Fuera de agenda: corrupción, un tema ausente con aviso

Tranquilos, nadie controla y a nadie le interesa controlar. La transparencia y la ética en la gestión pública han desaparecido de la agenda política por falta de interés. El tema no atrae. No genera expectativas. Hay bonanza económica y por lo tanto el foco está puesto en otro lado. Por eso los candidatos a gobernador de Mendoza no tienen en cuenta el tema y nadie se los exige. Sólo el socialista Oscar Santarelli lo mencionó en uno de los debates, pero está claro que no es un valor ponderado.

Es casi una paradoja. En cada recorrida de campaña los candidatos escuchan reclamos sobre la seguridad porque la gente teme que le roben algunos pesos en la calle. Pero nadie tiene en cuenta cómo se gasta y si se administra correctamente un presupuesto de 12 mil millones de pesos.  Las organizaciones de la sociedad civil mendocinas dedicadas a crear conciencia ciudadana también dejaron de lado el tema transparencia. Es el caso de Favim, que hasta las elecciones anteriores les pedía a los candidatos una declaración jurada, entre otras cosas; iniciativa que quedó descartada.

El dato curioso es que la corrupción es un delito que crece en Mendoza. En la encuesta de victimización presentada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia el único delito que creció en los últimos años fue justamente la corrupción. El 6% de los consultados dijeron haber sido víctima de ello. Teniendo en cuenta el universo usado para esa encuesta, son más de 45 mil casos en un año.  Pero menos del 10 por ciento lo denunció.

Poco control y la teoría del hecho consumado

Mendoza destina menos del 1 por ciento de su presupuesto a controlar el manejo de las cuentas públicas  y no tiene ningún organismo focalizado en prevenir y sancionar la corrupción. De hecho la Oficina Anticorrupción recomendó hace más de 5 años la creación de algún organismo para cubrir ese hueco. El Tribunal de Cuentas sólo controla pasos administrativos y aún cuando descubre manejos irregulares que generan fuertes sospechas, todo termina con sanciones simbólicas.

Fiscalía de Estado también se mantiene al margen de la lucha contra la corrupción y, como si fuera poco, Mendoza tampoco tiene un defensor del pueblo oficial. ¿A algún organismo de control no le llama la atención, por ejemplo, que la mayoría de las grandes obras públicas recaiga sobre las mismas empresas, o que haya firmas que nunca ganan una licitación, pero sin embargo terminan ejecutando obras? Está comprobado que, por ejemplo, en los lugares con algo grado de corrupción las obras son más caras, se demoran más y por eso se genera injusticia. Quizá allí está una de las respuestas de por qué cuesta tanto hacer un barrio, una ruta o una calle en Mendoza.

Aunque abunda la información "cruda" en cuanto al manejo de fondos públicos, la provincia dio algunos pasos para atrás. El gobernador dejó de rendir cuentas de manera pública sobre cómo gasta plata cada vez que viaja y sólo manda esos gastos como parte de la cuenta "gastos generales". También se dejó de hacer pública la declaración de bienes de los ministros. Para dar un ejemplo: hoy se puede saber qué bienes tenía Alejandro Cazabán cuando estaba a cargo de la "inspección de Gobierno", en la época de Lafalla. Pero ahora no ahora, que es ministro.

Antecedentes para al menos llamar la atención no faltan. Algunos de los casos de corrupción más escandalosos terminaron en la nada. Fue el caso de los Vale Más en la época radical y lo es ahora el fraude en la Unidad de Financiamiento Internacional, tema por el cual no se determinó ninguna responsabilidad política. En Mendoza funciona la teoría del “hecho consumado”. Es decir las conclusiones aparecen tarde, cuando el daño a las cuentas públicas ya se produjo y la reparación parece imposible.