La gran estafa: piden a los bancos que informen la ruta del dinero pagado desde la UFI
La Justicia ya investiga la ruta que siguió el dinero que sacaron de manera fraudulenta desde la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hacienda y por la que están sospechados un grupo de empleados jerárquicos de esa repartición.
Para ello, la pieza clave son los bancos, especialmente el Nación, agente financiero oficial. La fiscalía ya envió los oficios pidiendo la información financiera. Es que los cheques que fueron depositados en cuentas particulares son de esa entidad. Y el banco debe tener registrado el circuit que siguieron. Pero también podían ser parte de la investigación las cuentas particulares de algunos de los sospechosos. Allí podrían investigarse cuentas personales del propio Banco Nación, pero también del Banco Santarnder Río y el Citibank, donde al menos uno de los involucrados tiene importantes movimientos bancarios.
Por ahora no hay imputados en la causa. La fiscal Claudia Ríos busca primero “solidificar” el expediente con pruebas y testimonios. DE hecho se tomaron más declaraciones a empleados de la repartición y se secuestró documentación. Al mismo tiempo se le dio vista a Fiscalía de Estado para que intervenga en defensa del patrimonio del Estado y a un Defensor de Pobres y Ausentas para que haga las veces de garante de que se cumplan los pasos legales con las personas involucradas.
La estafa funcionó con la generación de expedientes y órdenes de pago falsos que eran usados para emitir cheques desde la Unidad de Financiamiento Internacional, una de las reparticiones que más dinero maneja en el Estado. Los cheques nunca fueron depositados en cuentas oficiales y se estima que tenían como destino alguna cuenta personal o un sistema de “blanqueo” que permita disimular mejor la maniobra. Al menos hay cuatro empleados de alto rango que fueron señalados por las autoridades del Ministerio. Son Marcelo Martorell (que dejó su cargo de tesorero en marzo), José Acuña, María Florinda Rubio y Soledad Pastrana.
Además del curioso comportamiento financiero de Martorell, revelado por MDZ, hay otros datos llamativos de los involucrados. María Florinda Rubio, por ejemplo, tiene encima algunos problemas con la administración pública. A fines de la década del 90 trabajaba en el Hospital Perrupato como contadora. Varios años después, en 2004, recibió una dura sanción del Tribunal de Cuentas por no haber podido rendir cuentas de los gastos de ese hospital. Extraoficialmente se informó que a esa sanción era descontada del sueldo de la funcionaria.
Justamente el Tribunal de Cuentas, desde donde aseguran que ya habían detectado la irregularidad, podrían sancionar a los involucrados con la devolución de los montos que se pagaron sin justificar. En principio se habló de 850 mil pesos, pero podría ser muy superior.