El ala conservadora del Gobierno salió a apoyar al subsecretario de Seguridad
Mientras los organismos de derechos humanos presionan a Celso Jaque para que destituya al subsecretario de Seguridad, funcionarios oficialistas salieron a desacreditar las denuncias contra Rico. Los legisladores Daniel Cassia y Aldo Giordano, y el ministro Juan Carlos Aguinaga, encabezan la cruzada.
En la semana más complicada para la gestión de Celso Jaque, por las fuertes presiones que recibió el Ejecutivo provincial para que destituya al cuestionado subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, el ala más conservadora del Gobierno comenzó un contraataque para sostener al comisario retirado en su cargo.
Rico, que instruyó e integró grupos antisubversivos en el último gobierno militar, fue denunciado en la Justicia por asociación ilícita, y una testigo declaró haberlo visto en el centro clandestino de detención conocido como “D 2” en 1976.
Influyentes instituciones a nivel nacional, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y los organismos defensores de los derechos humanos en Mendoza, piden la remoción del subsecretario. Incluso sus reclamos ya llegaron a la Casa Rosada.
Pero desde el gobierno provincial reiteran que hay que esperar que se expida la Justicia. Aunque en los últimos días aparecieron voces oficialistas que intentaron desacreditar las denuncias contra Rico, apuntando contra los organismos de DDHH, la testigo que declaró contra el funcionario y los funcionarios del Gobierno más vinculados a los derechos humanos.
Esta contraofensiva del ala conservadora del gobierno de Jaque parece coordinada y tiene varios protagonistas. El primero que salió a criticar al CELS fue el diputado provincial y vocal de la Comisión Bicameral de Seguridad, Daniel Cassia (PJ), quien acusó a los organismos defensores de los DDHH de intentar “boicotear la política de Seguridad del gobierno”.
Luego la discusión pública fue subiendo de tono. Ayer el senador demócrata Aldo Giordano aseguró, en una reunión que mantenía la Comisión Bicameral de Seguridad con representantes de las organizaciones de derechos humanos, que la mujer que declaró contra Rico tiene causas por estafas en San Rafael. Y sentenció que “puede estar cometiendo otra estafa con lo que está diciendo en la causa” contra Rico.
De esta manera se buscó desacreditar el testimonio de la testigo, aunque también se acrecentaron las sospechas de que el Ministerio de Seguridad está investigando a mujer.
Hoy el conflicto se acrecentó y llegó al seno del Ejecutivo, con la denuncia que hizo el ministro de Seguridad, el demócrata Juan Carlos Aguinaga, a los funcionarios del Ministerio de Gobierno vinculados a organizaciones de Derechos Humanos.
"Me parece que hay miembros del Gobierno que no están en sintonía. Yo tengo la sensación que no están actuando como funcionarios, están excediendo quizás ese límite", disparó el ministro, apuntando al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y – principalmente- al coordinador del área, Pablo Salinas.
Estos funcionarios no le respondieron públicamente a Aguinaga, porque Jaque ordenó bajar el tono de la discusión. Además descartaron su renuncia, versión que - aseguran –proviene justamente desde el Ministerio de Seguridad.
Ahora, este cortocircutito hace temblar el delicado equilibrio entre conservadores y progresistas que intentó forjar Jaque para su Gobierno.
Luego la discusión pública fue subiendo de tono. Ayer el senador demócrata Aldo Giordano aseguró, en una reunión que mantenía la Comisión Bicameral de Seguridad con representantes de las organizaciones de derechos humanos, que la mujer que declaró contra Rico tiene causas por estafas en San Rafael. Y sentenció que “puede estar cometiendo otra estafa con lo que está diciendo en la causa” contra Rico.
De esta manera se buscó desacreditar el testimonio de la testigo, aunque también se acrecentaron las sospechas de que el Ministerio de Seguridad está investigando a mujer.
Hoy el conflicto se acrecentó y llegó al seno del Ejecutivo, con la denuncia que hizo el ministro de Seguridad, el demócrata Juan Carlos Aguinaga, a los funcionarios del Ministerio de Gobierno vinculados a organizaciones de Derechos Humanos.
"Me parece que hay miembros del Gobierno que no están en sintonía. Yo tengo la sensación que no están actuando como funcionarios, están excediendo quizás ese límite", disparó el ministro, apuntando al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y – principalmente- al coordinador del área, Pablo Salinas.
Estos funcionarios no le respondieron públicamente a Aguinaga, porque Jaque ordenó bajar el tono de la discusión. Además descartaron su renuncia, versión que - aseguran –proviene justamente desde el Ministerio de Seguridad.
Ahora, este cortocircutito hace temblar el delicado equilibrio entre conservadores y progresistas que intentó forjar Jaque para su Gobierno.