La Corte paró un pago millonario por unos terrenos y apuntó al Fiscal de Estado por favorecer a Vila

La Suprema Corte de Justicia frenó el pago de una enorme indemnización que el Estado estuvo a punto de ejecutar por la expropiación de terrenos del pedemonte. Al mismo tiempo cuestionó duramente a Fiscalía de Estado por el precio que estipuló para por un terreno similar a la familia Vila por la expropiación de un terreno similar.

Incluso, los jueces aseguran que el tema es motivo de investigación judicial para saber si hubo perjuicio para la Provincia por el mal accionar del órgano extrapoder.  "Tal proceder deberá ser objeto de investigación a fin de evaluar la conducta seguida y su eventual repercusión en el erario público", aseguran. Se trata del área que el Estado debió quitarles a varios propietarios para crear la reserva natural Divisadero Largo.

La Corte revirtió, a través de dos fallos, resoluciones de la justicia civil que habían determinado un valor excesivo para el pago que tenía que hacer el Estado por la quita de terrenos a la familia Thome. El tema es que quien había calculado el monto era un técnico de Fiscalía de Estado. La decisión original era pagar 17 y 20 pesos por metro cuadrado de tierra expropiada.

Por eso, se había ordenado que el Gobierno pagara 20.390.766 millones de pesos por una causa (por algo más de 100 hectáreas) y 4.330.398,50 millones por otra. La diferencias es enorme, pues en la nueva tasación, el máximo tribunal dispuso que se pagaran 1,8 pesos por metro cuadrado, bajando los montos totales a  1.167.788 pesos y 536.088 pesos. Es decir, una diferencia de más de 23 millones de pesos.

El dato más polémico es que Fiscalía de Estado determinó la misma tasación, es decir los 17 pesos por metro cuadrado, para indemnizar a la familia Vila y nunca recurrió los montos. Justamente el argumento de las causas "Thome" es pedir que los terrenos sean tasados a los mismos valores que a los calculados para Dalvian. Las apelaciones por la causa Thome fueron presentadas por Fiscalía de Estado, que buscaba desandar sus propios pasos.

Sobreprecios selectivos

El Estado debió expropiar terrenos ubicados en el pedemonte para poder proteger el área y crear la reserva Divisadero Largo. Para ello se hicieron distintos juicios de expropiación, con la idea de determinar los montos a pagar. Allí, la Corte descubrió que hubo fuertes diferencias. El más marcado ocurrió con los terrenos de la familia Vila, propietarios del barrio privado Dalvian, que colinda con la reserva. La Corte cuestiona al funcionario que ofició como tasador del Estado, llamado Américo Toledo, representante de Fiscalía en el tribunal de tasación; encargado de ponerle el precio a los terrenos. 

Pero también cuestiona el accionar de toda la Fiscalía de Estado. En el momento en el que se realizaron todos los procesos, el actual fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, estuvo a cargo del tema porque el fiscal titular de entonces, Pedro Sin, se inhibió.

El cuestionamiento parte de los montos distintos que se establecieron y la discrecionalidad en el trato. Así, por ejemplo, Fiscalía de Estado apeló algunas disposiciones que establecían pagos grandes. Pero no se quejó cuando establecieron los precios record para pagarle a Vila. “En la única causa que Fiscalía de Estado asumió una conducta distinta en las expropiaciones, ha sido en las actuaciones "Vila" y "Dalvian"”, explica la Corte.

Lo más duro viene luego. Es que los jueces aseguran que se tiene que investigar a Fiscalía de Estado para saber si hubo un perjuicio para el Estado por la tasación realizada por los terrenos de Vila.  “Si bien no puedo dejar de resaltar la diferencia en la conducta actitud asumida por Fiscalía de Estado en estas actuaciones y en los expedientes N° 124.652, caratulados: 'Provincia de Mendoza c/ Vila Daniel Eduardo p/ Expropiación'  y autos  124.651, 'Provincia de Mendoza c/ Dalvian  S.A p/ Expropiación', considero que tal proceder deberá ser objeto de investigación a fin de evaluar la conducta seguida y su eventual repercusión en el erario público”, dice Jorge Nanclares, el ministro encargado de argumentar el fallo. La decisión deja la puerta abierta para que cualquier persona se haga eco de los dichos de la Corte y pida investigar a Fiscalía de Estado. O que algún fiscal actúe de oficio.