El Senado sancionó la conflictiva ley de Uso del Suelo
La regulación, que en otras oportunidades fracasó por favorecer intereses sectoriales, esta vez fue aprobada por unanimidad y contó incluso con el consenso de la UNCuyo y los municipios. Establece que los planes de ordenamiento para el perilago, el pedemonte y otras zonas deberán ser acordados por el Ejecutivo y los municipios. También habrá un fondo especial para su aplicación. Diputados deberá darle sanción definitiva.
Por unanimidad y amplio consenso con la comunidad científica y política, para superar las viejas polémicas que señalaban los intereses sectoriales que pugnaban por una ley a su favor. De esta manera, la Cámara de Senadores dio media sanción a la Ley de Uso del Suelo, que establece cómo se ordenará el territorio de Mendoza a partir de ahora.
Hasta el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, presenció el “debate” en el recinto, considerando que la base de la norma sancionada había sido propuesta por los académicos de la casa de altos estudios universitarios y definido por los legisladores como “un proyecto académicamente impecable”.
Tras una extensa ronda de consultas, que incluyó a los municipios –puesto que son los ejecutores del ordenamiento territorial-, se buscó fijar una ley que, ante todo, “fuese operativa”, según señaló a MDZol la senadora demócrata Nelly Gray de Cerdán.
Desde 1992, varios habían sido los intentos por contar una iniciativa que pudiera reglamentar el uso del suelo y la expansión que los núcleos urbanos estaban teniendo por la explosión demográfica. Precisamente, el último intento data de 2005, una ley acusada de favorecer intereses particulares y que fue olvidada en el Salón de los Pasos Perdidos a pesar de su media sanción.
“Fue un proyecto mal concebido, que promovía intereses corporativos”, sentenció el radical Walter Sáenz, de San Rafael. Precisamente, el escándalo que provocó aquella norma suscitó el interés de la comunidad científica para lograr una ley con mayor consenso.
En lo concreto, esta ley “genera la posibilidad de crear escenarios territoriales sustentables, seguros, previsibles y gobernables”, definió Gray de Cerdán, para destacar que “es diferente a lo que existe hoy, donde cada uno se instala donde quiere y cómo puede, generando una diversidad de conflictos”.
Para Sáenz, implicó a su vez la necesidad de terminar con la improvisación, en tanto que la senadora demócrata también agregó la importancia de planificar para el desarrollo económico.
“Para tener un territorio competitivo a nivel nacional, esto es, en relación a los recursos naturales y humanos y que permitan diversificar las zonas y atraer inversiones”, explicó Gray de Cerdán sobre los alcances materiales de la ley de uso del suelo.
Consenso para planificar
La ley fija, entre otros aspectos, tres puntos destacables: el primero de ellos, corresponde a la necesidad del consenso entre la Provincia y los municipios para encarar los planes de ordenamiento territorial que deberán comenzar a elaborarse a partir de la sanción definitiva de esta ley.
En este sentido, algunas zonas consideradas estratégicas por la provincia –por el desarrollo inmobiliario que pueden propiciar-, como el perilago del Potrerillos, deberán ser abordadas en conjunto por los intendentes y el Gobierno provincial. De este consenso, el artículo 7 dictamina la elaboración de planes específicos para el desarrollo del pedemonte, perilagos y zonas industriales, entre otras.
En segundo lugar, será la Secretaría de Ambiente la encargada de velar por la ejecución de la norma. Así, las políticas sobre suelo dependerán directamente del gobernador Celso Jaque, y Guillermo Carmona –titular de la secretaría- contará para ello con un refuerzo presupuestario acorde, según lo establece la iniciativa.
Asimismo, se destinará un 1 por ciento del impuesto inmobiliario y del impuesto a las ganancias para crear un fondo especial, destinado específicamente a los municipios que aplicarán la ley. Esta distribución estará dada por los índices de coparticipación.
Con la media sanción, la norma pasa ahora a la Cámara de Diputados.
En lo concreto, esta ley “genera la posibilidad de crear escenarios territoriales sustentables, seguros, previsibles y gobernables”, definió Gray de Cerdán, para destacar que “es diferente a lo que existe hoy, donde cada uno se instala donde quiere y cómo puede, generando una diversidad de conflictos”.
Para Sáenz, implicó a su vez la necesidad de terminar con la improvisación, en tanto que la senadora demócrata también agregó la importancia de planificar para el desarrollo económico.
“Para tener un territorio competitivo a nivel nacional, esto es, en relación a los recursos naturales y humanos y que permitan diversificar las zonas y atraer inversiones”, explicó Gray de Cerdán sobre los alcances materiales de la ley de uso del suelo.
Consenso para planificar
La ley fija, entre otros aspectos, tres puntos destacables: el primero de ellos, corresponde a la necesidad del consenso entre la Provincia y los municipios para encarar los planes de ordenamiento territorial que deberán comenzar a elaborarse a partir de la sanción definitiva de esta ley.
En este sentido, algunas zonas consideradas estratégicas por la provincia –por el desarrollo inmobiliario que pueden propiciar-, como el perilago del Potrerillos, deberán ser abordadas en conjunto por los intendentes y el Gobierno provincial. De este consenso, el artículo 7 dictamina la elaboración de planes específicos para el desarrollo del pedemonte, perilagos y zonas industriales, entre otras.
En segundo lugar, será la Secretaría de Ambiente la encargada de velar por la ejecución de la norma. Así, las políticas sobre suelo dependerán directamente del gobernador Celso Jaque, y Guillermo Carmona –titular de la secretaría- contará para ello con un refuerzo presupuestario acorde, según lo establece la iniciativa.
Asimismo, se destinará un 1 por ciento del impuesto inmobiliario y del impuesto a las ganancias para crear un fondo especial, destinado específicamente a los municipios que aplicarán la ley. Esta distribución estará dada por los índices de coparticipación.
Con la media sanción, la norma pasa ahora a la Cámara de Diputados.
