Ley de medios: la batalla prometida, continúa
Una vez sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Gobierno celebró su victoria instantánea y la oposición (entre la que debe contarse a los grandes grupos de comunicación) juró venganza en los estrados judiciales.
Alguien más ayudó a que aquella promesa fuera cumplida. Un juez señaló que dos artículos de la nueva ley, el 161 y el 41 de la norma “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita” establecidos en la Constitución Nacional.
En términos comunes, lo que Eduardo Carbone habilitó –tal el nombre del magistrado que ahora nos cansaremos de escuchar- es a que se empiece a considerar la “inconstitucionalidad” de la norma.
Como en la película 300, espartanos y persas, Gobierno y oposición, volverán a lanzarse monstruos y a ensayar con nuevas y sofisticadas armas. Como víctimas del fuego amigo, estaremos los que miramos qué dicen unos y otros, como espectadores impávidos.
Es que se trata nada menos que un tema que afecta a medios de comunicación. Y la gente (nosotros somos la gente, todos) nos informamos a través de ellos y a veces, le damos crédito a una noticia en mérito al carisma de quien las dice, y no valorando todos los entrelíneas que hay que tener en cuenta.
Un claro ejemplo de esto, es meter en la pelea medios – Gobierno al fallo que determinó dar por terminada la fusión de las dos grandes empresas de cable, Multicanal y Cablevisión. Antojadizamente, repetimos como loros algo así como que “no es más que la pelea del Gobierno con Clarín”, sin poner en la balanza la posibilidad de que se esté actuando correctamente en la prevención de la constitución de monopolios. O bien, en la corrección de autorizaciones anteriores que –podría valorarse también- probablemente no fueron correctas.
El juez en su laberinto
El juez Carbone se expidió en contra. En los medios que se ven afectados por la ley nacional aprobada por el Congreso, escucharemos repetidamente a legisladores y constitucionalistas referirse a que se trata “del inicio de una larga serie de fallos”, menoscabando la legitimidad de la ley.
En otros –por caso, los que responden al Grupo Electroingeniería, vinculados al Gobierno- ni siquiera se publicó la noticia que llevó a la fama a Carbone.
Ayer, el ministro de Justicia de la Nación salió a quitarle trascendencia al peso real del magistrado en la decisión, ya que –dijo Julio Alak, el ministro en cuestión- su determinación "será revocada por una instancia judicial superior".
Pero hay más: mientras desde un lado (los medios) se refuerza la teoría de Carbone llenándola de opiniones de fondo de juristas con ideas afines, desde el Gobierno echaron sombras sobre Carbone: el ministro consideró “extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo”.
Lo raro, lo “llamativo”, para el Gobierno, es que “el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y el 31 abandona definitivamente su cargo".
Nada es casual. Pero la ingenuidad de los espectadores, tanto como el optimismo y el pesimismo en dosis exacerbadas, alimentan una crispación que favorece intereses de otros, aunque ocupan nuestra agenda diaria como si de esa pelea dependiera la vida misma.