Piden crear un organismo que ayude a los países a superar la inseguridad
El Parlamento latinoamericano (Parlatino) decidió en Buenos Aires recomendar a los países miembros de UNASUR la creación de un Consejo de Seguridad Pública “a efectos de armonizar políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana”.
Así lo aprobaron en sesión plenaria realizada en el Senado argentino y a instancias del diputado brasileño Raúl Jungmann, que recibió el apoyo de los venezolanos y, luego, de cincuenta representantes de 19 países.
Así como en tiempos de dictadura muchos países del subcontinente se vieron marcados por la Doctrina de la Seguridad Nacional y el Plan Cóndor, son las democracias ahora y, centralmente, los parlamentarios, los que buscan la unidad de los países y gobiernos para enfrentar la inseguridad.
La necesidad de avanzar en la concreción de esta propuesta será comunicada en los próximos días en cada uno de los países a sus gobiernos, por intermedio de sus parlamentos.
En tanto, los legisladores latinoamericanos no estuvieron solos a la hora de discutir este asunto que ocupa los primeros lugares en las demandas sociales en cada nación. Legisladores europeos y africanos, miembros del Foro Parlamentario sobre Armas también participaron del encuentro que se denominó “Construcción de Políticas Públicas de Seguridad” y que se desarrolló en el recinto del Senado de la Nación.
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Al abundar conceptualmente en la problemática, la declaración señala que “la pobreza, exclusión social y la inequidad son fuente de violencia” mientras que “la injusticia y la impunidad crean frustración”.
E incluyó una dura advertencia, a la luz de acontecimientos que, por ejemplo, están alterando la vida institucional en países como Guatemala, al expresar que “si las instituciones democráticas fallan en el cumplimiento de sus responsabilidades civiles, se agrava el riesgo de que la frustración social conduzca a acciones no democráticas y al ejercicio unilateral e ilegítimo de la violencia”.
“Democratización de los organismos policiales”
En otro de los puntos suscriptos por el Parlamento Latinoamericano, se indicó “la necesidad de continuar trabajando por una democratización efectiva de los organismos policiales y de seguridad, que asegure su adecuado control sobre pautas claras y transparentes de actuación orientadas a la efectiva resolución de los problemas de seguridad”.
Y, más allá de la multiplicidad de pertenencias políticas de los parlamentarios miembros del grupo, sentaron como base que “los derechos humanos son la norma absoluta y ningún representante de las instituciones de seguridad tiene la prerrogativa de, por cuenta propia o por orden, actuar fuera de esta norma con impunidad”.