medidas concretas en tal sentido".
4- El financiamiento y la búsqueda de inversiones. El principal argumento de la expropiación es la falta de inversión de Repsol para mejorar las reservas y la producción de hidrocarburos. De hecho la primera pata de la estrategia fue la quita de las concesiones por parte de las provincias, usando el mismo argumento. Ahora será la YPF con mayoría accionaria estatal la que tendrá a su cargo la responsabilidad de buscar esas inversiones. Para ello el proyecto enviado al Congreso prevé la búsqueda de fuentes de financiamiento externas e internas y la formación de Uniones Transitorias de Empresas, entre otro tipo de formatos de asociación. El futuro de los hidrocarburos en Argentina está en el petróleo y el gas no convencionales, que para su producción requieren una inversión mucho mayor.
5- La magnitud para Mendoza. La extracción e industrialización de petróleo es una de las principales actividades económicas de la provincia, aportando casi un cuarto del PBG. La empresa YPF es el principal actor en ese esquema y cualquier oscilación genera repercusiones. Además, por la magnitud que tiene esa industria, es el principal contribuyente de impuestos provinciales.