Estatales reclamarán a Jaque por el pago de la antigüedad
El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) convocó a una asamblea en el cuarto piso de Casa de Gobierno para "exigirle" al gobernador Celso Jaque acciones concretas por el pago de la antigüedad. Se trata de un reclamo judicial que llevan adelante unos 15 mil estatales desde hace cinco años.
Un viejo reclamo de miles de trabajadores estatales golpeará mañana las puertas del despacho del gobernador Celso Jaque. El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) convocó a una asamblea en el cuarto piso de Casa de Gobierno para "exigirle" al mandatario acciones concretas por el pago de la antigüedad.
Lo que los estatales reclaman es la devolución del ítem por antigüedad, que el gobierno de Arturo Lafalla congeló en 1996 y así permaneció hasta el 2003. Luego, durante la gestión de Roberto Iglesias, se propuso devolver el ítem en cuotas.
Pero aproximadamente 15 mil los estatales no aceptaron el convenio del pago de la antigüedad propuesto por el ex gobernador radical, que establecía el pago de 48 cuotas iguales correspondientes al pago del ‘97 y el ‘98 y la resignación del reclamo del adicional del ‘99 hasta el 2003.
"Se trata de un reclamo judicial que llevan adelante más de 15 mil estatales desde hace más de cinco años y que hasta el momento no han tenido respuesta ni de la justicia provincial ni del Ejecutivo", dice un comunicado de Sitea. La asamblea comenzará a las 18, y se espera la presencia de docentes, trabajadores de la salud, celadores, parques y zoológico, hospitales y la administración central.
El mismo reclamo que llegará a los oídos de Jaque ya lo experimentó Julio Cobos al final de su gestión. La historia es larga: Sitea y el SUTE judicializaron el conflicto, y fueron a pedirle al ahora vicepresidente que suspendiera la posibilidad de adherir al convenio impulsado por Iglesias.
Según los gremios, con la puerta abierta para sumarse al convenio, se dilataba la decisión judicial. Entonces la prórroga fue suspendida por el Gobernador, pero el fallo de la Suprema Corte fue desfavorable a los estatales.
Rechazo judicial
La Suprema Corte de Justicia se expidió en contra del reclamo de los estatales. Un fallo firmado por los jueces Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer de Carlucci, rechazó el reclamo de cerca de 2.000 estatales que solicitaron la restitución del pago de la antigüedad desde 1997 hasta 2003.
En esa sentencia los ministros de la Corte dejaron en claro que los sueldos de los empleados públicos no son "intocables" ya que constitucionalmente no se puede recortar el básico de los salarios estatales, pero sí podrían descontar adicionales (como antigüedad o título) en caso de emergencia económica. El fallo motivó una protesta en Tribunales y el pedido de juicio político contra Pérez Hualde, que fue rechazado.
Tanto desde Casa de Gobierno como desde Tribunales tuvieron una opinión similar. "Algunos dirigentes gremiales deberían aceptar que se equivocaron y asesoraron mal a los empleados", dijo Cobos en setiembre del año pasado, pocos meses antes de dejar el gobierno.
Para la mima época, fuentes judiciales afirmaban que "los gremialistas les dijeron a sus afiliados que no firmaran el convenio porque iban a ganar el juicio, y ahora no saben como explicarles a la gente que el fallo salió en contra".
Según los gremios, con la puerta abierta para sumarse al convenio, se dilataba la decisión judicial. Entonces la prórroga fue suspendida por el Gobernador, pero el fallo de la Suprema Corte fue desfavorable a los estatales.
Rechazo judicial
La Suprema Corte de Justicia se expidió en contra del reclamo de los estatales. Un fallo firmado por los jueces Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer de Carlucci, rechazó el reclamo de cerca de 2.000 estatales que solicitaron la restitución del pago de la antigüedad desde 1997 hasta 2003.
En esa sentencia los ministros de la Corte dejaron en claro que los sueldos de los empleados públicos no son "intocables" ya que constitucionalmente no se puede recortar el básico de los salarios estatales, pero sí podrían descontar adicionales (como antigüedad o título) en caso de emergencia económica. El fallo motivó una protesta en Tribunales y el pedido de juicio político contra Pérez Hualde, que fue rechazado.
Tanto desde Casa de Gobierno como desde Tribunales tuvieron una opinión similar. "Algunos dirigentes gremiales deberían aceptar que se equivocaron y asesoraron mal a los empleados", dijo Cobos en setiembre del año pasado, pocos meses antes de dejar el gobierno.
Para la mima época, fuentes judiciales afirmaban que "los gremialistas les dijeron a sus afiliados que no firmaran el convenio porque iban a ganar el juicio, y ahora no saben como explicarles a la gente que el fallo salió en contra".
