Diputados discute hoy la ley de Acceso a la Información Pública
El proyecto tiene preferencia para la sesión de la Cámara Baja y cuenta con voces a favor, pero también con algunos críticos: el PD quiere introducir modificaciones a la iniciativa. Organizaciones como FOPEA y el grupo Ágora presenciarán el debate. Desde 2004 se busca en Mendoza una norma que garantice el acceso a la información, pero la aprobación total no se consigue.
La Cámara de Diputados promete abrir hoy un debate largamente silenciado en los últimos tiempos: la ley de Acceso a la Información Pública.
El proyecto del legislador del CONFE Luis Petri, acumulado a una iniciativa de la diputada independiente Mirta Díaz, cuenta con la habilitación para llegar al recinto de sesiones. “Tiene preferencia con o sin despacho y el apoyo de muchos legisladores que dicen que la van a votar”, sostuvo Petri. Sin embargo, también hay diputados “con dudas”, lo que quizás no garantice su sanción.
La apertura del debate sobre una iniciativa que obligaría a los gobiernos provinciales a informar todo lo referido a sus administraciones es, de por sí, una noticia relevante.
La última vez que se habló en serio fue en 2004, cuando el Senado provincial sancionó un proyecto que tuvo cuestionamientos, ya que se planteó un límite: el solicitante debía invocar una razón para el pedido de la información pública.
Ahora el PD insiste en este mismo planteo, respecto del nuevo proyecto. Pero el autor pretende resistirlo. “Eso limitaría los efectos de la ley”, se plantó Petri.
En tanto, los militantes sociales del proyecto prometen meter presión en el recinto de sesiones para que se apruebe la norma. Referentes del grupo Ágora, FOPEA y FAVIM se reunieron ayer con Petri para apoyar la propuesta.
Y en el caso de Ágora, emitieron un comunicado avalando la iniciativa: “es necesario que la provincia de Mendoza cuente con una legislación que establezca el procedimiento para garantizar este derecho”, planteó la organización, que estará presente en la sesión de hoy en la Cámara Baja.
El proyecto en cuestión establece el derecho de consultar, solicitar y recibir información de todos los organismos públicos provinciales centralizados y descentralizados. La información debe ser completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita.
Además, se prevén algunos límites al acceso a la información pública que tienen que ver con cuestiones referidas a la seguridad nacional, secreto bancario, secreto profesional, etcétera.
Por otro lado, la norma determina que no podrán exigirle a los interesados en obtener la información el motivo por el que realizan la solicitud de la misma. Este es el punto que genera disputas.
Un caso que toca de cerca de MDZ
El debate por el acceso a la información pública toca de cerca a este medio. Desde hace cuatro meses, MDZ viene reclamando sin suerte en distintos ámbitos por estar fuera del reparto de la publicidad oficial. Actitud que puede entenderse como una represalia por la línea editorial de este diario.
En todo este tiempo, ni el gobernador Celso Jaque, ni el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán; ni el coordinador de Comunicación Social, Pablo Catania, dieron respuesta a la petición.
La copia con los argumentos de MDZ fue presentada el 24 de junio de este año en la Gobernación, según consta en el sistema informático Mesas. De allí tuvo un pase interno a la Secretaría Privada, regresó a Gobernación casi tres meses más tarde, y de allí fue derivado al área de Comunicación, donde finalmente fue confinada a un cajón.
La Fiscalía de Estado, hoy sin titular por expresa decisión del Poder Ejecutivo, tuvo su parte también en la novela de negar el acceso a la información pública. En diciembre de 2007 ingresó una denuncia contra el gobierno y contra los legisladores responsables de cada Cámara por negarse a contestar pedidos formales de acceso a la información. Pero a esa denuncia se le vencieron todos los pasos procesales y sigue en blanco.
En tanto, en agosto, el caso MDZ y las necesidades de contar con la ley de Acceso a la Información fueron manifestadas en un foro local.
Y finalmente, hace una semana, el ministro de Gobierno de la provincia, Mario Adaro, convocó a una reunión para discutir este tema.
En la Legislatura suponen que, más allá de otros antecedentes menos optimistas que el último, la reunión de Adaro fue una “señal política” de que la ley de Información Pública sería esta vez viable para el gobierno de Jaque.
En tanto, los militantes sociales del proyecto prometen meter presión en el recinto de sesiones para que se apruebe la norma. Referentes del grupo Ágora, FOPEA y FAVIM se reunieron ayer con Petri para apoyar la propuesta.
Y en el caso de Ágora, emitieron un comunicado avalando la iniciativa: “es necesario que la provincia de Mendoza cuente con una legislación que establezca el procedimiento para garantizar este derecho”, planteó la organización, que estará presente en la sesión de hoy en la Cámara Baja.
El proyecto en cuestión establece el derecho de consultar, solicitar y recibir información de todos los organismos públicos provinciales centralizados y descentralizados. La información debe ser completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita.
Además, se prevén algunos límites al acceso a la información pública que tienen que ver con cuestiones referidas a la seguridad nacional, secreto bancario, secreto profesional, etcétera.
Por otro lado, la norma determina que no podrán exigirle a los interesados en obtener la información el motivo por el que realizan la solicitud de la misma. Este es el punto que genera disputas.
Un caso que toca de cerca de MDZ
El debate por el acceso a la información pública toca de cerca a este medio. Desde hace cuatro meses, MDZ viene reclamando sin suerte en distintos ámbitos por estar fuera del reparto de la publicidad oficial. Actitud que puede entenderse como una represalia por la línea editorial de este diario.
En todo este tiempo, ni el gobernador Celso Jaque, ni el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán; ni el coordinador de Comunicación Social, Pablo Catania, dieron respuesta a la petición.
La copia con los argumentos de MDZ fue presentada el 24 de junio de este año en la Gobernación, según consta en el sistema informático Mesas. De allí tuvo un pase interno a la Secretaría Privada, regresó a Gobernación casi tres meses más tarde, y de allí fue derivado al área de Comunicación, donde finalmente fue confinada a un cajón.
La Fiscalía de Estado, hoy sin titular por expresa decisión del Poder Ejecutivo, tuvo su parte también en la novela de negar el acceso a la información pública. En diciembre de 2007 ingresó una denuncia contra el gobierno y contra los legisladores responsables de cada Cámara por negarse a contestar pedidos formales de acceso a la información. Pero a esa denuncia se le vencieron todos los pasos procesales y sigue en blanco.
En tanto, en agosto, el caso MDZ y las necesidades de contar con la ley de Acceso a la Información fueron manifestadas en un foro local.
Y finalmente, hace una semana, el ministro de Gobierno de la provincia, Mario Adaro, convocó a una reunión para discutir este tema.
En la Legislatura suponen que, más allá de otros antecedentes menos optimistas que el último, la reunión de Adaro fue una “señal política” de que la ley de Información Pública sería esta vez viable para el gobierno de Jaque.