Un vacío legal mantiene a salvo a los "funcionarios turistas" de Seguridad

Un vacío legal casi imperdonable para Mendoza deja al resguardo conductas como la del asesor del Ministerio de Seguridad Alejandro Pravatta, quien ha realizado al menos un viaje al exterior para promover las bondades del sistema de comunicaciones  TETRA (el que utiliza la Policía de Mendoza), con todos los gastos pagos por parte de empresas privadas vinculadas a este sistema.

La Provincia no cuenta con una ley de ética en el ejercicio de la función pública, como la que regula y controla la conducta de los funcionarios nacionales (número 25188, sancionada en 1999). En dicha norma consta explícitamente que los funcionarios no podrán recibir "obsequios, regalos o bienes con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones", situación que encaja perfectamente con el viaje a Alemania que realizó el ex concuñado del secretario Alejandro Cazabán en mayo para exponer las bondades del TETRA. No obstante, Mendoza no ha adherido a esa norma nacional y, por lo tanto, su efecto no recae en funcionarios como Pravatta.

Pero hay más: el propio Estatuto del Empleado Público mendocino también contiene un extenso capítulo de prohibiciones para los estatales locales en este sentido. Se trata del artículo 14, que impide, por ejemplo, "recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones", "mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas" y "patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con la gestión".

Por cualquiera de estos incisos, Pravatta podría ser cuestionado. Si no fuera que el Estatuto sólo rige para los empleados de categoría 13 para abajo. O sea, los subdirectores.

Y Pravatta es mucho más que eso: se trata de un asesor con relación directa con al menos un ministro, que recibe un salario equivalente al 60 por ciento de lo que cobra el gobernador.

La "dádiva"

De la lectura de la ley nacional 25188 se desprende con claridad la posible falta de ética de Pravatta. El artículo 13 prohibe prestar servicios para empresas privadas. En el caso de la excursión a Alemania, los que pagaron los gastos del allegado de Cazabán y otros dos funcionarios de Seguridad (el director de Informática, Angel Pittón; y el funcionario José Balacco) fueron firmas que proveen a TELMEX, la multinacional que tiene la concesión del TETRA.

Para el presidente de la comisión Bicameral de Seguridad de la provincia, Mariano Ficarra, Pravatta habría "prestado servicios" a empresas proveedoras del Estado y por ello elaboró un pedido de informes que por ahora no ha aportado novedades. Pero en el terreno mediático, Pravatta descartó la acusación en su contra con un planteo fino: los gastos de la excursión a Alemania no fueron erogados por el proveedor directo de la provincia, que es Telmex, sino por Rohde & Achwarz, Sepura y Fedetec, fabricantes de equipamientos para la empresa mexicana.

Sin embargo, otro artículo de la 25188 es mucho más condenatorio del viaje a Alemania que el anterior. Se trata del artículo 18, que reza: "Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión de sus funciones".

La claridad de este artículo hace pensar en la Justicia mendocina que, de no mediar la falta de adhesión de Mendoza a la ley nacional, los funcionarios de Seguridad incurrieron en una "dádiva", que es castigada (a través de una modificación que impulsó la propia ley 25188) por el Código Penal.

Vacío total

Los abogados dicen que no es imposible, pero sí bastante difìcil, imputar en Mendoza a los funcionarios que se dejan "obsequiar" por empresas privadas, debido a que la legislación provincial está plagada de vacíos y vericuetos en este tema.

Al respecto, en la Legislatura provincial se acumulan por lo menos cinco iniciativas vinculadas a la tranparencia en el ejercicio de la función pública, algunas de la oposición pero otras del propio oficialismo. Por supuesto, todas han quedado cajoneadas, esperando que alguien acepte ponerlas en la agenda.

Ficarra, el acusador en el caso de Pravatta y compañía, es precisamente autor de un proyecto de transparencia.

Por su parte, Luis Petri, legislador del ConFE y autor de un proyecto de Acceso a la Información Pública con media sanción, sostiene que esa medida, junto a la ley de Ética y la reforma electoral, son las grandes leyes que Mendoza se debe en materia de transparencia política.

Quizás haya un tiempo reservado para que este anhelo se cumpla.