Procesaron al dueño de una clínica de fertilidad por trata reproductiva
La Justicia investiga al dueño de una clínica de fertilidad por la captación de mujeres para gestaciones por sustitución con fines comerciales en Córdoba.
La Justicia Federal procesó al titular de una clínica de fertilidad de Córdoba por presunta trata de personas con fines de explotación reproductiva
La Justicia Federal de Córdoba procesó al director de una clínica de fertilidad acusado de trata de personas con fines de explotación reproductiva, en una causa que investiga presuntas maniobras de captación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica para someterlas a gestaciones por sustitución a cambio de dinero.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°2 de Córdoba contra José Pérez Alzaa, titular de la clínica Fecundart, junto a una empleada administrativa y un abogado señalados como presuntos integrantes de la operatoria.
Según la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, las mujeres eran contactadas a partir de bases de datos de donantes de óvulos de la propia clínica. Tras recibir una compensación económica inicial por la donación de gametos, se les ofrecían contratos de gestación por sustitución por sumas cercanas a los 10 mil dólares.
La fiscalía sostiene que los acusados se aprovechaban de las necesidades económicas urgentes de las víctimas y promovían los tratamientos aun conociendo su situación de extrema vulnerabilidad. En algunos casos, incluso se habrían realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa.
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La causa también señala graves irregularidades en el seguimiento médico de las gestantes. De acuerdo al expediente, una de las mujeres habría quedado sin controles tras el parto pese a presentar complicaciones de salud.
En el caso del abogado procesado, la Justicia sostiene que tenía un rol clave en la organización de las gestaciones subrogadas, administrando un supuesto “stock” de mujeres gestantes y coordinando el vínculo con parejas interesadas en acceder al procedimiento.
Denuncia contra la clínica de fertilidad
Durante el peritaje de su teléfono celular, los investigadores encontraron mensajes donde les indicaba a las mujeres qué debían declarar ante la Justicia de Familia y cómo actuar durante las audiencias. En uno de los intercambios, incluso recomendaba modificar la apariencia personal para generar una mejor impresión frente a potenciales comitentes.
Uno de los hechos más graves detectados por la investigación involucra a una mujer de 33 años que habría sido nuevamente ofrecida como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz bajo el mismo sistema, situación que, según el Ministerio Público Fiscal, la expuso a severos riesgos médicos.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó además un embargo superior a los 1.051 millones de pesos sobre los bienes de los imputados para garantizar eventuales reparaciones económicas a las víctimas.
"Aprovechamiento comercial"
En la resolución, el magistrado aclaró que la gestación por sustitución no constituye delito cuando existe consentimiento libre y finalidad solidaria, pero remarcó que el aprovechamiento comercial de personas vulnerables sí puede encuadrarse como trata de personas.
Por otra parte, el juez sobreseyó al director de otra clínica investigada en la causa, al considerar que en ese establecimiento se exigía autorización judicial previa y existían controles interdisciplinarios. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Córdoba.