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El "Pacto Social" se demoró casi un año

Entre las deudas del gobernador Celso Jaque en esta primera etapa de su gobierno hay que contar su inexplicable demora para implementar una medida en la política de seguridad que había adelantado en la época de campaña, aunque sin darle el nombre que ahora le ha puesto.

El mentado “Pacto Social” por la seguridad, que será lanzado el viernes, ya estaba en la cabeza del gobernador a mediados de setiembre de 2007, cuando todavía no imaginaba la victoria que tendría en las urnas al mes siguiente. Lo curioso es que Jaque apuntaba a lograr “un acuerdo básico con referentes políticos, sociales y empresariales” en seguridad y otros temas de gestión (salud y educación), antes de ocupar el sillón de San Martín. O sea, planeaba hacerlo en el periodo de transición, que fue del 29 de octubre al 10 de diciembre del año pasado. Pero después de ganar, no tuvo como prioridad aplicar lo que había prometido.

Lo cierto es que la mora de Jaque en la convocatoria a los actores sociales para acordar la forma de dar la lucha contra el delito es a esta altura de 10 meses. En una entrevista que dio a MDZ cuando era candidato, el entonces candidato a gobernador del justicialismo decía: “Antes de asumir hay un periodo que va del 29 de octubre al 10 de diciembre, que es la transición. En ese periodo llamaría a los referentes políticos, sociales y empresariales para lograr un acuerdo básico, con uno o dos temas, en seguridad, educación, salud, fortalecimiento institucional y desarrollo económico”.

Las implicancias de aquella convocatoria anunciada pero no implementada son idénticas a las que presentó esta semana el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, en el anuncio del Pacto Social. Aunque ahora sólo se habla de centrarla en el problema de la inseguridad.

Pero las deudas de Jaque no terminan allí. También decía el gobernador en la entrevista de setiembre del año pasado que en sus primeros cien días de gobierno, el acuerdo amplio tendría como continuidad la constitución de “un gabinete de crisis para armar una batería de acciones en materia de inclusión social, deportiva, educativa; políticas de salud preventiva y capacitación. Mucha política de inclusión, porque el problema de la seguridad no se resuelve si uno no ataca la causa, que es social. Esto va a ser un cúmulo de acciones que se harán todas de una sola vez”, decía el gobernador. Pero ese gabinete de crisis nunca se constituyó.

No es la intención de este artículo torturar al gobernador con un paseo por el archivo de declaraciones. Pero también hay que decir que el Jaque candidato ya veía una provincia en crisis por la seguridad hace casi un año. “El mendocino dice todos los días, sea por sensación o por realismo, que no quiere que sigan matando o robando”, expresaba el candidato. Un diagnóstico claro e inapelable que no se transformó después en acciones para cambiarlo.

O sí: contra las promesas del acuerdo social y el gabinete de crisis, Jaque giró su estrategia a la vía legislativa. Envió a la Casa de las Leyes una ley ómnibus denominada “Ley de Emergencia en Seguridad”, que fue discutidísima y que demoró mucho tiempo en ser sancionada.

La ley de Emergencia no fue la solución para los problemas delictuales y hoy genera polémicas de bajo calibre entre el oficialismo y la oposición, por las rendiciones de cuentas que debería generar y otras cuestiones. En cambio, el debate insumió la concentración de la clase política en pleno durante largas semanas.

Hoy, otra vez la Provincia está a las puertas de un debate amplio, que será extenso y diverso. Sobra decir que la vuelta de Jaque sobre su plan original para ganarle la pelea a la inseguridad -retorno que se da en un contexto cada vez más difícil por las muertes que se acumulan a diario- debería tener un resultado distinto al que eligió en su remplazo.