El mapa eléctrico: más allá de la quita de los subsidios, la tarifa puede subir el 30%
Hay ecuaciones, argumentos, acuerdos y negociaciones. Pero lo que importa es que cualquier decisión va a impactar en las boletas de luz. Las empresas distribuidoras de electricidad de Mendoza ya han pedido que se actualice el "Valor Agregado de Distribución", más conocido en el sector como VAD, uno de los componentes de la tarifa. Aseguran que la inflación ha repercutido en los costos. En realidad piden seguir con la aplicación del mecanismo establecido en 2009 por el Gobierno. Ese año, se acordó el aumento de tarifa y se postergó hasta 2013 la siguiente negociación. Pero se elaboró un sistema de actualización del VAD que las empresas pueden pedir cuando los costos subieran más de la cuenta.
Según las empresas, el factor de recálculo del VAD ronda el 60 por ciento. Si esa cifra se aplicara linealmente a la actualización de ese indicador podría repercutir en un 30 por ciento de suba en las boletas. El principal argumento es la inflación, aunque también hay un aliciente que podría amortiguar una suba mayor: todas las empresas aumentaron sensiblemente su facturación por el incremento de la demanda. Ese incremento de la demanda eléctrica hace que el VAD no aumente más porque este fáctor se aplica como compensación del mayor costo que las empresas, en su mayoría cooperativas, deben afrontar los costos de distribución que son más caros por llegar a lugares menos accesibles y con menor proyección de rentabilidad.
Las especulaciones en el sector y cerca del gobierno apuntan a que esa "adecuación" se produzca una vez que se aclare el panorama respecto a la quita de subsidios. Y se haría en etapas y de manera diferenciada, para evitar un impacto fuerte en los usuarios.
Ecuaciones negativas
Mendoza tiene tres grandes actores en el mercado de distribución eléctrica. Edemsa, que tiene la mayor cantidad de usuarios, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Edestesa, la cooperativa que abastece a todo el Este (de manera directa o vendiéndole a otras cooperativas). En los tres casos el reclamo es similar, aunque tienen ecuaciones económicas distintas.
"Esto no es un pedido de aumento de tarifa, porque eso se discute en 2013 y es un proceso largo. Lo que se pide es una readecuación por inflación usando los mecanismos que el Gobierno dispuso", aseguró uno de los voceros de las distribuidoras. El mecanismo que buscan aplicar toma dos parámetros, establecidos por el decreto 1569. Uno, el aumento de costos desde el 2009, y otro con un indicador testigo, que toma como referencia los costos en un año. Cuando la ecuación de ese período de un mes da un aumento de más del 5 por ciento, las empresas pueden pedir la readecuación. Según aseguran, el resultado del indicador testigo registra un incremento del 20 por ciento anual. Técnicamente no es una suba de tarifas, pero el impacto sí se siente en lo que pagan los usuarios. El problema es que se suma a la quita de subsidios que también podría sentirse como una suba. "El Gobierno subsidia el consumo de electricidad. Pero hay otro subsidio implícito que lo están haciendo las distribuidoras", se quejan los empresarios.
El mecanismo y los estudios previos los realiza el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre). Pero la decisión política recae en el Ministerio de Infraestructura y en el propio Gobernador. Para algunos la demora puede jugarles en contra, particularmente al gobierno entrante. Francisco Pérez conoce el tema, pues fue el ministro que firmó el último aumento. Claro que entonces, y hasta que dejó el gobierno, esas decisiones no pasaban por su escritorio sino por el del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
A 20 días de asumir el Ejecutivo, Pérez tiene a la tarifa eléctrica como una de las prioridades de su agenda. Aunque primero sugirió que sería Celso Jaque quien le haría el favor de anunciar y aplicar el ajuste antes del 9 de diciembre. Pero Jaque fue quien lo puso en duda ya que apareció en el escenario de la política nacional la quita de los subsidios a los servicios públicos. Por lo cual se presume que al pedido de la "actualización" de las empresas locales ahora habrá que sumar el ajuste que aplicará la Nación. Con ese cuadro, Paco Pérez no la tiene fácil porque tendrá que resolver un doble problema con una sola medida.