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Vía rápida: los caminos para entregar las áreas que le quieren quitar a YPF

El Gobierno anunciaría hoy la reversión de dos áreas petroleras a YPF. Si quedan de nuevo en manos del Estado, podrían echar mano a la "vía rápida" para entregarlas sin licitación. Pero para ello necesitan la Empresa Provincial de Energía. Dudas sobre los pasivos ambientales que dejarían en el lugar
El camino natural sería licitarlas nuevamente. Foto: Pachy Reynoso/MDZ
El camino natural sería licitarlas nuevamente. Foto: Pachy Reynoso/MDZ

Se cuidaron para no confirmar ninguna noticia. Pero al mismo tiempo dieron todas las señales del camino elegido: salvo que medie alguna medida de último momento y fuera de contexto, el Gobierno de Mendoza anunciará hoy por la mañana en San Rafael que le quitarán dos áreas petroleras a la empresa YPF, revirtiendo las concesiones al Estado.

Si eso sucede, surgen dudas sobre el futuro de esas áreas petroleras. El camino natural sería licitarlas nuevamente, proceso que es lento y que se sumaría a los otros concursos que están en marcha. Pero no es el único camino: hay una vía rápida para adjudicar sin licitación las áreas, pero para ello se necesita que esté creada la Empresa Provincial de Energía.

Otra de las claves tiene que ver con el saneamiento ambiental de los pozos petroleros. La reversión de las áreas implicaría que el Estado se hace cargo nuevamente del lugar. Pero antes habría que cerrar los pozos y sanear los pasivos ambientales, trabajo que no está claro quién se haría cargo.

¿Estado socio?

El Gobernador no lo confirmó, pero dio todas las señales para preparar la cancha. Asegura que las respuestas de la empresa YPF a las intimaciones no conformaron y, según él, la propuesta de capitalizar en acciones las ganancias “empeoraron la situación”. Así, todo indica que revertirían para el Estado las áreas Cerro Mollar y Ceferino, que tienen bajo interés y también muy pobre producción de petróleo. Pero la decisión sería un mensaje más político que económico o técnico.

La Provincia tiene a su cargo los recursos naturales y entre ellos el petróleo, derecho reconocido a través de la ley "corta" 26197. Fuera de la polémica y la legalidad del caso puntual, el Estado tiene potestad para otorgar y quitar concesiones. Si Pérez lo decide, será la primera vez que la provincia realiza un proceso en ese sentido (ya hubo áreas revertidas por la Nación que fueron licitadas nuevamente).

La ley provincial 7526 es la que regula la actividad en los yacimientos de hidrocarburos. Una vez que las áreas estén en poder del Estado, la acción natural sería licitarlas. El artículo 15 de la ley establece que los permisos y concesiones se otorgan por licitación.

Pero hay una excepción a la que Paco podrá echar mano para adjudicar las áreas sin licitación. La salida sería la Empresa Provincial de Energía. La ley establece que  el Poder Ejecutivo puede “transferir a favor de la empresa con participación estatal” el poder sobre las áreas petroleras. La Empresa Provincial fue fijada como prioridad por el Gobierno, pero tendría un capital inicial que hace inviable cualquier intento de inicio de actividad (sólo un millón de pesos).

Por eso la forma de apurar los trabajos sería asociándose y no licitando. “La empresa podrá desarrollar sus actividades de exploración directamente o mediante contratos de locación, de obras y de servicios, integración o formación de sociedades y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas”, dice la ley.

La otra señal que va en el mismo sentido es que la licitación para adjudicar otras 12 áreas petroleras incluyen una cláusula por la cual las empresas serían socias del Estado a través de la Empresa Provincial de Energía. Esa licitación está demorada porque la ley de creación de la empresa aún no es sancionada.

La deuda ambiental

El otro tema clave que analizan en el Gobierno es el ambiental. Justamente se trata de un tema que ha generado problemas en los últimos tiempos por la falta de servicios de saneamiento para el sector petrolero.

Si las áreas fueran revertidas de común acuerdo, el proceso era claro: la empresa debía cerrar los pozos, sanear los pasivos ambientales (barros, agua, etc. ) y entregar el lugar en condiciones. Ahora, si se apela al conflicto, también podría judicializarse esa etapa.

Mendoza está encolumnada como buena alumna de la estrategia nacional para presionar a YPF y algunas otras petroleras para mejorar la producción. En ese camino se intimó a esa empresa de manera rápida.

En el Gobierno prometieron las respuestas para hoy, luego de que conviertan en decisiones políticas todos los indicios e insinuaciones que dieron hasta hoy.